Adriana Salvatierra: "Áñez sabe que sólo puede mantenerse en el poder sin elecciones"

El martes el pueblo boliviano salió a las calles para rechazar la tercera postergación de las elecciones presidenciales. La fecha prevista para la votación era el 6 de septiembre. Sin embargo el jueves pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia pasó los comicios para el 18 de octubre. En las dos oportunidades anteriores había consensuado la fecha con las diferentes fuerzas políticas. Pero esta vez no. La expresidenta del Senado y actual miembro de la Cámara Alta por el Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, calificó la decisión como arbitraria e ilegal. “El gobierno de facto presiona al TSE porque sabe que su única oportunidad de mantenerse en el poder es que no haya elecciones”, sostuvo la senadora en diálogo con Página/12.

La persecución judicial que existe contra el MAS ya logró la inhabilitación del expresidente Evo Morales para participar en las elecciones. En paralelo avanzan causas judiciales contra decenas de los exmiembros del gobierno. Cuando el actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, volvió a Bolivia luego de ser nominado en Argentina se encontró con una sorpresa: oficiales de la policía lo esperaban para entregarle una situación judicial. También se está revisando la inscripción del partido por una presunta falta electoral, bajo riesgo de quitarle la personería jurídica. Es un proceso casi calcado al que vive en Ecuador Rafael Correa y su fuerza política.

-¿Qué piensa de la decisión que tomó el TSE de prorrogar otra vez las elecciones?

-Hay varios problemas graves. El primero es que el Tribunal no consultó su decisión con los partidos políticos. Las anteriores dos modificaciones sí las hizo buscando consenso. ¿Por qué en esta tercera, que sería la definitiva, no lo hace? En segundo lugar, las autoridades electorales sostienen que no es necesaria una ley de la Asamblea para aprobar la nueva fecha. En un proceso electoral normal, así sería. Pero desde noviembre pasado, ante la excepcionalidad que estamos viviendo tras el golpe, todo el proceso se estableció mediante leyes. Ahora el Tribunal pretende modificar la fecha electoral mediante una resolución, sin pasar por la Asamblea. Es decir, que está desconociendo que su convocatoria se basa en ese régimen de excepcionalidad. Por todo esto hemos dicho que es una decisión arbitraria, no consensuada y además ilegal.

-Al presidente del TSE lo eligió Jeanine Áñez. Pero los seis vocales que completan el organismo fueron votados por la Asamblea Legislativa cuando el MAS era mayoría. ¿Se equivocaron?

–No. El proceso de elección no necesariamente tiene que ser la expresión de la correlación de fuerzas. Los candidatos fueron elegidos en un proceso que evaluó los méritos académicos, y los que tuvieron mayor puntaje son los que llegaron al final del mismo. Fueron las personas con los mejores perfiles, en términos académicos, para esa convocatoria.

-¿Y entonces qué hay detrás?

-Existe fuerte presión política por parte del gobierno. Cada vez que se fija la fecha de elecciones aparece un ascenso en la curva de contagios. Pero el problema es que el gobierno no tiene la capacidad para un cálculo efectivo de cuándo va a ser el pico. Bolivia es uno de los países que menos pruebas realiza para detectar el virus. Además los laboratorios departamentales que están haciendo los diagnósticos tienen un retraso de más de 28 días en el anuncio de las pruebas. Es decir, los resultados de hoy son en realidad de hace casi cuatro semanas. Eso hace que no podamos tener una cifra aproximada de cuántos contagios reales hay.

-¿Qué medidas piensan tomar ante esta situación?

-Primero hay que recalcar que el pueblo dijo basta. El martes hubo movilizaciones en el país expresando su molestia con esta decisión. Esperemos que el TSE recapacite y no rompa el esquema legal a partir del cual se plantea un proceso electoral. Y además que no genere tensiones innecesarias entre las fuerzas políticas.

-¿Cómo ve los intentos de formar una alianza que está llevando la derecha?

