Por tercera vez desde que comenzó la investigación fue postergada la elevación a juicio de los cuatro policías chaqueños imputados por torturas seguidas de muerte. Su víctima fue Leandro Bravo, asesinado el 26 de febrero pasado, y es uno de los poquísimos casos por violencia policial que llega a la instancia oral y pública. Leandro murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle sin ofrecer resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo tres policías. Había llegado al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas. El 14 de marzo fueron detenidos cuatro de los doce uniformados implicados, acusados de tormentos seguidos de muerte: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez. Además, uno de los abogados que defiende a estos policías recusó a la fiscal Silvia Slusar pero el planteo para apartarla del caso no prosperó. La jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, rechazó la recusación porque consideró que no cumplía con lo que exige el Código Procesal Penal.
La etapa preliminar de instrucción se extenderá hasta el 13 de octubre, a partir de un pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta, que fue recibido favorablemente por el juzgado de Liva. La fiscal Slusar planteó que falta obtener los resultados del peritaje de tres teléfonos celulares secuestrados y bajo análisis del Gabinete Científico de Resistencia. Los expertos pretenden recuperar todas las comunicaciones de los imputados entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2022. También están pendientes declaraciones testimoniales de personas que aún no se presentaron, y del comisario que estaba al frente de la comisaría de Charata el día de la muerte de Bravo.
La recusación de la fiscal que no prosperó había sido pedida por el abogado César Collado, por supuesta enemistad manifiesta con su persona, por dichos durante una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Angela. Collado ya había denunciado a la fiscal hace cinco meses por supuestas irregularidades en el trámite de la causa en la que imputó a sus dos defendidos por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua.
Resabios de la dictadura
“La solidaridad del pueblo fue clave para conseguir las pruebas, la palabra de los testigos podíamos verificarla con las imágenes, decían la verdad, y eso fue clave para que cuatro de los once policías que participaron estén con prisión preventiva, acusados de tortura seguida de muerte”. Nora Nieto habla con la entereza de los familiares resilientes, con la misma firmeza que expresó cuando fue recibida por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich por el asesinato de su hijo. “Hoy ya están exonerados de sus cargos, pero no es buena voluntad de la fiscalía, a los tres días vinieron del Comité para la Prevención de la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y encontraron una mesa llena de pendrives y CDs con todo lo que pasó, las últimas horas de vida de Leo, hasta que lo bajan muerto en el hospital”, dice a Página/12 la madre de Leandro. “Esos policías son muy jóvenes pero están amaestrados por los resabios de la dictadura, con el manual de cómo golpear y licencia para hacerlo”, agrega.
“Los policías pidieron ser liberados en cinco instancias pero la Cámara del Crimen de Villa Ángela por unanimidad resolvió rechazar ese pedido, y ahí recién pudimos respirar”, dice Nieto, con emoción en sus palabras y un natural manejo de la jerga tribunalicia porque su marido y sus hijas son abogadas, salvo una que es médica. El argumento principal de la defensa es que Leandro era un adicto, que murió por el deterioro de su cuerpo por el consumo. “Cuando vio a mi hermano el médico forense que hizo la primera autopsia, llena de mentiras, dijo ‘por fin se murió esta basura”.
Leandro Bravo tenía 37 años, una vida familiar con dos hijos, le faltaban pocas materias para recibirse de abogado y trabajaba en el Poder Judicial. “Llevaba una vida organizada hasta que en 2017 quiso ayudar a sus vecinas, ellas no querían que ingresara un señor que tenía una causa por violación infantil. Estaban discutiendo, ni siquiera llegaron a las manos, pasó el 911 y lo agarraron a Leo entre tres, lo golpearon hasta desfigurarlo”. A Nora se le quiebra la voz, y no será la primera vez. “Le rompieron el macizo facial, le fracturaron varias costillas y le produjeron un neumotórax. Una de mis hijas fue hasta la comisaría a esperarlo. Tenemos los videos de la golpiza, la gente dice ‘ahora lo llevan al Campito y lo van a torturar’, es la lógica de la policía del Chaco. Él mismo pudo contar que lo llevaron detrás del Cementerio y lo reventaron a palos”.
Cuando llegó a la comisaría estaba todo ensangrentado, el médico forense se negó a atenderlo. Lo internaron y estuvo varios días en terapia intensiva. No podía respirar porque las fracturas le habían tocado el pulmón. “Leo quedó afectado en su autoestima y confianza, nos decía que lo habían tratado como una basura y se sentía así”. Para Leo fueron cinco años de tortura, le tenía miedo a la policía por la paliza que le habían dado y porque lo empezaron a hostigar. Era constante, ‘así que vos sos el vivito que nos denunciaste’, lo llevaban, lo fajaban y lo soltaban. Hasta que ese 26 de febrero lo agarraron desprotegido y lograron su objetivo, que era sacarle la vida”. Nora no puede seguir y ahoga su llanto con la mano. Toma la palabra Luciana.
