Leandro Bravo tenía 37 años y vivía en Charata, Chaco. El 26 de febrero murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle sin ofrecer resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo tres policías. En uno de los 70 videos incorporados a la causa se ve que lo suben a uno de los cuatro patrulleros. Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas. El 14 de marzo fueron detenidos cuatro de los doce uniformados implicados, acusados de tormentos seguidos de muerte: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez. Este 24 de marzo familiares de los acusados convocan a una movilización para exigir su liberación. Ese mismo día, la agrupación Pañuelos en Rebeldía llamó a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para “visibilizar éste y otros casos similares de represión estatal, violencia institucional, criminalización de jóvenes, y gatillo fácil”.
Con el tercer cambio de carátula y la orden de exhumación del cuerpo para hacer una segunda autopsia a cargo de la médica forense Virginia Creimer y su equipo, la historia de Leandro llegó a la portada de los diarios locales. “Caso Bravo: La fiscalía acusa a policías de matar al joven a raíz de torturas”, tituló Norte.
Fue así que a los pocos días las familias de los cuatro imputados y detenidos por la tortura y muerte de Bravo convocaron a “todos los familiares de policías y penitenciarios del Chaco” para “marchar pacíficamente en repudio a la fiscalía de Derechos Humanos represores de policías, para que liberen inmediatamente a nuestros policías que están privados de su libertad indebidamente”.
La hermana de Bravo, Florencia Sánchez, integra el Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, una organización que se puso al frente del proceso de exigencia de justicia por el crimen de Leandro a manos de la policía. “Mi hermano Leo tenía consumo problemático de sustancias, y su situación se agravó cuando en el 2017 la policía del 911, de nuestra ciudad Charata, lo detuvo en la vereda de su casa porque estaba discutiendo con un vecino, lo redujeron de forma muy violenta, le pegaron y lo subieron al patrullero”, dice Sánchez en diálogo con Página/12. Esto quedó registrado con videos grabados desde los celulares de varios vecinos.
La otra hermana de Leandro, Déborah Sánchez, es abogada y fue directamente a la comisaría, donde esperó media hora la llegada del patrullero. “Cuando llega lo bajan todo ensangrentado, golpeado, inconsciente y con mucho dolor. En ese momento el médico legal se niega a atenderlo, justificando que estaba muy exaltado, así mi hermano estuvo tirado en el piso casi sin poder respirar”, agrega. Bravo terminó en la terapia intensiva de una clínica privada con fracturas costales, fractura del macizo facial, golpes que le impedían respirar adecuadamente. Salió luego de una semana.
Luego de estas torturas se agudizó su situación de consumo problemático. Hasta ese momento Leandro sostenía sus espacios laborales en el Poder Judicial, sus vínculos, su vida social, su familia, pero abandonó casi todo, cuando incluso le faltaban dos materias para recibirse de abogado. Según cuenta Florencia, la policía siguió hostigándolo cuando él quedó en situación de calle. “Estuvo detenido por ilícitos menores, y en un momento hubo una intención de parte de la familia para que él pudiera hacer el tratamiento correspondiente a su enfermedad. Eso no termina sucediendo por los mismos tiempos de la Justicia, no se pudo resolver nada”. El joven tuvo varios intentos de rehabilitación, entró y salió de distintos espacios terapéuticos, tratando de recuperarse.
Morir bajo custodia
Leandro presentía que algo malo le iba a pasar, les dijo a sus vecinos que andaba con miedo a la cana por lo que le había pasado. El 26 de febrero del 2022 cerca de las 3 de la tarde salió a comprar una cerveza con su primo y vio que se acerca un patrullero, entonces empezó a gritar a una vecina. “Betty, Betty, por favor, ayudame, abrime”. Cuando la vecina sale a abrirle, el patrullero ya lo había alcanzado. Llegan cuatro móviles más. La familia y sus abogados consiguieron imágenes de unas 70 cámaras vecinales y de seguridad. “Se ve perfectamente que mi hermano está parado, sin presentar ningún tipo de resistencia y lo detienen de forma muy violenta, lo reducen, le ponen las esposas, comienzan a pegarle en el piso, y lo tiran a la caja.”
El parte oficial dice que fue revisado y derivado a Medicina Legal, pero en las filmaciones quedó en evidencia que nunca fue atendido. Luego lo llevaron al Hospital de la Ciudad, donde lo bajaron sin vida. La médica de guardia trató de realizarle las medidas de reanimación, sin ninguna respuesta. Ella afirmó que la hora de la muerte fue a las 4 de la tarde y aclaró haberlo recibido sin signos vitales, que tenía lesiones y marcas tanto en cara, hombros y piernas. El primer parte oficial decía que la muerte se produjo por un “paro cardiorrespiratorio no traumático, sin lesiones recientes”.
Las hermanas –que son cuatro, Florencia, Deborah, Luciana y Virginia– se dispusieron a reconstruir los hechos. “Y como no nos cerraba, como no entendíamos cómo podía ser que tanto la primera devolución del forense y del fiscal habían sido que no tenía lesiones y que había sido un paro cardiorrespiratorio; cómo era posible que los vecinos dijeran que habían presenciado la golpiza y la tortura efectuada por la policía”, recuerda Florencia. Los 70 registros fílmicos que contienen el relato de testigos presenciales y el recorrido del patrullero están en manos de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que, además de a la familia, aceptó como querellantes al Comité de Prevención Contra la Tortura del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Ahora también contamos con el equipo de investigación, como perito de parte, de la doctora Virginia Creimer, especialista en medicina legal. Ella es quien va a realizar la segunda autopsia, es una de las pocas personas que sabe realizar la autopsia bajo los protocolos de Minnesota en la búsqueda de lesiones posiblemente efectuadas por la policía”.
