“Existe una vinculación entre la concentración ilegal de la tierra en manos de magnates como Lewis y otros empresarios nacionales y extranjeros, y el fogoneo de grupos de patotas de su seguridad privada que amenazan, persiguen, amedrentan y violentan a personas y a comunidades pertenecientes o vinculadas al pueblo mapuche en la Comarca Andina”. Esta es la hipótesis de la denuncia que presentó la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti. Lo hizo pocos días después de la detención de las siete mujeres mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que consideró “arbitraria, ilegal e ilegítima”, y ayer la amplió con pedidos de medidas de prueba ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Carpineti había reaccionado a raíz de una convocatoria en redes sociales por parte de “un grupo filonazi en la Patagonia” que llama a “cazar mapuches” y “sacar la basura de nuestros territorios”, en nombre de la Legión Nacional Patriota. Y ahora insistió en la necesidad de que la justicia investigue “la relación entre la apropiación ilegal de territorios –como el caso de Lewis– y sus patotas, con los grupos raciales y xenófobos que amenazan con aniquilar mapuches”.
En diálogo con Página/12, Carpineti mencionó que la fiscal de Bariloche de la que hablan los jueces en el chat es la misma que pidió el desalojo a los mapuches de Villa Mascardi, Cándida Etchepare, quien acaba de impulsar la denuncia por dádivas contra el grupo de amigos de Lewis. “Ojalá la fiscal y la jueza (Silvina Domínguez) responsable del encarcelamiento arbitrario e ilegal de mujeres mapuches durante esos mismos días de la visita de los mafiosos a Bariloche, actúen sin la típica doble vara a la que acostumbro el Poder Judicial a nuestra sociedad, que es ser fuertes con débiles y débiles con los poderosos, ojalá que de una vez por todas se invierta la ecuación”.
Ante la noticia del dictamen que Etchepare firmó ayer, la funcionaria nacional manifestó su deseo de que “la fiscal y la jueza, que son las mismas en ambas causas, sean fuertes con los poderosos y dejen de joder a los débiles con delitos inexistentes”. Carpineti recordó que “días antes había estado (Patricia) Bullrich agitando, todo se concatena”. Para ella, “el escándalo de los chats pone en evidencia la estrategia judicial, mediática y empresarial en la Patagonia, donde los mapuches son la última trinchera de resistencia para que no haya más apropiaciones ilegales de tierras por parte de estos grupos, y la existencia de estos grupos armados que planean liquidarlos”.
“Sacar a los parásitos”
Carpineti explicó que “desde la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia presentamos una denuncia formal para que se investigue una incitación a organizarse en contra de la comunidad mapuche”. Entre las pruebas presentadas aportó el dato de un mensaje anónimo difundido a través de WhatsApp y Facebook: “Un llamado a toda la gente de la Comarca que esté harta de la RAM Mapuche, para hacer patria, proteger nuestra Patagonia y futuro, es la hora de enfrentarse a estos pocos parásitos que están arrasando con la zona y la población. Es tiempo de que el pueblo se levante y saquemos de una vez por todas a esta gente que no es ni será parte de la Patagonia”. Luego sugieren enviar un “mensaje privado” para formar parte del grupo organizado. Para los convocantes, la “Legión Nacional Patriota” es “un grupo formado solamente por vecinos, patriotas, gauchos, todos argentinos, sin ideología política”. También plantearon un posible escenario. “¿Qué haremos? Cuando los poquitos de la RAM estén cortando una calle, haciendo disturbios, o se los vea nada más por la calle, nuestro grupo de WhatsApp dará la alerta, coordinaremos un punto cercano y se los sacará”.
Sin perder tiempo, el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, llevó este mensaje a la Oficina de Acceso a la Justicia y presentó una denuncia. Carpineti entiende que debe ser investigado el “mero hecho de ser miembro de una asociación con manifiestas finalidades discriminatorias expresadas en el ejercicio de la fuerza y el temor para intimidar y combatir las ideas ajenas o imponer las propias”. En la presentación inicial, la funcionaria del ministerio de Justicia solicitó que las empresas YouTube y Meta identifiquen el IP “o en su defecto, el Imei de la página Legión Nacional Patriótica” como así también el día en que se publicó el video, la identificación de quién fue el responsable y su geolocalización. “Le solicitamos al juez una exhaustiva búsqueda en redes abiertas del sitio Legión Nacional Patriótica así como también de las personas cuya identidad arroje la investigación”, apuntó.
