Avanza en Uruguay el plan de mano dura

Tras un largo e intenso debate, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la madrugada del domingo la Ley de Urgente Consideración (LUC
), un cuestionado megaproyecto de 478 artículos que fue la plataforma de campaña del presidente Luis Lacalle Pou
. 

El extenso articulado es una fiel expresión del modelo de país de la “coalición multicolor” que gobierna al país. Los artículos más criticados por la oposición y los sindicatos incluyen una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado, medidas de seguridad que le otorgan más poder a las fuerzas represivas, y la criminalización de la protesta social. Una de las pocas medidas que despertó la aprobación de todos los sectores presentes durante la sesión fue la creación del Ministerio de Ambiente.

“Acabamos de terminar de votar en Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Urgente Consideración. El reconocimiento a los siete partidos políticos que intercambiaron posiciones en el marco de la tolerancia y el respeto”, destacó en redes sociales Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, al término de la votación. Después de una extensa jornada que comenzó el sábado por la mañana y culminó a las seis de la mañana del domingo, los diputados aprobaron el articulado de esta ley que ahora volverá al Senado, ya que se incluyeron cambios en el proyecto original.

La aprobación de este paquete de leyes es de vital importancia para el presidente Lacalle Pou y sus aliados políticos. La diputada colorada María Eugenia Roselló lo graficó durante la sesión asegurando que “es el buque insignia del gobierno de coalición”. El diputado del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, aseguró por su parte que “la gente votó por este cambio”, y que se trata de “una ley justa y popular que es hoja de ruta para el nuevo gobierno y que nos consolida como coalición demostrando la viabilidad política de la misma”.

El colorado Ope Pasquet resaltó en la misma sintonía que el proyecto buscará “empezar a cumplir con lo comprometido con la ciudadanía” y que “un 99 por ciento del contenido ya estaba en el Compromiso para el País” firmado entre los partidos de la coalición de gobierno. “Para seguir como estábamos la gente debió votar al Frente Amplio. Acá estamos para cambiar las cosas. Y lo que procura esta ley es dotar de herramientas al gobierno para cumplir los objetivos”, afirmó el diputado oficialista.

Por el lado de la oposición, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos aseguró que el proyecto “tiene cosas muy perjudiciales contenidas en pocos artículos”, como por ejemplo, “la perforación del derecho a huelga” o la legítima defensa. “Este proyecto tiene mucho volumen, mucha masa, eleva la temperatura social y genera alta presión social. Va de lo público a lo privado, de la libertad al control y en economía va de la transparencia hacia la opacidad”, agregó Olmos. Desde el aliado Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector al que pertenece el expresidente José Mujica (2010-2015), el diputado Eduardo Maldonado aseguró que la ley “desde el capítulo 1 recorta las libertades sindicales y criminaliza la protesta”.

Por empezar, una de las mayores críticas al proyecto es la urgente consideración, ya que esta definición hace que la ley enviada por el Poder Ejecutivo deba estudiarse y votarse en un plazo acotado y no permita tanto tiempo de análisis. También se cuestionó el oportunismo, dado que se tramitó en plena emergencia sanitaria, declarada el 13 de marzo por los primeros casos de covid-19 en el país.

Desde este martes, la Cámara Alta tendrá 15 días para analizar los cambios propuestos y aprobarlos. En caso de que esto no ocurra y el proyecto nuevamente sufra modificaciones, volverá a ser analizado por la Asamblea General. 

Desde que se dio a conocer la LUC el pasado 23 de abril, varios de sus artículos recibieron duras críticas por parte del Frente Amplio y organizaciones sociales y sindicales como el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Estos espacios rechazaron desde un principio la flexibilización de la legítima defensa policial, los ataques al derecho a huelga o el intento de avanzar sobre la privatización de sectores esenciales como la educación. 

El artículo 388, uno de los más polémicos, garantiza “el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de las empresas a entrar a las instalaciones libremente”. La LUC también intenta poner fin a las ocupaciones de empresas, ante el insistente reclamo de las principales cámaras empresariales uruguayas. Otro de sus artículos declara “ilegítimos” a los piquetes que “impidan la libre circulación”.

También se proponen cambios en el Instituto de Colonización, modificando criterios de exigencias a “colonos que reciben tierras estatales”, modificaciones que también son rechazadas por el frenteamplismo. Otro punto sensible que se aprobó en la madrugada del domingo refiere a que la agresión física a policías sea considerada un agravante de delito. “Acá parece que generamos el riesgo de que unos derechos valen más que otros, o se resguardan más que otros, o las libertades no son todas iguales”, aseguró Lucia Etcheverry del MPP durante una sesión caliente que promete nuevos capítulos.