La presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, fue aceptada como querellante por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa en la que se investiga el ataque al Congreso el 10 de marzo último, cuando se votaba en la Cámara de Diputados el acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La presentación, que hizo la directora de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort, resalta los daños producidos al edificio y en particular las pedradas “que tuvieron como claro objetivo” las oficinas del despacho de la vicepresidenta, cuya ventana fue marcada con pintura roja, “lo que podría haber operado como señalización”. Destaca también el peligro que eso implicó para las personas que estaban allí adentro, entre ellas la vicepresidenta.
Capuchetti indagó hasta ahora a dos personas acusadas de tirar cascotes, que se negaron a declarar pero no quedaron detenidas. Hay cuatro pedidos de captura pendientes de un total de once sospechosos identificados por la Policía Federal. Por el momento no hay evidencias en la causa que los vinculen con alguna agrupación en particular, aunque no se descarta alguna planificación, según señalaron a Página/12 allegados al expediente.
En la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tramita otra causa por asociación ilícita y una multiplicidad de delitos como atentado y resistencia a la autoridad, daño calificado, lesiones, incendio y algunas contravenciones. Allí hay tres detenidos ya con prisión preventiva dispuesta por el juez Norberto Circo, por impulso del fiscal Mariano Camblong. Son el venezolano Jaru Alexander Rodríguez Carrero, Oscar Santillán y Julián Claudio Lazarte.
Capuchetti reclamó la causa porque sostiene que priman delitos federales al haber sido atacado el Congreso e intentar afectar su actividad. Uno de esos delitos es intimidación pública, otro podrían ser tentativa de lesiones, plantea la querella. Hasta ahora la magistrada no encontró una asociación ilícita que perpetúe delitos en el tiempo. Dos abogados defensores se oponen al pase de la pesquisa de la justicia porteña a Comodoro Py, igual que el fiscal porteño. Deberá resolver el juez Circo y, a la larga, la Corte Suprema.
“Cuando sucedió el atentando vimos que se formaban dos causas, dos investigaciones que tramitaban en paralelo, y nos preocupaba porque es la manera de que no avance ninguna investigación”, dijo Peñafort en diálogo con la AM 750, para explicar cómo surgió la posibilidad de que el Senado se presentara para querellar. Ahora, aceptada esa querella, la presidencia de la Cámara alta podrá impulsar medidas y aportar pruebas.
El escrito presentado hace hincapié en dos aspectos. “Entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”, dice un tramo. Peñafort diferenció un grupo que de personas que estaban Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos y que atacaron el despacho de la vicepresidenta “de forma coordinada”, de otras que pudieron generar otros disturbios.
“Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21 hs aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, agrega la presentación, que podría derivar en una evaluación de la conducta policial. En el despacho estaban, además de la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner, y los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti.
En la causa que tramita en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, en la línea a la que apunta la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la acusación trata de vincular a los tres detenidos con lesiones a la policía porteña y de mostrarlos organizados. Incluso apuntan a tratar al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) –en el que sólo uno de los detenidos milita– como si fuera una organización criminal.
Públicamente desde la Ciudad se difundió información que asociaba a Carrero con las pedradas al despacho de Cristina Kirchner, pero al indagarlo le mostraron una foto suya empujando un contenedor y otra con una piedra en la mano que no se ve que haya arrojado. De Lazarte se informó que era quien habría arrojado una bomba molotov, pero su abogada, María del Carmen Verdú, mostró que no tiene nada que ver físicamente con la persona que parecería armar un artefacto en las imágenes recolectadas: por ejemplo, tiene el tatuaje en la mano contraria, Lazarte es zurdo y el hombre filmado opera con la mano derecha. El fiscal alega que se cambió de ropa pero jamás de lo ve con un bolso ni nada similar. Así es como se estarían confeccionando las acusaciones. Santillán también alega inocencia. Hay quienes suman a la discusión que la asociación ilícita no es un delito de competencia de la Ciudad.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/409778-ataque-al-congreso-por-que-cristina-kirchner-fue-admitida-co