Carpineti coincidió en la descripción que hace Carriqueo sobre el origen de los “atentados” por los cuales varios miembros de la comunidad mapuche están detenidos y enjuiciados: ataques realizados y financiados por estos mismos grupos de derecha con vínculos con la gobernadora de Río Negro, agentes de inteligencia, Gendarmería y el PRO. El abogado de derecho indígena Manuel Aliaga los define como “atentados de falsa bandera” que se le atribuyen al “enemigo”, similares a los montajes en Chile.
Al trascender el escándalo de los chats de los visitantes a la estancia de Joe Lewis, Carpineti recordó en su cuenta de Twitter su denuncia y trazó la relación con ese convite. “Si son empleados de Lewis, que les pague él. Que renuncien al salario del pueblo argentino y los beneficios de sus cargos. Que den la cara, sin el apaño del Consejo de la Magistratura. Que renuncien, si les queda un mínimo de decencia y de respeto por nuestro país”, escribió en uno. “¿Quiénes son estos grupos parapoliciales con poco olor local?
Pedimos varias medidas en tribunales para saberlo, pero resulta que, como estaban siendo investigados ‘por los derechos humanos’, cambiaron sus números por otros de EE.UU que son más difíciles de investigar. La soberanía argentina en la Patagonia parece ser muy compleja de ejercer. Millonarios extranjeros convierten cualquier ley y sentencia en papel mojado. Ahora, parece que John Lewis es un armador político que dispone también de jueces en todo el país”, expresó en otro.
Ante el juzgado de Lijo, ayer la funcionaria solicitó medidas sobre un episodio ocurrido en febrero. “Ciudadanos patagónicos y activistas en defensa del libre acceso al Lago Escondido narraron haber sido agredidos y amedrentados por un grupo de alrededor de cincuenta personas armadas y a caballo que resistían su ingreso pese a haber sido habilitado por orden judicial”, precisó sobre el camino de Tacuifí. En aquel momento, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció “agresiones y amenazas a un grupo de activistas que quisieron ingresar al Lago Escondido, pero fueron interceptados por un grupo de 50 personas armados y a caballos ligado al magnate Joe Lewis”. Entre los manifestantes estaba el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, que sufrió una descompensación y debió ser asistido por un helicóptero.
Asesinato de Elías Garay
Carpineti se encuentra en Bariloche para participar del alegato de la querella del sobreviviente Gonzalo Cabrera, Ezequiel Palavecino, coordinador de Acceso a la Justicia en Bariloche e integrante de la APDH de esa ciudad– en el juicio por el asesinato del joven mapuche Elías Garay en la comunidad de Cuesta del Ternero, ocurrido hace poco más de un año. Las consecuencias de estos llamamientos raciales son este tipo de crímenes”, dijo la funcionaria. Los dos sicarios que están siendo juzgados, vinculados al empresario que tiene el permiso de explotación forestal de ese territorio, ingresaron a la comunidad con la excusa de estar cazando y dispararon a Elías y a su compañero
Según los peritos, el día 6 de octubre de 2021 el imputado Marcelo Ravasio escribió: “Acá tomaron el campo los maputruchos. Les voy a meter plomo”. “Esos no son mapuches, hacelos pelota y mandame fotos”, contestó su interlocutor. La declaración del oficial policial que tomó la denuncia de usurpación al empresario forestal Rocco y a su contratista Feilberg informó que antes de retirarse Feilberg le dijo que: “Si no lo resuelven rápido, vamos a contratar a tres monos para sacarlos a tiros”. El oficial no dejó constancia de la advertencia del imputado en el acta. Si la policía hubiera requisado el auto rojo –como lo hacía con cualquier otro vehículo que atravesaba el retén que mantenía aislada a la comunidad para desgastarla y que se fuera– habría encontrado el arma y tal vez Elías estaría con vida. La policía sabía que los imputados trabajaban en la explotación forestal de las tierras que estaban en disputa entre el empresario Rocco y la comunidad.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/505573-gabriela-carpineti-el-viaje-de-estos-tipos-fue-a-pocos-dias-
