Canallas, banca y mate amargo

Lo que ya se puede llamar Estilo Alberto es sorprendente, y por sereno y firme goza de una aceptación popular del 80 por ciento que es, a la vez, esperanzadora. Sí que también incomodante para los sectores del privilegio: empresarios y corporaciones, el imbancable sistema bancario y la bolsa de valores, agroexportadoras, latifundistas y pools sojeros y de agrotóxicos, familias hipermillonarias y, claro, los tres sistemas de la maquinaria mafiosa que los asiste: el jurídico y contable; el mentimediático; y el abroquelado en estrados judiciales.

Es en ese contexto que se libra la decisiva batalla que ya es fácil visualizar, pero será tremendamente difícil ganar. La evidente estafa del Grupo Vicentín que estalló hace pocas semanas, más el inminente impuesto a millonarios (son sólo el comienzo de la batalla que ya otean el Presidente y casi todo su gabinete. Sin ser economista es posible descubrir lo esencial en una república en emergencia que necesita de medidas excepcionales que, a su vez, requieren de una conducción excepcional).

Las amenazas del Banco Central de aplicar sanciones a los bancos si no disponen adecuadas líneas de crédito para pymes, son sólo muestras de las dificultades que enfrenta el Gobierno. Porque con centenares de pymes y minipymes en peligro de cierre, el desmesurado y abusivo engorde bancario sigue como si nada.

El antídoto republicano para detener el colapso empieza por acabar con la ley de entidades financieras, madre venenosa de la economía nacional. Pero sigue intocada (¿e intocable?) desde que la inventó Martínez de Hoz hace más de 40 años. Bien apunta en este sentido Horacio Rovelli que el Rodrigazo de 1975 “dinamitó nuestro dinero” y entronizó al dólar como ‘bien refugio’, quebrando la política histórica del BCRA, que desde 1933 vigilaba a 823 entidades financieras (entre ellas 486 cooperativas y cajas de crédito y 110 bancos comerciales) que custodiaban el “ahorro del público y prestaban mayoritariamente a las personas y a las empresas donde estaban radicadas, por lo que cumplían el rol de reasignar recursos de aquellos que tenían capacidad de ahorrar y los que requerían créditos para la vivienda, para el consumo, o para producir”.

Los préstamos al sector privado representaban entonces el 43,5 por ciento del PIB y la Argentina era “la Nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia)”.

Fue la reforma financiera de 1977 “la que cambió esencialmente el concepto”: la actividad bancaria dejó de ser un servicio público y los bancos privados considerados concesionarios del Estado “se convirtieron en dueños del ahorro del público y habilitados a realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios”. Así, la Ley de Entidades Financieras abrió camino al dislate de 43 años de dictadura económico-financiera por parte de entidades incontrolables que especulan y distorsionan al dólar en nombre de la “libertad de mercado”.

Por eso, esperanzadoramente, hoy ya no son pocas las voces que reclaman que el BCRA restablezca el firme control cambiario, cepo incluido, así como la prohibición de transferir divisas al exterior y de toda salida de capitales. Y a la vez reimponer la obligatoriedad de nuestra moneda, el peso, como único bien de cambio y de ahorro.

Es claro que no son recetas fáciles, pero a ver quién las tiene mejores. Porque a la pandemia y el lógico cansancio de la ciudadanía, ya se suman la carencia de dinero, el aumento abusivo de productos esenciales y el desabastecimiento canalla que practican los grandes concentradores. Con lo que no es difícil presagiar que si se disparan los precios habrá que elevar los salarios y ni se diga el Ingreso Familiar de Emergencia. Y el gobierno no tendrá más remedio que emitir moneda. Y todo ello con la telebasura desenfrenada: ya no saben qué más hacer para esmerilar al gobierno. Los vuelve locos la popularidad de Alberto y el rol gravitante de Cristina.

Y encima está la sombra amenazante que señala el ex fiscal, juez, camarista y primer titular de la Oficina Anticorrupción designado por Raúl Alfonsín, José Massoni, quien viene advirtiendo que “cuando se termine o se minimice la pandemia, las cuestiones que se judicializarán son inimaginables”. Y enumera reclamos de todo tipo por perjuicios ocasionados por la larga cuarentena; planteos de inconstitucionalidad de algunos DNU; cautelares y demandas varias. Piensa que “grandes bufetes se están preparando” y recuerda que “el accionar del Poder Judicial hizo imposible aplicar la organización democrática de los medios de difusión, o la democratización del servicio de Justicia, ambas cuestiones esenciales para la democracia y la república”.

Y coincidiendo con quienes lo planteamos desde hace años, Massoni concluye que no habrá mejor remedio que “la modificación del número y organización de la Corte Suprema, con cantidad de ministros necesaria para dividirla en salas especializadas que atiendan las ramas fundamentales del derecho” (lo que es razonable y tiene antecedentes: Macri designó por decreto a Rosetti y Rozenkranz), y propone “reorganizar el Consejo de la Magistratura, llave de la elección de nuevos jueces y remoción de los malos. De máxima, que sean elegidos por votación popular”.

A todo esto, esta semana se amargó la yerba misionera con la designación de un empresario macrista al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Con unas 30 organizaciones políticas y sindicales, levantamos la voz, pero no hubo caso: desde alguna altura del poder, e inesperados compañeros, exhortaron a dejarlo pasar por dizque razones de “real-politik”. Que en realidad eran presiones de ex gobernadores peronistas (quizás el neomacrista Ramón Puerta) y de empresarios yerbateros que explotan a decenas de miles de tareferos y tareferas por jornales miserables y en condiciones reiteradamente denunciadas. Un artículo en este diario fue clarísimo al respecto.