Que no son 30 mil, que sólo se trató de “excesos”, que la militancia guerrillera organizada fue terrorista son los principales argumentos sobre los que los candidatos “libertarios” Javier Milei y Victoria Villarruel montan su negacionismo apologista del terrorismo de Estado. Sin embargo, ante los tribunales de todo el país, semana tras semana, se presentan testimonios que los desmienten una y otra vez. Sobrevivientes que cuentan por primera vez lo sufrido durante la última dictadura, testigos que nombran a personas con las que compartieron cautiverio, de las que solo alcanzaron a saber sus nombres de pila, sus sobrenombres o apenas sus características físicas y cuyas historias, por falta de información, aún no pueden reconstruirse; hijos e hijas que fueron secuestrades junto a sus mamás o papás, o padecieron sus ausencias durante sus infancias, y recién ahora están siendo escuchados como víctimas en las causas judiciales. Como las hermanas Herrero, que declararon por primera vez la semana pasada en el juicio ESMA, ahora Guadalupe Arqueros y Juan Carlos Fernández expusieron lo que pasaron durante el genocidio, en el juicio por los crímenes de Brigada 7ª que está terminando en Corrientes.
Guadalupe es hija de Judith Casco, también sobreviviente, y Joaquín Arqueros, quien continúa desaparecido. A ellas las secuestraron juntas, once días después de nacer Guadalupe, en abril de 1976. Se las llevó una patota de civil que primero las depositó en el Regimiento de Infantería 9 (RI) de esa provincia y luego las mantuvo encerradas seis meses en el Instituto Pelletier, un penal de mujeres. Mientras Judith estuvo incomunicada, Guadalupe era entregada, cada tanto, a sus abueles maternes. Allí, Casco vio a Gladys Leonor Hanke, “Bebi”, detenida ilegalmente como ella y embarazada. “Bebi” parió a Juan Carlos Fernández, en enero de 1977, en la maternidad nacional de Corrientes. Estuvieron juntes en el Hospital Militar del RI9 y luego en el Pelletier. Cuando Gladys fue trasladada a Buenos Aires, el niño quedó al cuidado de presas comunes hasta que pudo buscarlo su abuela materna. A Guadalupe la separaron de su mamá seis meses después del secuestro.
Les jóvenes supieron “desde siempre” lo que les pasó, dice Guadalupe en diálogo con este diario, pero recién pudieron compartirlo ante un tribunal el mes pasado, cuando les tocó declarar como testigos en el juicio que considera sus casos entre los 104 por los que nueve gendarmes y militares retirados del Comando de Brigada 7ª de Infantería de Corrientes están siendo juzgados. “Nosotros, los hijos, somos víctimas directas de la dictadura que destrozó nuestras vidas y las de nuestras familias. Más allá de nuestro secuestro, crecimos criados por abuelos y abuelas que perdieron a sus hijos, que los buscaban desesperadamente”, dijo Guadalupe.
El reconocimiento de parte de la Justicia de niños, niñas y adolescentes como parte del universo de víctimas del terrorismo de Estado es una línea de trabajo que impulsan desde hace años algunos organismos de derechos humanos y colectivos de sobrevivientes y que recién en el último tiempo empezó a permear las causas judiciales. En algunos casos, como el cuarto tramo del juicio Guerrieri, en Rosario, querellas y Fiscalía insistieron ante el tribunal en que los represores procesados debían ser también acusados por lo sufrido por una veintena de niños y niñas en el marco del secuestro de sus padres. Y el tribunal les dio la razón. En otros, como el juicio por el quinto tramo de la causa de Circuito ABO, el pedido fue rechazado.
Y en otros, como el caso de las hermanas Herrero en la ESMA o los comprendidos dentro del Juicio Brigadas -que espera, además que se incorpore el caso del nieto 133– los hechos que les atravesaron la vida a niños, niñas y adolescentes fueron trabajados durante la instrucción de las causas y llegaron a juicio oral listos para ser repasados. Así sucedió con Guadalupe y Juan Carlos, y así pudieron declarar como testigos.
Nacer y vivir en un centro clandestino
Judith Casco llegó a la ciudad de Corrientes quince días antes de parir a su hija Guadalupe. La niña nació el 30 de marzo de 1976 en casa de sus abueles, Hernán Antonio Casco y Elba Olivera Salles de Casco. El mediodía del 11 de abril siguiente, la mamá alimentaba a su hija en la cama matrimonial, en compañía de los mates del papá/abuelo, cuando una patota de civil golpeó la puerta. Venían a buscarla, eran del Ejército aunque estaban vestidos de civil. Querían “hacerle unas preguntas” en el RI9, declaró hace un tiempo Casco ante la Justicia. Discusión y tironeo mediante, Judith logró que le dejasen llevar a su beba consigo.
“Yo era un bebé, perdón si me emociono, yo era un bebé y mi mamá me llevó con ella”, repitió Guadalupe cuando fue su turno, finalmente, de dar testimonio. Contó lo que pudo reconstruir de aquellos días: que en el interrogatorio a su mamá la amenazaron con torturarla, “lo cual me parece una atrocidad”, aclaró.
