Ahora, una Defensa de Estado

El presidente Alberto Fernández indicó a las Fuerzas Armadas el 10 de diciembre pasado al asumir la Presidencia de la República: “Como Comandante en Jefe quiero decirles con claridad: tenemos una enorme oportunidad para mirar al futuro y hacer de la Política de Defensa una verdadera política de Estado, con un consenso amplio de las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con la Constitución Nacional”.

Está muy clara la definición presidencial, pero también las difíciles condiciones concretas de la época en Argentina y en América latina. Si se observa a la región se encuentra con una Unasur paralizada, con un Consejo Sudamericano de Defensa –probablemente la máxima construcción de unidad de las Fuerzas Armadas en la Patria Grande desde la Independencia- prácticamente extinguido, y sin la Escuela Sudamericana de Defensa. Por otra parte, la presión que existía sobre las Fuerzas Armadas y otras de América latina para involucrarse en la “la guerra contra el narcotráfico”, como se desarrolló en Colombia y México, se ha expresado en un enorme fracaso. Además han vuelto las intervenciones militares políticas con los golpes militares directos e indirectos como en Honduras y Bolivia, o Paraguay y Brasil, con un involucramiento político muy peligroso para los procesos democráticos.

En la conducción directa de la Defensa, su ministro Agustín Rossi, tiene que enfrentar este cuadro en el marco, además, de la grave crisis económica y social del país, que siempre tiende a postergar las demandas económicas para el sector frente a las urgencias dramáticas de la situación social, la salud y la educación.

En la inédita reunión que el ministro de Defensa y su equipo sostuvieron con la Comisión de Defensa del Partido Justicialista hace pocos días –primera de una serie que vendría a continuación con las fuerzas partidarias que lo soliciten o acepten- el ministro anunció que ha enviado al Presidente el proyecto de decreto que restablezca el 436/84 de Raúl Alfonsín, que atravesara todos los gobiernos democráticos, pero que fuera derogado por el gobierno de Macri con el 721/16. Lo que se quiere hacer ahora es devolver al ministerio de Defensa la capacidad de resolver el cambio de destino de los oficiales hasta teniente coronel (capitán de fragata, vice-comodoro) y también retrogradar la decisión que devolvió a los Estados Mayores (EEMM) de las Fuerzas Armadas la capacidad para designar como docentes en establecimientos militares a uniformados retirados. También la norma de Alfonsín que ahora volverá a regir, centralizará en el Ministerio de Defensa la conducción de las acciones legales ante los tribunales federales, que habían sido reenviadas a los EEMM de las Fuerzas Armadas.

El nuevo gobierno llegó con una ley aprobada por el Congreso cuando todavía no había asumido Fernández, impulsada por Rossi en tanto diputado titular de la bancada del Frente de Todos, y aprobada con un amplísimo consenso y rapidez para constituir un fondo específico para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas de un monto equivalente al 0.32 % del presupuesto nacional.

El nuevo gobierno se encontró en Defensa con el mismo fiscalismo reduccionista macrista que condujo a cerrar la fábrica de Azul o la liquidación del proyecto de los aviones Pucará para realizar la compra de aviones Texas de entrenamiento en los Estados Unidos. Se había producido la disolución del área de Emergencias que constituye una de las funciones laterales de las Fuerzas Armadas, decisiva para enfrentar catástrofes naturales.

Defensa ha decidido ahora que se volverá al sistema de las Divisiones en el Ejército, cuya disolución había sido planteada en el final de la mala gestión macrista. La Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército será reinstalada en Campo de Mayo en lugar de Córdoba, dada la mayor capacidad para su traslado desde su sede original. El empuje del desarrollo de Ciencia, Tecnología y Producción será un eje de la nueva gestión a través de Fabricaciones Militares, los astilleros Tandanor, (donde se reparó al Irízar) y Domecq García y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, responsable de la producción de los aviones Pampa, que será reactivada. Con los equipos tecnológicos de las Fuerzas y el acuerdo con la estatal civil ARSAT –fabricante de radares civiles y militares y satélites– la producción militar nacional podrá recuperar progresivamente su empuje anterior y colaborar con el desarrollo de la industria nacional. La ciberdefensa ocupará, a partir de las muchas capacidades nacionales en la materia, el lugar al que obliga la protección de la Nación.

Ahora ha pasado la época de ventas de tierras sin otro sentido que el recaudatorio, como lo fuera la de 8 mil hectáreas en Ordoñez, en el sur de la provincia de Córdoba, o el intento de transferir al sector privado los terrenos donde está asentado el Comando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, en la zona de la Costanera. Y también la de las compras de algunos equipos sin relacionar las mismas con un adecuado plan de equipamiento global de las Fuerzas.

El aumento a la totalidad de las Fuerzas Armadas lo realizó el gobierno del presidente Fernández, porque había quedado pendiente luego del incremento a todo el personal civil de la Nación. También llega ahora la recuperación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFFA), parcialmente afectado afectado por la ola privatizadora neo liberal, y del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas (IAF)- el ANSES de las FFAA, que fuera descapitalizado por la gestión macrista.

La política de consenso planteada por el Presidente para el tema de Defensa es clave para que se convierta en una de Estado, que sea Constitucional y, por ello, democrática, nacional y popular.

*Politólogo