La Cámara Federal de Casación Penal está encerrada en su propio laberinto. El máximo tribunal debe resolver la situación procesal del expresidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017, pero el escándalo del viaje de un grupo de magistrados, un espía y directivos del principal grupo mediático a Lago Escondido terminó de complicar las cosas. El juez que tiene la llave para destrabar el caso es Eduardo Riggi, uno de los integrantes de la vieja guardia conservadora de la Cámara que transita sus últimos días antes de cumplir los 75 años, cuando debería retirarse si no consigue el aval del Senado para continuar.
Mientras duró la búsqueda del submarino, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –conducida entonces por Gustavo Arribas– espió a los familiares que querían saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina. A esa conclusión llegó el juez federal Martín Bava, que en diciembre de 2021 procesó a Macri, a los directivos de la AFI y a los agentes que, desde la base Mar del Plata de la exSIDE, hicieron las tareas de seguimiento y vigilancia sobre las familias.
Esas actividades de inteligencia existieron, incluso lo reconoció la Cámara Federal porteña cuando revisó el procesamiento después de que le sacaran la causa a Bava y la llevaran hacia los tribunales de Comodoro Py, la tierra prometida del macrismo. Pese a reconocer que las tareas se hicieron sin orden judicial, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –todos llegados a la Cámara Federal porteña durante la administración Cambiemos– entendieron que no fueron delito porque la AFI estaba garantizando la seguridad interior y la seguridad del entonces Presidente.
Después de ese fallo que puso a las familias que reclamaban al Estado saber qué había pasado con los suyos en calidad de agentes desestabilizadores, el tema llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. A pesar de los pedidos de Macri para que la causa se resuelva rápido, el expediente avanzó de recusación en recusación. La última se presentó contra el camarista Carlos Mahiques después de que este diario revelara que había viajado a Lago Escondido junto con uno de sus hijos, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, y los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y el exSIDE Leonardo Bergroth, entre otros.
Como evidentemente sus colegas de la Sala II, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, no están de acuerdo sobre qué debe pasar con Mahiques, debió convocarse a otro juez para que incline la balanza. En este caso será Riggi –que está próximo a cumplir los 75 años y pidió acuerdo para continuar, pero, por ahora, no hay señales en el gobierno de que vaya a contar con el visto bueno para seguir–. Años atrás, Riggi fue investigado por una trama de corrupción y sobornos –que incluía también espías– para direccionar qué sala de la Casación debía intervenir en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
En las últimas horas, la abogada querellante Valeria Carreras hizo una presentación ante la Sala II de Casación para recordarles que ella y una madre de un submarinista habían denunciado a Mahiques por falsedad ideológica porque habría firmado fallos entre el 13 y 14 de octubre pasado, cuando estuvo de visita en la propiedad del magnate inglés Joe Lewis.
“En esta causa nadie quiere intervenir rápidamente y, a la vez, nadie se excusa”, le dice Carreras a Página/12. “Avizoramos, desde la querella, que la sentencia de impunidad está firmada y garantizada por la judicatura federal de Comodoro Py. A pesar de ello, seguiremos reclamando respuestas por parte de los intervinientes. Si hay justicia deben apartar a Mahiques, a quien hemos recusado y denunciado”, reclama.
En la Cámara estiman que la semana próxima podría haber novedades, al menos, con la recusación. Resolver cómo quedará integrada la sala es fundamental para otras dos cuestiones que deben ser zanjadas: la revisión del fallo que favoreció a Macri y, antes, definir si le conceden al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el recurso para ir a la Corte Suprema. El CELS pidió intervenir como amicus curiae en la causa, pero, en dos oportunidades, Mahiques y Yacobucci se lo impidieron. El argumento es que la vigilancia masiva sobre familias que peticionaban respuestas al Estado no es un tema de la especialidad del CELS. En otras palabras, para los dos camaristas, el espionaje no es una afectación a los derechos humanos –que es la especialidad del organismo creado en 1979–.
Después deberá celebrarse una audiencia con las partes: defensas, fiscal y querellas. Carreras ya pidió que sea presencial y que se transmita. La audiencia tenía fecha para finales de diciembre, pero se levantó por la nueva ronda de recusaciones. El fiscal Raúl Pleé también pidió que se deje sin efecto el sobreseimiento del expresidente. No es un dato menor, ya que Pleé es uno de los magistrados que se reunió con Macri en la quinta de Olivos. Según Pleé le informó a la Procuración, en ese entonces, Macri le pidió que no se jubilara y él accedió, posiblemente porque era uno de los candidatos para hacerse con la silla que había quedado vacante tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó.
Macri tenía intenciones de que la Casación le pusiera un moño al cierre de la causa el año pasado, especialmente para acallar los cuestionamientos internos por el uso masivo del espionaje durante su gestión. El radical Facundo Manes y la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, fueron dos de sus aliados que lo pusieron sobre el tapete.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/521077-ara-san-juan-casacion-estira-las-definiciones-en-la-causa-qu
