Nuevo pedido de libertad para las presas mapuches de Villa Mascardi | La APDH se sumó al reclamo

Cinco veces pidieron ser liberadas, y en cada oportunidad la solicitud de excarcelación de las cuatro mujeres mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu fue rechazada. Ahora se sumó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) al reclamo por la libertad de Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas, detenidas hace casi ocho meses, “cuando no existe razón alguna para que no la obtengan”, dijo la APDH. Por otra parte, en una semana se cumple el plazo para que el Estado nacional y el de la provincia de Río Negro cumplan con lo acordado en la mesa de diálogo que se inició por pedido del presidente Alberto Fernández, el regreso de la machi (autoridad espiritual) Colhuan a su rewe (espacio ceremonial) en territorio de Villa Mascardi. “La justicia nunca investigó a las fuerzas de seguridad que le dispararon a nuestros hijos pero nosotras estamos detenidas, somos presas políticas”, dijo Colhuan en el reciente trawn (reunión donde circula la palabra) realizado en la casa donde cumplen arresto domiciliario, en Bariloche.

Fue una mañana helada muy especial porque del encuentro también participaron personas no mapuche. En el centro de la sala de la ruka (casa) las cuatro mujeres recibieron a decenas de visitantes, junto al lonko Mauro Millán, de la Lof Pillán Mahuiza, y el lonko Carlos Curruhuinca. También estuvo Isabel Huala y militantes de organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos, comunicadores populares y vecinos de distintas localidades de las provincias patagónicas. 

“Estamos atravesando un momento difícil, física y espiritualmente, nuestra salud está en deterioro, al igual que nuestro rewe, habiendo un compromiso, un acuerdo, el Estado nunca concretó con la firma la devolución del rewe”, explicó Colhuan. “Estamos acusadas de doble usurpación: por la causa de 2017 con Parques Nacionales, llamada la causa madre; y ahora, en 2022, por esta otra causa que aparece el 4 de octubre cuando nos meten presas, como si tuviésemos una condena, cuando ni siquiera tuvimos un juicio y además es un delito excarcelable”, agregó. Como agravante contó que Huenumil fue trasladada a otro lugar a reclusión domiciliaria. Aquel 4 de octubre de 2022 fueron detenidas en un brutal operativo del Comando Unificado de fuerzas represivas, en el que hubo disparos y golpes frente a menores de edad y por el cual hay denuncias en el plano internacional, tal como difunde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). 

“Mientras el Estado nacional celebra sus 40 años de democracia, el pueblo mapuche está bajo una dictadura racista, esa democracia no ha transformado nuestras vidas ni reconocido verdaderamente nuestros derechos como pueblo, es la hipocresía con la que se otorgan privilegios a la blanquitud latifundista, a la blanquitud del aparato judicial, a la blanquitud de los empresarios del periodismo racista”, denunció la machi. Y recordó que una de sus compañeras tuvo que dar a luz en cautiverio. Ese niño ya tiene siete meses y no conoce la libertad. 

Claudia Korol –que integra la comisión veedora de la Mesa de Diálogo, en suspenso hasta el 1 de junio, entre el Estado Argentino y la Comisión de los Pueblos Indígenas– dijo que  “genera mucha preocupación que no tengan la respuesta suficiente de parte del movimiento popular, incluso del movimiento de mujeres”. Y destacó que “el patriarcado mantiene como rehenes a las hermanas mapuche y sus niños y niñas, para que no se siga avanzando con las recuperaciones de territorio, que son legítimas”. Lo dijo en un espacio que carece las condiciones básicas para ser una vivienda, donde las detenidas están enfermando de neumonía y tienen dificultades para alimentarse.

El grupo redactó un comunicado en el que exige la firma del Estado y de Parques Nacionales a lo acordado el 10 de febrero, el retorno de la machi al rewe y al territorio donde podrán reconstruir su casa, una para sus ayudantes y otra para las personas que se atienden con ella, y la cesión de Parques Nacionales de ese predio de 7 hectáreas, más otras 10 en el lago Guillelmo, unos kilómetros más al sur de Villa Mascardi. “Si no se efectúa en esta fecha (1 de junio), daremos por entendido que el Estado abandona la solución al conflicto a través de esa Mesa de Diálogo. No toleraremos más dilación ni engaños”, reza el comunicado redactado durante la reunión.

Presas políticas

Desde la APDH, Ruben Marigo, secretario de violencia institucional, y Ezequiel Palavecino, presidente de la regional Bariloche, enviaron una solicitud al juez de la causa Hugo Greca en la cual resaltaron que para las mujeres mapuches “rige el principio de inocencia, que no hay peligro de fuga, que hay niños perjudicados con esta detención y que la misma tiene como origen el haber ejercido un derecho a la recuperación de sus tierras, que vienen reclamado ancestralmente, que se les niega sistemáticamente pese al derecho internacional y lo dispuesto por el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994″. Marigo y Palavecino expresaron que “es difícil de explicar que las compañeras mapuches estén detenidas por una contienda de propiedad mientras los asesinos por la espalda de Rafael Nahuel, joven del Barrio Alto Barilochense y Mapuche, estén libres desde hace cinco años”. Y afirmaron que “esta detención a nuestro juicio infundada y la demora en dar una solución definitiva a través de la mesa de diálogo, demuestra la falta de voluntad de buscar una solución que debe evitar la criminalización como exige el Convenio 169 de la OIT”.

Por su parte, Luis Virgilio Sánchez, uno de los abogados de las mujeres mapuches y vice presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, había dicho que “no resulta un dato menor que dentro del elenco de las citas dogmáticas del juez, la única jurisprudencia en la que pudo apoyar su decisión de mantener detenidas a nuestras defendidas, se trate de precedentes obtenidos en juicios de lesa humanidad (“Reinhold” y “Díaz Bessone”) donde se juzga a represores de la dictadura militar”, teniendo en cuenta las imputadas pertenecen “a un sector vulnerable a quien se acusa de usurpar un territorio que consideran propio por convicción y cultura”.  

Dijo Sánchez: “Las mujeres imputadas en la presente causa no son genocidas ni representan peligro alguno ni para el proceso ni para la sociedad, se las acusa de un delito menor que, en definitiva, tampoco es un delito, si entendemos que el ejercicio libre de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto”. Y se alarmó por “los argumentos del juez descalificando la ‘mesa de diálogo’ como espacio importante para dirimir el presente conflicto, lo cual posiciona a fiscales y juzgadores en un tramado político al cuál ya se le ven los hilos, advirtiéndose ya de manera clara que mantener a nuestras defendidas presas es menos una decisión jurisdiccional que política”.