-Lo que pasa es que aún cuando representan a similares intereses de clase hay un conflicto regional no saldado. La derecha extrema se encuentra territorializada en el departamento de Santa Cruz. Su principal figura es Luis Fernando Camacho. Por otro lado está el intento de posicionar políticamente al Movimiento Demócrata Social, el partido de Áñez. Camacho en 2019 apoyó al expresidente Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, que salió segundo en esas elecciones. Pero ahora dice que se avergüenza de haberlo hecho y presiona para que haya elecciones que le permitan reorganizar sus lealtades en Santa Cruz. Es decir que hay muchas fisuras al interior de este espacio. Áñez está tercera en las encuestas y sabe que su gobierno se termina cuando se realice la votación. Mesa en este momento es el segundo con mayor intención de voto, pero no tiene un fuerte arraigo en Santa cruz. Tampoco tiene una estructura política sólida. Lo único que quiere es que se efectivice el proceso electoral lo más pronto posible.

– Luis Arce dijo que el gobierno de facto representa una vuelta al neoliberalismo. ¿En qué políticas se ve esto?

–El gobierno representa intereses de clase que están vinculados a una mayor presencia de las trasnacionales en el país. También a estructuras de la agroindustria en el oriente boliviano. Estos intereses se ven expresados en las políticas públicas que Áñez plantea para contener la crisis económica y sanitaria. Por ejemplo habló de un plan de reactivación económica de 2.671 millones de dólares. Pero para la reactivación del empleo y de las microempresas, los dos ítems que más trabajo generarían, destinó solamente un 1,2 por ciento de ese total. Dijeron que habían volcado 5.808 millones de dólares a la lucha contra el coronavirus, cuando sólo utilizaron un 11,6 por ciento de ese monto en transferencia directa a la ciudadanía. No benefician a los trabajadores, no indican cuál su fuente de financiamiento, habilitaron el uso de los transgénicos. Obedecen a intereses de clases que no son los de las clases populares.

–¿Qué me puede decir de Arce? ¿Se está dando un proceso de renovación en el MAS?

–Arce es sinónimo de presencia estatal para democratizar la riqueza. Junto a David Choquehuanca, su candidato a vice, simbolizan nuestro deber de volver para ser mejores y no cometer los mismos errores. Arce es el símbolo de que no es la venganza el motor de nuestra lucha sino recuperar la paz social y la estabilidad económica. Por eso lo están persiguiendo. En cuanto a la renovación, el MAS hizo todo un proceso que fue invisibilizado y no se expresa solamente en quién es el candidato a presidente. En la Asamblea Legislativa nosotros tenemos una tasa de reelección de apenas el 3 por ciento. Para estas elecciones, en las que también se eligen asambleístas, sólo dos candidatos van por la reelección. Yo no me voy a presentar. Antes para ser senador necesitabas 30 años. Tras las reformas que hizo el MAS para el período 2015-2020 ingresemos a la Asamblea un 13 por ciento de jóvenes menores de 30 años. Yo misma ni hubiera podido soñar con ser presidenta del Senado a los 29 años.

-Es probable que la oposición al MAS para ganar la elección busque apoyar al candidato que más cerca quede de ustedes. El famoso voto útil. ¿Crees que lo van a lograr?

-Eso se da se da en sociedades altamente polarizadas. Pero mirá el caso de Argentina. Ustedes conocieron lo que es el neoliberalismo, y Bolivia ya conoce lo que es la oposición en el poder: ausencia total de gobierno. Yo creo que si la izquierda efectivamente retorna en países como Argentina, y hoy disputa el voto en Bolivia, es porque la gente tiene memoria. Sabe lo que es pobreza. Y también sabe lo que es estabilidad económica, la posibilidad de aspirar a tener una vivienda propia, de garantizar que sus hijos estudien, que puedan comer tres veces al día mínimamente. Sólo Arce y Choquehuanca representan esos valores.