Limpiar la sangre
Ese día hacía 40 grados de calor, estaba en la casa de un primo y salieron a comprar algo en una moto. “La camioneta policial empezó a seguirlos, él se baja en la casa de una vecina que ya la conocía gritando ‘Beti ayudame’, la mujer estaba durmiendo y le responde que la esperara mientras se cambiaba. Cuando sale ya lo ve a Leo media cuadra más adelante forcejeando con la policía en la calle, corre a ayudarlo y le dice a la policía que lo deje”. Los policías insistían con preguntarle si Leo había querido entrar a robarle, ella les dijo que no.
“Beti nos da los videos de todo lo que pasó. Leo estaba muy asustado, la policía lo sigue y le cruza la camioneta, las testigos del caso tratan de ayudarlo. Al llegar a una esquina llegan los cinco vehículos policiales que hay en Charata, se bajan todos como hienas. Leo estaba parado contra un árbol”. Las hermanas relatan que en los videos se ve como lo reducen, le ponen las botas arriba, le pegan en el piso, lo tiran adentro de la camioneta boca abajo, esposado, y dos policías se le suben encima. “La chapa del piso estaba hirviendo por el calor. En el pueblo es costumbre juntar el agua que sale de los aires acondicionados en unos baldecitos para que tomen los perros de la calle. Los policías tomaron ese agua y limpiaron la sangre de Leo”.
Cuando lo llevaron a Sanidad, la enfermera al verlo se negó a atenderlo. Una de las testigos sostuvo que nunca lo bajaron de la camioneta, que ya estaba muerto. “El fiscal, que era amigo de toda la vida de nuestra familia, nos dice que no había sido nada, que murió de un paro cardiorespiratorio, que él estaba mal de salud, que no tenía golpes ni marcas. Le dije ‘Hugo, cómo me decís eso si nos estuvieron llamando toda la tarde, que lo cagaron a palos, la policía lo mató a golpes”, relata Luciana. Hugo Baigorri insistía en que fueron viejas lesiones del corazón, un rasponcito en los hombros. “Nosotras lo queríamos ver y él todo el tiempo que no. Tuvimos que llegar hasta la sala funeraria, y el señor que nos atendió nos dijo ‘véanlo antes que yo empiece’. Pudimos ver los golpes, en los hombros se veía el hueso por las quemaduras, la cara golpeada”.
Soldar el cajón
Durante el velorio la gente se ofrecía a declarar. “Beti fue la primera, nos dijo que ella no había denunciado a Leo, que lo conocía, a veces él comía con ella. La obligaron a firmar una declaración falsa en la comisaría. Denunció al oficial que la forzó, el mismo que inició todo, que encima es uno de sus inquilinos”. Las cámaras lo muestran con el torso desnudo sin lesiones antes de que lo agarraran. Son más de 20 cámaras con 170 videos de particulares con los que la familia pudo reconstruir la secuencia de dos horas previas a la persecución, en ocho cuadras a la redonda, y la golpiza mortal.
Luego de la confirmación de las detenciones de los policías comenzó la persecución a la familia, los testigos y la perito forense Virginia Créimer. En la primera autopsia dijeron que habían abierto los riñones de Leo y que estaban con una infección, pero nunca fueron sacados de su cuerpo. “Por la reautopsia que hizo Virginia y su equipo sabemos que los ‘rasponcitos’ que decían ellos son quemaduras de más de 70 grados”. En ese segundo estudio del cuerpo, Créimer detectó las fracturas de la golpiza de 2017. “Hicimos soldar el cajón, así no podía meter mano nadie, ya no sabés en quien confiar”, dice Nora. “Una tiene que llorar al hijo y no pensar cómo cuidarse, cómo activar, no podés hacer el duelo”, agrega. “Hizo varias veces rehabilitación, ahí lo hacían escribir, tenemos guardada una bolsa con cuadernos”, cuenta Luciana.
Tejiendo lazos
En el Serpaj se realizó un encuentro convocado por la agrupación Pañuelos en Rebeldía –Claudia y Mar Korol, junto a Aníbal Mosquera– y estuvo presente la mamá de Leandro; Luciana Gruszycki y Florencia Sánchez, dos de las cuatro hermanas; su novia y uno de sus primos; además de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo (LF) y Emilia Vasallo, de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El libro Justicia por Leandro Bravo ya fue presentado en varias ciudades, entre ellas La Plata, y en cada oportunidad se convierte en un conversatorio para pensar estrategias sobre cómo seguir en la lucha por justicia por Leandro y todes les pibes asesinados por la bala policial.
A partir del caso Bravo los vecinos de Charata comenzaron a denunciar episodios de hostigamiento y maltrato policial que callaban por miedo, pibes detenidos y golpeados durante la pandemia por no llevar barbijo. En definitiva, los familiares se juntan para compartir su dolor y sus experiencias para potenciar una articulación colectiva. “Además de armar una red comunicacional hay que denunciar la oleada de agresiones y amenazas que reciben los familiares, los peritos y los testigos, es una contraofensiva para asustar”, dice Korol. Y destaca que “con el argumento de las adicciones están criminalizando a los pibes y a las pibas, no hay víctimas de primera y de segunda”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/485995-caso-leandro-bravo-postergan-la-elevacion-a-juicio-de-cuatro
