Ahora Macri critica a la Justicia

En medio de la antesala electoral, y ya con un pie en el estribo, Mauricio Macri decidió presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial destinado a agilizar y modernizar los procesos. Sería una modificación importante, para el que trabajó una comisión especializada, pero que requiere un debate profundo despojado de la batalla propia de una elección. Sin embargo, el Presidente le puso precisamente ese condimento proselitista al mezclar la presentación del tema con sus eslogans sobre “la justicia”, del estilo “si la justicia no es independiente, no es justicia”. O la afirmación de que su gobierno trabajó “para que la política no intervenga en la justicia”, algo sencillo de refutar con sólo repasar los jueces nombrados a dedo en lugares claves y los aprietes y procesos de juicio político a otros que tocaron sus intereses.

“Si le preguntamos a la gente que piensa de ella (la Justicia), seguramente, ustedes saben, hoy no tenga una buena opinión. Piensan que es lenta, que está llena de burocracia, de idas y vueltas, y tal vez lo peor, seguro nos diga que está lejos de la gente, que nunca pone a las personas como prioridad”, dijo Macri. “Necesitamos poder creer en la justicia, confiar en ella”, remarcó ante la comisión de juristas que redactó el proyecto, y la ausencia, entre otros, de los jueces de la Corte Suprema, que fue comentada entre el auditorio y que el ministro de Justicia, Germán Garavano, intentó minimizar. Lo curioso es que Macri cuestionó la lentitud judicial y un recorrido por los nombres de los integrantes de la redacción del Código muestra entre los nombres a la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que integra la sala que tiene el expediente de la deuda del Correo, y que tramita precisamente ante ese tribunal hace 18 años. El trabajo de la comisión, fue coordinado por su hija, Agustina Díaz Cordero.

Tras aclarar que a los supremos se los invitó por simple “cortesía”, Garavano también se subió al speech de la independencia judicial, la decir que “la gente ha fijado un standard, como fueron en su momento los delitos de lesa humanidad”. La comparación aludía al “narcotráfico y la corrupción”.

Al hablar del proyecto propiamente dicho, Macri se hizo el sorprendido por el contenido: “Me parece increíble que no lo hicimos antes”. En el ámbito judicial es coincidencia que una reforma del Código Procesal Civil y Comercial es necesaria y sería bienvenida. La del proyecto que anunció Macri es observada como una jugada burda de marketing con un tema de alta seriedad, positiva en sus bases argumentales. El principal cambio que introduce es la oralidad en los procesos. Lo hace según un modelo que otorga un margen de flexibilidad para que cada juzgado maneje su agenda y las audiencias como quiere. Existe un modelo alternativo, propiciado por la OEA, que promueve la existencia de una oficina que manejaría fechas, salas de audiencias y hasta designación de personal. A la vez, el proyecto plantea la implementación de “procesos monitorios”, que acortarían los tiempos judiciales. El juez o jueza dictará una sentencia primero y luego se podrá presentar las pruebas como defensa. Transforma en obligatorias el registro en video de las audiencias y convierte a los expedientes en electrónicos. También incorpora el proceso civil de extinción de dominio al código.

El código alude a procesos judiciales entre socios, vecinos, por alimentos u otros asuntos de familia, peleas comerciales, peleas por contratos u otros más complejos. Macri se sorprendió porque un tramo del proyecto aclara que las partes están obligadas a decir la verdad. No es que hasta ahora no lo estuvieran, sino que la redacción era objeto de interpretaciones y una vieja discusión, ya que lo que si dice el código actual es que las partes deben actuar con lealtad, probidad y buena fe.