¿Ya fue a tu casa a la policía? Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición. Lejos de abrir las demandadas instancias de diálogo, desde el Ministerio de Educación porteño la respuesta fue pasar al plano de la judicialización y el amedrentamiento. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse. Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan “cientos” de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa. Se sumó a la inédita presentación civil hecha por el martes la ministra Soledad Acuña a través de la Procuradoría General, que calcula costas millonarias por día de toma de los hijos.
“Una locura jurídica”, sintentizó Diego Morales, del Cels, el tenor del planteo. “Un escándalo persecutorio que está teniendo el efecto contrario al buscado”, calificó María del Carmen Verdú, que con la Correpi está asumiendo algunas defensas. Desde la comunidad educativa denuncian una “estrategia de amedrentamiento y persecución“, mientras se suceden abrazos como el que ayer se hizo, con gran concurrencia, en el Mariano Acosta, y el que se anuncia para hoy al mediodía en el Lengüitas.
Relatos policiales
Los padres y madres de diferentes escuelas relatan la nutrida presencia policial frente a las escuelas, durante las tomas, con oficiales requiriendo algo que denuncian como ilegal: datos personales a los menores. Tanto en el Acosta como en la Escuela de Teatro Niní Marshall, se reportaron también camionetas sin patente en la puertas de las escuelas y alrededor de la manzana. Al ser requerida la identificación por los padres en la Niní Marshall, se presentaron como “del Consejo de Menores”, pero los ocupantes se negaron a identificarse.
A los chicos y chicas el personal policial les preguntaba, según pudo recabar Página/12, sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos que documentó este diario los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insisitente requerimiento policial en las puertas de los colegios.
La insistencia se trasladó luego a las casas de les chiques, para notificar a los padres que recaía sobre ellos una contravención…. por el hecho de ser padres. El inédito delivery de imputaciones comenzó el martes por noche y siguió durante el miércoles. Si, por ejemplo, iban por la noche y no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente. “En mi caso sentí que fue a propósito. No sé si pensaron que me estaba escondiendo pero, como no me encontraron, tocaron todos los timbres del PH para avisarles a los vecinos que habían pasado por mi casa. Una especie de escrache vecinal”, interpreta Martín, padre del Lengüitas.
“Me preguntaron si sabía lo que estaba haciendo mi hija, ¡qué tremendo!”, cae en la cuenta Laura, madre del Liceo 5. “Yo les dije que por supuesto, que lo sabía y que la apoyaba. De alguna forma los estaba esperando porque en el grupo de padres ya varios habían contado que fueron. Pero no dejó de ser intimidante y amenazante, más con esa pregunta de arranque. Me puse re nerviosa, cuando se fueron me quedé temblando. Tal como me recomendaron, grabé todo lo que el oficial me leyó. Y enseguida me puse en contacto para ver si hacemos una respuesta colectiva o individual”.
Las familias se fueron asesorando con el transcurso de las horas: recibir las comunicaciones, no negarse a firmar, no minimizarlas más allá de que no tengan un asidero jurídico que las sostenga a futuro, averiguar sobre el expediente con el número de causa, recurrir a la Defensoría General o a un abogado particular que los patrocine.
“Esperando. O desesperando”, relata Martín Smud que están como familia en este mismo momento. Hizo un relato en este diario con el que cientos de famlias hoy se sienten identificadas: “La policía todavía no pasó por casa”, lo tituló. Repasa la “desesperación”, de las primeras horas. “Qué hacer, qué no hacer, cómo… Lo que están haciendo Larreta y Acuña es increíble pero uno tiene que asesorarse, creo que debo haber recibido 500 WhastApp por hora. Como grupo de familias del Lengüitas barajamos distintas posibilidades y en principio la idea es una presentación conjunta”, cuenta.
Las denuncias y las demandas
Que las viandas que entrega el Gobierno porteño alcancen para todes y que se puedan comer (ver nota aparte). Que no se caigan los techos en las aulas, como muestran en fotos los estudiantes de la Niní Marshall, ni las persianas a la calle, como ocurrió recientemente en el Acosta. Que el presupuesto educativo de la ciudad más rica del país no disminuya año a año. Que las reformas no sean inconsultas. Que cuando se imponen “prácticas laborales” obligatorias y no remuneradas, eso no se traduzca en ir a lavar platos a un hotel, servir café o envolver sanguchitos, como contó Página/12 que está ocurriendo. Son algunas de las demandas de les estudiantes que, en todos estos días de conflicto instalado, y a pesar de que el tema de “las tomas” ha pasado a primer plano en la agenda informativa, han quedado llamativamente fuera de foco. La ministra Soledad Acuña no ha tenido ni siquiera que molestarse en negar los reclamos; simplemente, la atención estuvo puesta en la criminalización de las tomas.
A las familias se las notifica de una contravención que estarían protagonizando sus hijes: La número 60, que refiere a ocupar lugares públicos o privados sin autorización. “El sinsentido empieza en el hecho de que las escuelas no tienen derecho de admisión, y sigue por que los menores de 18 años no se les puede imputar una contravención. Y son sujetos de derecho, no mascotas por las que deben responder sus familiares”, describe Morales.
En su mirada las familias son puestas en “una situación dilemática: o enfrentan una situación crítica como es un proceso penal –más allá de que no tenga asidero, el planteo es ese–, o deben desistir de un reclamo válido, en este caso, el que protagonizan sus hijos”. “Todo esto es realmente una locura, la única intención de esta estrategia es generar un efecto inhibidor en los reclamos de niñas, niños y adolescentes”, concluye.
La pregunta por cómo se obtuvieron los datos de los familiares, con direcciones actualizadas, aparece también. “Son datos que tiene el Ministerio, lo llamativo es que no se han equivocado, en todos los casos llegaron a familias cuyos hijes estaban en la toma. Sabemos que si de algo entiende la Ciudad, es de inteligencia, así que no nos sorprende”, responde Verdú. “Si querían bajarle los decibeles a la cuestión, yo creo que están fallando. Si había algúna mamá o un papá que estaba pensando en desalentar la toma, con la indignación que esto provocó, pasó a apoyarlo”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/485787-tomas-de-escuelas-el-repudio-a-la-persecucion-de-estudiantes