Las hermanas de Bravo consideran que esto no es un hecho aislado. “Entendemos que es un accionar sistemático de la policía, ya no queremos más ningún pibe detenido de forma ilegal, torturado y muerto bajo custodia policial. Exigimos al Estado que se haga responsable”, dijo Sánchez.
Comunicado de Pañuelos en Rebeldía
Desde Pañuelos en Rebeldía acompañamos a nuestra compañera Florencia Sánchez, integrante del Equipo de Educación Popular, en el proceso de exigencia de justicia por el crimen de su hermano, Leandro Bravo, en manos de la policía.
Los hechos ocurridos los venimos compartiendo con varias organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para poder colectivamente organizar el próximo 24 de Marzo una coordinación en distintos territorios del país, para visibilizar éste y otros casos similares de represión estatal, violencia institucional, criminalización de jóvenes, y gatillo fácil.
Leo era un pibe de 37 años, con consumo problemático, situación que a menudo es utilizada por las instituciones estatales y los medios hegemónicos para criminalizar a la juventud. Pocas veces encontramos una respuesta responsable y efectiva por parte del Estado para ofrecer un tratamiento y acompañamiento, tanto a lxs jóvenes como a sus familias. La familia de Leo acompañó esta situación, con avances y retrocesos. Hasta que en 2017 el problema se agravó, cuando la policía del 911 de la ciudad de Charata lo detuvo porque lo encontraron discutiendo con un vecino que quería ingresar al edificio en el que vivía, al que Leo le pedía que se fuera, porque tenía causas por violencia de género, y las vecinas del edificio no lo querían ahí. En esa ocasión, los policías lo redujeron de forma brutal, lo llevaron detenido, y lo golpearon violentamente. El accionar de la policía quedó registrado en videos realizados por varixs vecinxs con sus celulares.
Una de las hermanas de Leo, abogada, fue a la Comisaría a buscarlo. Al llegar el móvil policial, luego de demorar más de 30 minutos, la hermana recibió a Leo brutalmente golpeado, con signos de tortura, ensangrentado, con dificultad respiratoria y mucho dolor. Queremos destacar que el médico legal se negó a atenderlo. Leo estaba tirado en el suelo casi sin poder respirar. Son estos los métodos que utiliza el Estado para castigar, disciplinar y torturar a lxs pibxs.
Posteriormente a esta tortura por parte de la policía, su situación de consumo problemático se agravó. En los últimos 5 años, Leandro fue perseguido y hostigado por la policía, que lo detuvo y golpeó en varias ocasiones. Son muchos los interrogantes que nos encuentran pensando porqué razones se pueden obsesionar tanto con un pibe. Luego se nos vienen miles de rostros y nombres, como el de los pibxs de Monte, o Lucas, Luciano, Franco, Pichón. Es la perversión que tienen los efectivos policiales para demostrar su poder, con el objetivo de disciplinar a nuestros pueblos, barrios y comunidades. Como es sabido, la responsabilidad termina recayendo una y otra vez en las familias.
El 26 de febrero, Leo murió bajo custodia policial. Aproximadamente a las 14.31 hs llegó a comunicarse con su hermana y le dijo: “Hermanita estate atenta, porques seguramente tengamos que hacer una denuncia”. Ese mismo día almorzó con un amigo y se encontró con otro, por lo cual sobran testigos de que se encontraba sin lesiones en el cuerpo Alrededor de las 15 hs. salió a comprar una cerveza con su primo, y al ver que se acercó un patrullero comenzó a pedir ayuda en la casa de una vecina. El móvil era conducido por el oficial Fleitas, quien comenzó la persecución y el hostigamiento, y luego de llamar refuerzos, acudieron al lugar del hecho 4 patrulleros. En los videos incorporados a la causa se ve perfectamente que Leandro no se resiete. De forma violenta es reducido y esposado. Lo tiraron al suelo y comenzaron a pegarle entre 3 policías, lo suben al patrullero y lo conducen hasta sanidad. En las grabaciones se ve que el patrullero paró en Medicina Legal, pero nunca lo bajaron, nunca lo atendieron. Luego se dirigieron al Hospital de la ciudad, donde lo bajaron ya sin vida.
Nosotrxs, como compañerxs de militancia organizada de una de sus hermanas, acompañamos a la familia de Leandro en la exigencia de justicia, para seguir luchando contra la impunidad a los represores de ayer y de hoy. Abrazamos a nuestra compañera Flor, a su mamá, a su papá y a sus hermanas. El 24 de Marzo estaremos en Charata, Chaco, para acompañarla, y dialogar también con familiares de otros procesos similares.
Sabemos que este caso no es un hecho aislado, sino más bien todo lo contrario, es un accionar sistemático de la policía. Queremos que se investigue la tortura perpetrada por agentes del estado, como así también el fallecimiento bajo calidad de “conducido, detenido o en custodia” así fuese por acción directa, omisión o tolerancia.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/410293-chaco-el-asesinato-de-leandro-bravo-por-la-policia
