La organización Amnistía Internacional lanzó este miércoles una Acción Urgente a escala global para reclamarle a la Justicia argentina que “no criminalice” la protesta social en el país y se retiren los cargos contra las personas que fueron detenidas el 12 de junio pasado durante las manifestaciones en repudio a la sanción de la Ley Bases por parte del Senado.
En esa jornada, las fuerzas de seguridad apresaron a 33 personas, acusadas de “delitos que usualmente son utilizados para criminalizar el derecho a la protesta social, tales como resistencia a la autoridad, intimidación pública, sedición, e incluso terrorismo. Si bien la mayoría de las personas fueron liberadas, el proceso penal continúa”, según sostuvo la organización a través de un comunicado.
La Acción Urgente es una iniciativa por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos y es patrocinada por Amnistía internacional.
Cuando la entidad tiene noticia sobre una situación de riesgo que afecta a una persona o grupo, “activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”.
“Una acción urgente es la herramienta más adecuada ante el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos contra las personas que están siendo criminalizadas por manifestarse”, remarcó Amnistía.
En este caso, la Acción Urgente está dirigida al fiscal federal Carlos Stornelli con el propósito de pedirle que “retire las acusaciones contra aquellos manifestantes que ese 12 junio en la zona de Congreso marcharon pacíficamente”.
En el texto difundido por Amnistía se recordó que en el contexto de un importante operativo policial, se observò en varias imágenes “el accionar violento de las fuerzas policiales al llevar a cabo las detenciones, así como el uso ilegítimo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes que causaron lesiones injustificadas”.
Además, la entidad se manifestó preocupada por “los mensajes criminalizantes por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, asociando la protesta pacífica frente al Congreso Nacional con actos de ‘terrorismo’ y ‘golpe de Estado’, que ponen en peligro” la vida democrática.
“Frente a una sociedad movilizada, cada mensaje que las autoridades emiten puede generar impacto directo en el ejercicio de derechos protegidos constitucionalmente. En un país con equilibrio de poderes, el Judicial cumple un rol central frente a las extralimitaciones de un Poder Ejecutivo que busca silenciar y reprimir con violencia”, apuntó el organismo defensor de los derechos humanos.
Por eso, a través de la Acción Urgente, Amnistía Internacional llama “a que la justicia brinde una respuesta inmediata y ponga fin a la persecución de quienes utilizan a las manifestaciones como un canal legítimo de denuncia”, señaló Mariela Belski, directora adjunta de la organización en Argentina.
En el documento de prensa, se asegura que algunas de las personas detenidas el 12 de junio pasado “ni siquiera llegaron a la plaza del Congreso y fueron aprehendidas antes de sumarse a la manifestación”.
Otras, incluso resultaron detenidas “cuando se retiraban de la zona a varias cuadras de la Plaza del Congreso”.
Entre los detenidos había vendedores ambulantes, estudiantes, músicos y docentes, y el fiscal Stornelli los acusó de “terrorismo”, un cargo que desestimó la jueza federal Marìa Servini.
De las 33 personas que resultaron detenidas en esa jornada de protesta en Plaza Congreso, cinco permanecen aún procesadas y encarceladas.
Amnistía confirmó que esta Acción Urgente será remitida a los órganos internacionales de protección de derechos humanos de la OEA y Naciones Unidas, como la Relatoría Especial sobre libertad de opinión y de expresión; la Relatoría Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión.
