Retornos a cambio de no actualizar un canon irrisorio a una empresa contratista. Arreglo de licitaciones en beneficio de firmas de allegados. Connivencia obscena con concesionarios de servicios públicos, con altos funcionarios del Poder Judicial y con ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esos son algunos de los delitos e irregularidades que surgen de los nuevos chats atribuidos al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, ahora en uso de licencia, y que el gobierno de Alberto Fernández denunció este viernes ante la Justicia Nacional. El funcionario que responde al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora sólo esbozó tibias desmentidas en canales de noticias amigos, deberá rendir cuentas a priori por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y exacciones ilegales.
“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue” a D’Alessandro, informó Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos. “Los hechos involucran a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri”, añadió, y concluyó que “la promiscuidad entre sectores del poder políticos, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”.
La denuncia, que invoca publicaciones periodísticas, apunta centralmente a dos episodios de corrupción que surgen de los chats de D’Alessandro aunque claramente lo exceden en términos de responsabilidad penal y política: el negocio del acarreo de vehículos, sobre el que intercambiaba amenos mensajes con el empresario Marcelo Violante, quien mantuvo una concesión vencida durante 21 años por la que sólo pagó un canon de 55.000 pesos anuales, y el intento de favorecer a una empresa para quedarse con la licitación para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad, por la que se interesó la exsubdirectora de la AFI macrista. “De corroborarse, (los hechos) podrían tener relevancia penal, ya que podríamos estar frente a graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública”, destacó Soria.
Violante es el empresario a cargo de Dakota S.A., encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de CABA hasta fines del año pasado. Sus charlas con D’Alessandro datan de 2019 y 2020. Soria calificó de “escándalo sin precedentes” que siguiera prestando servicios con una concesión vencida más de 20 años atrás y por un canon simbólico, que concluyó el año pasado por el rechazo de todos los bloques opositores en la Legislatura, y destacó que se mantuvo “por decisión política” del gobierno de Larreta pese a las advertencias de la Auditoría General de la Ciudad.
“Ello no habría sido ‘gratis’ para Dakota S.A.”, pues D’Alessandro “habría recibido ‘retornos’ a cambio de no actualizar las tarifas –congeladas desde 2014– ni de impulsar la nueva licitación”, denuncia Soria. De los mensajes surge que Violante coordina con el funcionario la entrega de “dos sobres” con “30 verdes cada uno”, es decir 60.000 dólares, aclara que “no pude juntar todo” y jura que “antes de fin de mes te integro el 100%”.
“Violante le habría pedido a D’Alessandro que hable con José Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones SACIF, por la licitación de unas playas de estacionamiento en la Ciudad”, añade la denuncia. Contra la pretensión del funcionario, que afirmó en Clarín que “no tiene ni tuvo jamás un contrato” con Violante, Soria apunta que en noviembre pasado “la empresa BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF fue preseleccionada para la licitación de la playa de estacionamiento de la Facultad de Derecho” y que “una de sus accionistas sería DAKOTA S.A.”
El segundo episodio surge del intercambio con la exsubdirectora de la AFI macrista. “De acuerdo a los trascendidos periodísticos, la ex ‘Señora 8’ estaría asesorando a D’Alessandro para armar una licitación de destrucción de chalecos a medida de una empresa privada, incluso proveyendo una suerte de ‘dictamen’ con la ayuda de un ‘ex procurador de la ciudad’”, señala. El hombre de Larreta sostuvo en medios amigos que “esos chats son falsos, fueron armados”, y sugirió que “hicimos un convenio con Fabricaciones Militares”, dato que Soria interpreta como un intento de confundir ya que la licitación que interesa a la funcionaria de la AFI no es para comprar sino para destruir chalecos.
Soria agrega un dato novedoso. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) le confirmó que el 6 de septiembre recibió un email del “Grupo Pelco”, firma que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos, para consultar si “para hacer la destrucción de chalecos antibalas es necesario hacer algún tipo de trámite ante ustedes”. “La confirmación por parte de la ANMaC de la veracidad de este intercambio tiene una relevancia particular. Por un lado, refuerza la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre este último y Silvia Madjalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’, el GRUPO PELCO”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/513856-el-gobierno-denuncio-penalmente-a-marcelo-dalessandro
