Más de mil menores de edad presos en El Salvador | Tienen penas de hasta 20 años

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció que más de 1.000 menores de edad fueron condenados a penas de hasta 20 años en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 e implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

“Solo en lo que llevamos de régimen de excepción, se ubicaron a más de 1.194 menores, de los cuales 1.065 ya fueron condenados por participar o pertenecer a un grupo terrorista”, indicó Villatoro en declaraciones a medios, al tiempo que afirmó que se incrementó la vigilancia sobre los centros educativos, tanto los que pertenecen al sistema público como a los privados. “Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que casualmente es la pena mínima para los delitos de agrupaciones ilícitas”, agregó.

En 2022, con los votos de 65 de 84 diputados se reformó la Ley Penal Juvenil y se estableció que los menores de edad que hubieren cumplido los 16 años y que cometieran delitos pagarían hasta 20 años de prisión; y si el menor ya tuviera cumplido los 12 años, estaría hasta 10 años en la cárcel. En aquel entonces Unicef criticó estas reformas porque consideró que el endurecimiento de las penas atenta contra la Convención de Derechos del Niño y que este tipo de medidas no resuelven la problemática de las pandillas.

El combate a las pandillas

El régimen de excepción fue aprobado a finales de marzo de 2022 y se convirtió en la principal bandera de Bukele para alcanzar su reelección en los comicios del 4 de febrero, a pesar de que lo prohíbe la Constitución. De acuerdo con los datos oficiales, suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas. De ellas, más de 7.000 habrían salido ya en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias registraron más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas. A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), estas medidas llevaron al país a una de sus peores crisis de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador declaró improcedente la solicitud de nulidad de las elecciones legisaltivas presentada por la oposición, encabezada por Cesia Rivas, representante legal del partido Vamos; Andy Failer, del partido Nuestro Tiempo, y Carlos Saade Garcia, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Los tres partidos alegaban que hubo irregularidades alrededor de los comicios legislativos donde el partido Nuevas Ideas (NI) del reelecto presidente Bukele dominará el Congreso, tras ganar 54 de 60 escaños.

A su vez as orglanizaciones agrupadas en la iniciativa Votante de El Salvador manifestaron este viernes su preocupación por la posible repetición de fallos en el sistema de transmisión de datos en los comicios municipales del próximo 3 de marzo, pues en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero esas fallas obligaron a suspender el escrutinio preliminar.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) “sigue sin explicar ni divulgar los planes de contingencia de todos los componentes tecnológicos a utilizar durante el evento electoral del 3 de marzo”, señalaron las organizaciones. Agregaron que esto “causa una enorme preocupación porque al utilizarse las mismas herramientas existen posibilidades de que se repitan las fallas de las elecciones del 4 de febrero”.

Las organizaciones urgieron al TSE a que “divulgue las investigaciones internas e informes de auditoría que ayuden a entender las causas de las fallas en los sistemas de transmisión de datos y de divulgación de resultados”. Indicaron que también “es necesario que se explique públicamente” los problemas de integración de los colegios electorales que se dieron el 4 de febrero, que dieron origen a denuncias de suplantación de ciudadanos capacitados previamente por supuestos miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).