El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió comenzar a investigar a Mauricio Macri después de que el fiscal Franco Picardi lo imputara por haber encabezado un “plan sistemático” de espionaje durante su gobierno. Como primera medida, el juez recabará información sobre las llamadas telefónicas que mantuvo el entonces presidente y las visitas que recibió en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos.
Días atrás, Picardi le pidió a Martínez de Giorgi que elevara a juicio la investigación por el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Entre finales de julio y principios de agosto de 2018, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había mandado a un grupo de agentes a hacer vigilancia en dos lugares vinculados a Fernández de Kirchner: su búnker político y su domicilio privado. Según declararon los agentes, les habían pedido que informaran y registraran si alguien entraba con bolsos o bolsas. La vigilancia fue contemporánea con la génesis de la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Esa causa se originó a partir de una denuncia que presentó Cristina Caamaño en febrero de 2020 en Lomas de Zamora. La investigación estuvo en manos de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. El juez Juan Pablo Augé procesó, en este expediente, a los exjerarcas de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y al exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz, un hombre de Patricia Bullrich que desembarcó en la exSIDE semanas antes de que empezara la vigilancia sobre CFK.
Como incluso la Corte Suprema rechazó los recursos de Arribas contra el procesamiento, Picardi pidió que se eleve al cuarteto a juicio y que se investigue a Macri. El juez dispuso una serie de medidas para saber qué hizo el entonces presidente entre junio y noviembre de 2018.
En sintonía con lo reclamado por Picardi, Martínez de Giorgi les pidió a las telefónicas que informen qué números tenía el líder del PRO en ese momento. Además, le solicitó al actual interventor en la AFI, Agustín Rossi, que informe qué línea tenía asignada. El juez no peritará los aparatos, como quería Picardi. Es sabido que la AFI repartió teléfonos encriptados entre Macri y sus amigos durante la gestión Arribas.
A la Jefatura de Gabinete, Martínez de Giorgi le requirió informes sobre los ingresos a la Casa Rosada y a la residencia de Olivos. Quiere saber si Macri estuvo reunido con los mandamases de la AFI pero también le interesan otros dos nombres: Juan Sebastián de Stefano y Bernardo Miguens. De Stefano era el director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI y Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio que pasó a trabajar bajo la tutela de De Stefano.
Tanto De Stefano como Miguens fueron procesados por Augé por haber sido parte del armado legal que armó la AFI después de que descubrieran a los espías que estaban montando guardia afuera del Instituto Patria. Sin embargo, sus procesamientos no llegaron a ser revisados por la Cámara Federal de La Plata. Cuando la causa pasó de Lomas de Zamora a Comodoro Py, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi se ocuparon de dictarles una falta de mérito en el fallo que será recordado como la convalidación de la teoría del cuentapropismo.
Pese a haber decidido avanzar con las medidas sobre Macri, Martínez de Giorgi no aceptó iniciar el trámite para elevar a juicio a los otros cuatro imputados. Le contestó a Picardi que guardaría su planteo para el momento procesal oportuno porque la pesquisa no estaba concluida.
Según dijo el magistrado, aún está analizando qué hacer con los testigos que declararon con identidad reservada en esa causa. Los testigos en cuestión eran los agentes que fueron mandados a espiar a CFK. En Lomas de Zamora decidieron que brindaran su testimonio bajo esa modalidad. Arribas había impugnado esa decisión pero la Cámara Federal de La Plata la validó.
Por el momento, Macri no está presentado en la causa. Es probable que objete los entrecruzamientos telefónicos si el juez llegase a ordenarlos, como hizo en la causa sobre las presiones a los dueños del Grupo Indalo –en la que su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón está prófugo–.
La Cámara Federal de Casación Penal aún debe revisar el sobreseimiento que Macri consiguió en la causa del espionaje a las familias del ARA San Juan de la mano de Llorens, Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Los casadores aún siguen sin dar señales de si aceptarán al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó como amicus curiae en la causa.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/496927-espionaje-ilegal-investigan-las-llamadas-y-reuniones-de-maur