Días después, ambas fueron trasladadas al Instituto Pelletier, un penal de mujeres regenteado por monjas, sin ningún tipo de denuncia, orden o causa. Allí, “detenidas las dos, secuestradas”, narró ante el TOF de Corrientes, estuvieron juntas hasta octubre del 76. “De ese período tengo secuelas físicas porque tuve retardo en tratarme unas enfermedades que sufrí en ese momento, imaginemos un bebé de meses, tuve otitis en los dos oídos que preocupaban mucho a mi mamá”, relató. Aún hoy padece dolores por ese maltrato. Sus abuelos y abuelas -por parte de madre y padre- la “retiraban” de tanto en tanto. De aquellos meses, a Guadalupe le quedó grabado el color de las paredes y el olor a humedad del penal, y una dificultad para respirar que recién pudo superar en su adolescencia.
En esa cárcel, Judith se cruzó con “Bebi”, que estaba embarazada. Juan Carlos, el bebé que crecía en esa panza, declaró como testigo-víctima en el mismo juicio que, semanas después, escuchó a Guadalupe. Fue la primera vez para él y para ella en testimoniar en un juicio oral. “El 31/01/77 nazco yo, para lo cual el Ejército realizó un operativo con celulares, guardia armada”, contó el hombre. Hanke había sido secuestrada durante los operativos Toba, en la ciudad correntina de Bella Vista. “Va un comando del Ejército a la casa de la abuela y la detienen a mi mamá sin ninguna orden judicial”. Primero recayó en la comisaría local, luego en el RI9, y por último, en el Pelletier.
En su relato, Juan Carlos destacó a su abuela materna, Genoveva Aguirre, quien compartió con su mamá y él sus primeros días de vida en el hospital militar del RI9. “Ella vivía en Bella Vista, tenía que trasladarse y los medios eran escasos en ese momento, pero gracias a su persistencia logró que me inscriban en el Registro Civil, que me bauticen en el Pelletier”, narró. De aquel bautismo, a Juan Carlos le tomaron una foto con su mamá en el penal, la única foto que tiene con ella de bebé, aclaró ante el tribunal antes de aportarla al debate: “Gracias a esta foto no soy uno más de los cientos de bebés apropiados por la dictadura que todavía se están buscando”, sumó.
Juan Carlos fue separado de su mamá “de un día para el otro”, cuando los represores decidieron el traslado de ella a la cárcel de Devoto. “Yo quedo al cuidado de presas comunes en el Pelletier. Unos días después, nunca supimos bien quién o través de quién, mi abuela se entera que yo había quedo solo, y como pudo inmediatamente viajó a Corrientes y me buscó”, relató. La mamá de Guadalupe también fue trasladada a Buenos Aires. Cuando eso sucedió, la niña se quedó al cuidado de sus abueles maternes, quienes cada tanto la llevaban de visita a Devoto. “Era una situación muy estresante para mí, teníamos que someternos a las requisas que a veces eran cacheos físicos, y mis abuelas estaban muy nerviosas”, puntualizó. Dio ejemplos: “Para que se entienda la dimensión de esto… A veces a mí me hacían pasar a un biombo a un costado, y una celadora me hacía bajar la bombacha para ver si yo tenía algo escondido en el cuerpo”. También se llevó de aquellos días la sensación de acidez estomacal -”sentía que me quemaba el estómago”- que, de adulta, logró identificar con lo traumático de esas visitas.
Las ausencias de mamá y papá, secuestrado en noviembre de 1976 y desde entonces, desaparecido, tampoco fueron fáciles. Durante su testimonio, Guadalupe remarcó que durante toda la escuela primaria tuvo que “explicar a amigas y amigos que yo no tenía mamá ni papá, que mi mamá estaba presa pero no estaba presa por robar, es difícil, fue traumático también”.
“Peligro para la democracia”
Su testimonio y el hecho de ser “caso” en el juicio Brigada Séptima es, para ella, encontrar “la mano tendida del Estado” que “nos regresa a la sociedad y nos revela lo atroz y horrible” que fue lo que vivieron. En ese sentido, indicó la joven licenciada en Filosofía, por haber vivido ”esta historia de dolor” hay cosas que normalizó. “Las readaptamos para no sufrir tanto, así que escucharnos contarlas a tres jueces que representan al Estado es reparador”, subrayó en diálogo con este diario.
La reparación, aclaró, funciona en varios sentidos. “Pone las cosas en su lugar tanto hacia adentro como hacia afuera -avanzó-. Porque, ¿quién puede decir que lo que nos hicieron a nosotros fue un exceso, plantear que la dictadura fue una guerra entre dos bandos iguales, cuestionar un número de víctimas que es simbólico y que nos contiene a todos, secuestrados, desaparecidos, sobrevivientes y también familiares?”. Para Guadalupe, los planteos de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza “reabren discusiones que son peligrosas para la democracia”. “Quiere decir negar que aquella vez, el Estado violó la confianza de la sociedad civil al confiarle el monopolio de la fuerza y lo usó en su contra.”
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/599726-quien-puede-decir-que-lo-que-nos-hicieron-a-nosotros-fue-un-
