Colombia: segundo muerto en dos días de manifestaciones contra el gobierno de Duque 

Un joven de entre 20 y 23 años falleció en Bogotá durante una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Iván Duque, informaron este miércoles las autoridades colombianas. Con este caso ya suman dos los muertos en dos días de manifestaciones en la capital de Colombia, uno de los principales focos de la ira popular que tomó las calles el 28 de abril en rechazo a la frustrada reforma tributaria del presidente Duque. La alcaldesa bogotana, Claudia López, lamentó las muertes y cargó contra el Esmad, al que le exigió “acatar las instrucciones y protocolos” para evitar nuevas agresiones. Ambas víctimas habrían recibido el impacto de granadas de gas lacrimógeno del escuadrón policial antidisturbios. Aunque el Comité del Paro suspendió las protestas hasta el 20 de julio, otros sectores inconformes mantienen marchas, concentraciones y bloqueos activos.

De acuerdo con el general Óscar Gómez, en la noche del martes manifestantes atacaron “con violencia” una estación de transporte público en el noroeste de la ciudad y la cuestionada fuerza antidisturbios intervino. El joven que hasta el momento no fue identificado tenía “una lesión en la cabeza al parecer con un elemento contundente, fue trasladado al hospital de Suba (barrio) y al parecer falleció en el recorrido”, indicó Gómez en declaraciones a Blu Radio.

En un video que se transmitió en vivo a través de redes sociales se observan fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en el momento en que sale a reprimir la protesta. Quien graba muestra a la cámara un objeto ensangrentado que recoge del suelo y guarda en una bolsa. Testigos presentes en el lugar aseguran que se trató de una bomba lacrimógena lanzada por el Esmad.

“Me duele en el alma otro joven fallecido”, escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “La policía debe cumplir la Constitución. Los jóvenes no pueden seguir siendo víctimas de abuso policial y carne de cañón de radicalismos políticos”, remarcó López, quien agregó: “Al Esmad y la policía le exigimos acatar nuestras instrucciones y protocolos. Mientras las desconozcan y no haya reforma eficaz a la policía seguiremos teniendo riesgos a la vida”.

Durante las protestas del lunes otro manifestante falleció en el sur de Bogotá. De acuerdo con una testigo, la víctima de 32 años también recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno y pudo ser trasladado a un hospital, pero llegó sin signos vitales. La policía reprimió salvajemente una protesta en la localidad de Suba donde, además de la muerte del joven identificado como Jaime Alonso Fandiño, 20 personas resultaron heridas.

La trágica seguidilla de muertes tuvo consecuencias políticas inmediatas en la capital colombiana. El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idarraga, renunció el martes ante lo que calificó de “tibieza” de la alcaldía  frente a las “torturas” y otros “abusos” cometidos por la policía. 

Idarraga lamentó que un informe presentado por la alcaldía bogotana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya asumido “críticamente la lectura de la situación” de las protestas contra el gobierno de Duque, sin considerar que “la policía se insubordine al gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara”.

Según autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo, al menos 63 personas murieron en más de dos meses de manifestaciones. La ONU y varias ONG internacionales han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados en las movilizaciones. Lo que empezó con una protesta contra una frustrada suba de impuestos en pleno pico de la pandemia devino en un movimiento popular que exige una reforma policial y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos del virus, que elevó la pobreza del 37 al 42 por ciento de la población.

La embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, Alicia Arango, contradijo este miércoles a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmando que “se equivoca y eso le hace daño al país” al cifrar en 54 los fallecidos en el marco de las protestas. Arango entiende que el número de muertos sería mucho menor y aseguró que “tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.

En el mismo tono confrontativo, el martes el presidente Duque aseguró que, si se hubieran evitado las aglomeraciones, habría 10 mil muertos menos a causa de la covid-19 en las últimas siete semanas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité del Paro, Francisco Maltés, le respondió indicando que son “varias las razones” para responsabilizar al mandatario, entre las que destacó que en Colombia la vacunación contra el coronavirus empezó dos meses más tarde respecto a otros países del continente. 

“Es tanta la preocupación del gobierno por los problemas de los colombianos que hubiera negociado el Pliego de Emergencia que le presentamos el 20 de junio de 2020 y se hubiera evitado el Paro Nacional”, sostuvo Maltés, quien remarcó: “Duque debe aceptar la responsabilidad que tiene como gobernante de Colombia y no puede seguir buscando a terceros para echarles la culpa”.