“La búsqueda de Iván está estancada, la Justicia no autoriza la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y a casi veinte años no fue peritada la foto de su búsqueda dónde él está demacrado y encadenado”. Alejandra Gonza, abogada de la familia del desaparecido Iván Torres Millacura, sintetiza de esta manera el estado de la causa judicial por el habeas corpus del joven de origen mapuche, que fue visto por última vez el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, luego de ser hostigado en forma sistemática por la policía.
Millacura mantuvo reuniones con una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que pasó por Buenos Aires para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, entre ellas la referida a la desaparición forzada de su hijo–, con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el Procurador interino Eduardo Casal y el secretario de Derechos Humanos. En diálogo con Página12, su abogada resumió el resultado de los encuentros, cuyo denominador común fue “el reconocimiento por parte del Estado del incumplimiento de la obligación de búsqueda”.
Especializada en derechos humanos, salteña de origen, radicada en Seattle donde es docente universitaria, Gonza explicó que también hay un incumplimiento en investigar y sancionar a todos los responsables de lo sucedido con Torres. Esta vez María Millacura estuvo acompañada por su hija, Valeria Torres. Había venido para un encuentro similar hace tres años, cuando la CorteIDH vino por primera vez a supervisar el cumplimiento de la sentencia que condenó en 2011 al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván.
“Es claro que se necesita un mecanismo extrajudicial de evaluación y de diseño de un plan integral de búsqueda con hipótesis razonables de lo que pudo haberle pasado a Iván, porque de la justicia no vamos a obtener respuesta”, anticipa tajante Gonza.
Los pedidos directos que le hicieron al gobierno fueron el fortalecimiento del equipo de la secretaría de Derechos Humanos, con recursos humanos y económicos para hacer trabajo de campo. “Al Ministerio Público Fiscal le pedimos funcionarios que no vengan de la Procuvin y al ministerio de Seguridad el refuerzo del equipo que trabaja en la causa por el hábeas corpus de Iván”, dijo. Esto será evaluado en una nueva audiencia virtual el 25 de noviembre, con el Estado y las partes.
Para la abogada Gonza es como barajar y dar de nuevo “con una mesa bien tendida, ya la tenemos, estamos sentados con el Estado. Pero Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas. Los mecanismos no son suficientes para afrontar los casos de desapariciones forzadas en democracia. No estoy hablando de todas las personas extraviadas. Hay otros modelos donde los mecanismos de búsqueda son autónomos de la justicia y de todos los órganos del Estado, con mayor cercanía con las familias”.
Y agregó: “Este equipo debería ser interdisciplinario y tomar un aspecto de evolución jurídica que es buscar en dignidad, un aspecto humanitario por el cual las familias deben tener resueltas todas sus necesidades básicas y psicológicas”. La letrada afirmó que el programa “Buscar” lo tiene a Iván junto a criminales y violadores prófugos, y sugiere la implementación de un registro único de desapariciones forzadas similar al que se configuró para este delito cometido durante la dictadura. Con la visita de la CorteIDH, la recompensa por datos sobre Torres fue incrementada a 5 millones de pesos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/494000-a-20-anos-de-la-desaparicion-del-joven-mapuche-ivan-torres
