Bombas y bombachas: el basural que dejó el macrismo en la justicia

Llamó por teléfono a la comisaría para que devuelvan las bombachas que habían robado a una feriante y la condenaron a dos años de prisión por amenazar a la policía. El fallo más ridículo contra Milagro Sala fue avalado esta semana por la Corte. Al mismo tiempo Casación arrebató dos causas de espionaje durante el macrismo y se las entregó de hecho al fiscal Carlos Stornelli, imputado en otra causa por espionaje. Al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, le comprobaron seis visitas a la Casa de Gobierno entre 2016 y 2018 antes de polémicos fallos de su tribunal que perjudicaban a Cristina Kirchner. El lawfare sigue a todo vapor por la estructura judicial que construyó y cooptó Mauricio Macri. En Brasil, en cambio, un fallo de la Corte de ese país desbarató el famoso Lava Jato que fue tomado como paradigma de la lucha contra la corrupción y demostró que sólo buscaba apartar del gobierno al Partido de los Trabajadores.

Es una enumeración de lo que pasó en sólo una semana con relación al basural que dejó el macrismo en la Justicia y cómo se derrumbó el caso emblemático de lawfare en el continente. Todo parece grotesco. La Corte Suprema avalando el caso de las bombachas, Casación entregando las dos causas por espionaje para que la investigue un fiscal imputado por espionaje, y el juez Hornos haciendo la consulta en la Casa Rosada.

El jueves, cuando el diputado Martín Soria presentó la denuncia contra Hornos en la Cámara de Diputados, con los datos del libro de entrada de la Rosada que la sostenían, el denunciador serial Fernando Iglesias fue el encargado de defender al titular de Casación. El diputado macrista habló del “chiquero de las denuncias”. Iglesias conoce ese chiquero porque fue uno de los que más se revolcó allí.

Las repetidas visitas de Hornos a Macri durante el punto más alto de la persecución judicial contra ex funcionarios kirchneristas generó esta semana un escándalo en Comodoro Py, un territorio de piel curtida como para sonrojarse por denuncias de lawfare. Pero el libro de entradas de la Rosada no se puede desmentir y los pone en evidencia. Hubo jueces que reclamaron a Hornos que dé explicaciones a sus colegas. Seguramente habrá excusas.

Si tuviera que ser juzgado por lo que sucedió solamente esta semana, el Poder Judicial argentino tendría que ser condenado por la práctica vergonzosa del lawfare. Pondrán mil excusas, pero los hechos son contundentes. Resulta evidente hasta para un ciego que la condena que avaló la Corte fue inventada como parte de una cascada de denuncias contra Milagro Sala. El único testigo es el policía que atendió el teléfono. Dijo que Milagro amenazó con poner una bomba en la comisaría si no devolvían las bombachas a la feriante.

Es el mismo modus operandi que con Cristina Kirchner o Amado Boudou y otros funcionarios kirchneristas. Los llenaron de denuncias para conseguir un impacto mediático que avalara las condenas irregulares que pudieran salir de esos juicios. Quedará en los anales del bochorno judicial el día que Cristina Kirchner fue citada por el mismo juez a declarar en ocho indagatorias. La denunciaron por robar objetos históricos: una carta de San Martín que le había regalado Putin y un bastón presidencial que le había regalado la familia del expresidente Héctor Cámpora.

Los jueces aceptaban denuncias o condenaban sin pruebas reales, con testigos comprados, o extorsionados o cuentas dibujadas y falsos peritos y eran aplaudidos como si fueran héroes de la patria. Personajes como el fallecido Claudio Bonadio eran recibidos por los funcionarios macristas con aplausos cuando ingresaban a la embajada norteamericana. Antes de ser convertido en héroe, Bonadio era el juez con más pedidos de juicio político en la Magistratura. Uno de ellos era por demorar una causa en la que los pacientes hemofílicos denunciantes se iban muriendo por haber contraído Sida en transfusiones de sangre mal hechas.

No son detalles. La mayoría de esas denuncias contra exfuncionarios kirchneristas se están cayendo. Otras ya tienen condenas, como la de Boudou. Todas, sin importar el estado judicial en que se encuentren, están invalidadas por ese mecanismo de lawfare. La única forma de hacer creíble esos juicios sería empezar de cero, con otros jueces y con los acusados en libertad.

En el gobierno existe la idea de que deberá ser el Poder Judicial el que se purifique a sí mismo. Exjueces como Carlos Rozanski y el ex magistrado Raúl Zaffaroni plantearon que la reacción corporativa entre los jueces y fiscales es más fuerte que cualquier intento de autodepuración.

En Brasil se produjo el caso emblemático de lawfare, como fue el Lava Jato, cuya culminación fue alejar a Dilma Rousseff y Lula del gobierno y reemplazarlos por el inepto Jair Bolsonaro. El Lava Jato fue tomado como modelo en otros países, además de Argentina para desprestigiar a dirigentes populares.

Pero ahora en Brasil, el descontento con el ultraconservador Bolsonaro creó el ámbito propicio para deconstruir el mecanismo que lo llevó al poder. El juez Gilmar Mendes, del Tribunal Supremo –equivalente a la Corte Suprema de Argentina– ha dicho que “este modelo de Justicia es de un Estado totalitario, que fue complaciente con parte de los medios. Es, como dijo The New York Times, el mayor escándalo judicial de la historia de la humanidad. Está lleno de delitos, repercutiendo en todo el mundo”.

Dijo eso tras dar a conocer la décima parte de los diálogos que pusieron en evidencia la conspiración política entre los fiscales y el juez Sergio Moro para armar causas judiciales contra Lula.

The New York Times se había explayado sobre el tema: “El Estado de derecho está cada vez más en peligro (en Brasil) con el beneplácito de buena parte del establishment político y económico que ayer respaldó ciegamente la operación Lava Jato y hoy apoya la llegada de un político acusado de corrupción a la presidencia de la Cámara de Diputados (el bolsonarista Arthur Lira), al tiempo que el Presidente desarticula la mayoría de las instituciones de lucha contra la corrupción y el crimen”.

El juez Sergio Moro, la estrella del Lava Jato, pasó de ser un seguro presidenciable, al enorme descrédito y a trabajar en una consultora norteamericana sobre corrupción, seguramente con sede en Miami. En los diálogos de Moro con los fiscales que difundió el Tribunal Supremo quedó en evidencia la colaboración irregular del FBI norteamericano en esa conspiración.

“Moro y el Lava Jato usaron al Poder Judicial como ‘la Stasi’”, dijo el magistrado Gilmar Mendez, para espiar a otros jueces, a la Afip brasileña y para filtrar esa información a periodistas amigos y así presionarlos a ratificar los fallos de primera instancia”. Pareciera que hablara de Argentina porque es el calco. La diferencia es que aquí todavía la Corte no cuestiona esos procedimientos. Se considera que estas revelaciones constituyen la antesala de la anulación de los dos juicios de Lava Jato contra Lula y su rehabilitación política.

En Bolivia, tras el triunfo reciente de Luis Arce y el regreso del MAS al gobierno, el Congreso amnistió esta semana a 1.200 personas perseguidas judicialmente por el golpe que derrocó a Evo Morales. La presidenta de facto Jeanine Añez gobernó un solo año. En ese tiempo volaron las acusaciones de corrupción para perseguir a dirigentes del MAS.

Mientras los legisladores del oficialismo votaban la amnistía, la oposición que había respaldado el golpe contra Evo gritaba “¡Dictadura no, democracia sí!”. Respaldaron el golpe pero acusan de dictadura al gobierno que ganó las elecciones y funciona con el Congreso a pleno.