Después de una jornada caótica en que miles de manifestantes de todo el país confluyeron en la ciudad de Lima este jueves, quedó un balance con numerosos detenidos, un gran edificio quemado, más de 14 viviendas dañadas y un desorden politico que no cesa.
El Gobierno de Perú prolongó el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna tras las protestas antigubernamentales y enfrentamientos.
La norma detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúe “conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía” y a los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza policial y militar.
Graves incidentes
Este viernes se repitieron las manifestaciones de protesta en el centro de Lima. La Policía volvió a reprimir a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas, igual que el día anterior. Más de 30 personas arrestadas el jueves seguían detenidas.
En el departamento de Amazonas se reportó un corte de ruta y un incendio del Oleoducto Norperuano por parte de manifestantes en la provincia de Condorcanqui, informó Petroperú, la empresa que opera dicha infraestructura.
En la región de La Libertad –norte del país– se registraron varios bloqueos en carreteras, al igual que en Tacna, departamento fronterizo con Chile donde hubo enfrentamientos con la Policía.
En Arequipa, la segunda ciudad del país, se volvieron a dar, como el día anterior, fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes en las zonas cercanas al aeropuerto. Un grupo ingresó a una zona del aeropuerto. El jueves, el paro y las marchas convocadas para ese día terminaron con una persona fallecida y al menos diez heridos en los enfrentamientos con las fuerzas policiales en el intento de asalto del aeropuerto.
Además hubo diversos bloqueos y manifestaciones en gran parte de la geografía peruana que dejaron heridos, aunque se desconozcan aún los datos oficiales. La gran marcha convocada en Lima fue multitudinaria y también terminó en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Las manifestaciones se vienen repitiendo en Perú desde el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Luego de una tregua navideña, las protestas volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur del país.
La Defensoría del Pueblo de Perú enfatizó que el derecho “fundamental” a la protesta se debe ejercer “de forma pacífica” y “excluye toda acción de violencia contra personas”, y no “permite el ataque o incendio de instalaciones públicas o privadas, ni de aquellas donde se prestan servicios públicos”.
La Conferencia Episcopal se ofreció a mediar para buscar un diálogo entre el gobierno y los manifestantes.
La violencia sin fin
En Arequipa los enfrentamientos dejaron una persona muerta, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de las protestas, en diciembre pasado, llegó a 55, mientras que en Lima se reportó un gran incendio en un edificio del centro histórico, considerado patrimonio cultural de la humanidad.
En pleno caos, la Defensoría hizo “un llamado a la población para que se pueda permitir el tránsito de las unidades de bomberos y atender el incendio producido cerca de la plaza San Martín, en el Cercado de Lima”.
Las 55 muertes incluyen un policía y personas accidentadas, dentro de las cuales está un bebé nonato que no habría podido recibir atención por el bloqueo de una carretera. La Defensoría también informó que sus representantes han supervisado manifestaciones y marchas en ciudades como la norteña Huaraz, donde se produjo un “incidente” contra una notaría que, según informaron medios locales, es propiedad de Freddy Otárola, hermano del primer ministro, Alberto Otárola.
Víctimas fatales
En la sureña Ayacucho, donde en diciembre murieron 10 personas en manifestaciones, la Defensoría también supervisó una movilización que se realizó de manera pacífica, mientras que en la región de Pasco comprobaron que la carretera Central fue bloqueada en varios tramos.
En la también región central de Junín y en las norteñas de Piura y Tumbes, los representantes de la Defensoría supervisaron una marcha de protestas que se desarrolló de manera pacífica.
La Defensoría informó que acudió al Hospital Central de la Policía Nacional “con el fin de conocer el estado de salud de cuatro efectivos heridos en las movilizaciones” de este jueves en Lima.
Al cierre de esta edición se reportaban enfrentamientos entre policías y manifestantes siendo gaseados por las calles en Lima y Apurímac. Y en la región de Puno –provincia de Chucuito– fue incendiada la comisaría de Zepita.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/517364-el-dia-despues-de-la-toma-de-lima
