Por el charter judicial a Lago Escondido, la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar en el aeropuerto de San Fernando de la empresa Flyzar que llevó al contingente a Bariloche el 13 de octubre último y los trajo de vuelta el 15. La jueza Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare buscan pruebas para establecer quién pagó los pasajes y si se trucharon facturas para aparentar que el vuelo fue abonado por los propios pasajeros y así disimular una dádiva.
Lo mismo rastrean en relación a la estadía en la estancia del magnate Joe Lewis. El dictamen que emitió la fiscalía la semana pasada parte de la hipótesis de que, en efecto, habrían existido dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica. En el documento queda claro que los judiciales, un exagente de inteligencia, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de seguridad porteño fueron recibidos por directivos del grupo mediático que los invitó y el administrador de la firma “Hidden Lake”.
El texto de la fiscalía dejó al descubierto que los chats que se filtraron del grupo que se autodenominaba “huemules” (ciervo patagónico que está en extinción) eran verosímiles: Etchepare confirmaba la existencia del viaje y las presuntas maniobras para ocultar delitos (por ejemplo, con el uso de facturas truchadas) y cambiar el eje de la cuestión tratando de instalar la idea de que fueron víctimas de inteligencia ilegal. En los diálogos filtrados hablan hasta de denunciar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinksi, por ser la fuerza que lleva el registro de quienes van en un vuelo. Como informó este diario, los “huemules” iniciaron su contraofensiva en Comodoro Py con una denuncia de espionaje.
Denuncias por inconducta
Los jueces Carlos Mahiques (Casación Penal Federal), Julián Ercolini (juez penal de Comodoro Py) Pablo Cayssials (contencioso administrativo) y Pablo Yadarola (Penal Económico), que formaban parte del grupo viajero, no solo son investigados en la causa penal sino que ya acumulan cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura: dos fueron presentadas por abogados particulares cuando Página/12 reveló el 17 de octubre el tour político-judicial-mediático, otra fue presentada la semana pasada por Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el organismo, quien les adjudica posible mal desempeño, y otra fue presentada por la abogada Silvia Rufaldi.
El organismo que puede sancionar jueces/zas, como es conocido, está paralizado por la falta de designación de ocho integrantes (cuatro diputados y cuatro senadores), producto de un encadenamiento de decisiones de la Corte Suprema. Parece adrede. Además, sobre esta cuestión nada ha dicho el máximo tribunal. El jefe de los fiscales porteños, Juan Mahiques (hijo del magistrado de Casación) y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, tienen denuncias en la Legislatura, donde el PRO tiene mayoría.
El allanamiento a Flyzar
El viernes último agentes de la Policía Federal allanaron –según pudo corroborar este diario por tres fuentes cercanas a la investigación– las dependencias de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, cuyo nombre comercial es “Flyzar”, que pertenece al empresario Gustavo Carmona. De allí salió y volvió el vuelo privado del avión con matrícula LV-GCK que trasladó a los jueces, a Mahiques hijo, a D’Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke.
La fiscal Etchepare señaló en su dictamen que ante la orden para que Flyzar entregara las facturas emitidas, aparecen a nombre de los personajes denunciados, algunas de ellas con fecha el mismo 13 de octubre en que se tomaron el vuelo y por valor de 120.000 pesos y en particular la de Bergroth con fechas 17 y 19 de ese mismo mes por 120.000 y por 60.000 pesos respectivamente. Etchepare advierte: “Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”. Otro dato sugestivo es que los directivos de Clarín, Pablo Casey y Jorge Rendo, viajaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
La otra duda, entre tantas, que deberán zanjar quienes llevan adelante la investigación, tiene que ver con los valores de las facturas y los pasajes y quién las pagó verdaderamente. Página/12 pidió una cotización a una empresa de vuelos privados: a Bariloche en un avión similar el viaje cuesta en total unos 14.500 dólares, al valor del dolar oficial serían 2,5 millones de pesos al valor del dolar del viaje en cuestión. Otro experto del ámbito de la aviación señaló que los valores en octubre de un avión privado de las mismas características rondaba 18.000 dólares el tramo, o sea 36.000. En cualquier caso, parecen ser valores bajos los facturados, más el resto de las anomalías señaladas por la fiscal. Hay que sumarle el catering, que las empresas de aviación calculan en unos 55.000 pesos.
Luego vendrá el capítulo de las facturas por la estadía en Lago Escondido, que presentó Nicolás Van Ditmar –de Hidden Lake SA– y que la AFIP deberá peritar (más los traslados y paseos). También estaban a nombre personal de los judiciales y funcionarios, por 605 dólares cada una fechadas varios días después (el 28 de octubre). Para Bergroth y Reinke, los únicos del grupo que no son funcionarios, señaló la fiscal, resultó llamativo que no se hubieran emitido facturas. “Tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, decía el dictamen. Funcionarios y políticos tienen prohibido recibir este tipo de invitaciones por la Ley de Etica.
Por supuesto que, además de todo esto, está en juego el propósito del viaje. Algunos ejemplos: Mahiques padre había fallado a favor de Lewis, que consideró prescripta la acusación por usurpación de Lago Escondido; Ercolini tuvo fallos a favor de Clarín por la causa Papel Prensa y e impulsó causas de interés del grupo, como la de Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Cayssials no sólo había favoreció al holding de medios para que no se le aplique la ley de medios sino que según publicó el portal Letra P después del viaje a Lago Escondido liberó a Telecom del pago de una multa millonaria por incumplimiento del servicio. Lo mínimo imaginable de ese opulento encuentro era un temario de interés mediático y político, con la justicia como vector pero con enorme protagonismo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/507251-chats-del-lawfare-la-justicia-allano-a-la-empresa-que-realiz
