En el marco de la creciente violencia armada que es una pesada herencia del gobierno saliente de Iván Duque, cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en la madrugada del domingo luego de que hombres armados tirotearan a un grupo de lugareños que conversaban en un barrio de La Unión, en el departamento del Valle del Cauca. El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) informó que al 12 de julio de este año en Colombia se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos, uno de los legados más dramáticos de Duque, quien dejará su cargo el próximo domingo para que asuma Gustavo Petro.
Sumado a la falta de respuesta ante el conflicto armado, el mandatario de derecha nunca realizó una autocrítica frente a las masivas movilizaciones que se multiplicaron contra su gestión desde 2018. Las protestas más fuertes fueron las del año pasado, en las que la represión policial y militar dejó miles de heridos, desaparecidos y más de 70 muertos. Al respecto, en una entrevista con un diario local Duque aseguró que hubo una “confabulación” para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con “tres pandemias”.
53 masacres y más de 100 líderes asesinados
“Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) están en el lugar de los hechos”, dijo a periodistas la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. El 25 de julio las autoridades informaron que tres personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC, fueron asesinados a tiros en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia, menos de 24 horas después de que un reconocido líder y ambientalista fuera asesinado en el municipio de La Dorada, en Caldas.
Al igual que las masacres, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco cesa y ya superó el centenar de homicidios en lo que va del año. Al exconcejal Raúl Alonso García lo asesinaron el siete de julio en un municipio de Arauca, en la frontera con Venezuela, y se suma a una trágica lista en la que aparecen otros nombres como el del líder comunal Jaime Losada en el Putumayo, en la frontera con Ecuador.
“Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019”, aseguró Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio. A la “arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales” se le sumó el contexto de un año electoral que puso en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.
Preocupación de la ONU
La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar “no ha logrado frenar” la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en “un incremento progresivo de los homicidios”. Así lo aseguró la diplomática el martes pasado durante la presentación del “Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno”, que fue entregado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.
Entre 2016 y 2021, esta agencia de la ONU verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. “Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia”, explicó De Rivero, quien mostró su preocupación por el aumento de un 200 por ciento en la cantidad de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.
Teniendo en cuenta esta situación, el informe concluye que “es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas”, ya que el enfoque hasta el momento utilizado “ha mostrado sus limitaciones”, en palabras De Rivero. A esto se suma la falta de implementación de aspectos claves del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, se recoge en el informe de la ONU.
Reclutamiento y asesinato de menores
Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados. Los mayores reclutadores, según el último informe del Secretario General, fueron las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El informe de la ONU menciona cifras que pasaron desapercibidas en medio de la magnitud de la crisis humanitaria reciente: en el periodo analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia en medio de reclutamiento: 31 menores de edad resultaron muertos y 39 mutilados. “Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (seis) y tortura y tratos inhumanos (tres)”, aporta el documento.
El reclutamiento de niños y adolescentes es una bomba que deberá desactivar el gobierno entrante de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y el compromiso de no involucrarlos en el conflicto será otro de los temas centrales de cara a los acercamientos con los grupos armados en búsqueda de lo que Petro ha definido como su propuesta de “paz total”.
Duque denuncia una confabulación
A una semana de dejar la presidencia de Colombia y sin hacer ninguna autocrítica sobre su fallida política contra la violencia armada, Iván Duque evaluó que uno de los peores momentos de su gestión fue el estallido social de abril de 2021 y aseguró que hubo una “confabulación” para hacer “colapsar” al país. En esas semanas se produjo un paro nacional y manifestaciones en contra de una reforma tributaria regresiva impulsada por Duque y su equipo económico.
“Me quedo con tres pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad”, dijo Duque en una entrevista publicada este domingo en el diario El Colombiano. “Vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan para tratar de debilitar a los gobiernos”, afirmó.
Cuando se le consultó a Duque si se arrepentía de las objeciones que durante su gestión le realizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la semana pasada le imputó cargos a 22 militares por 303 falsos positivos, el mandatario saliente se limitó a decir que le hubiera gustado “agotar el diálogo” y buscar acuerdos. Durante su gestión, Duque intentó sin éxito revisar la JEP con reformas que le quitaban sus facultades.
Recientemente, el líder de derecha se ausentó cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final ante el país, un extenso documento en el que varios comisionados entrevistaron a miles de ciudadanos afectados por la guerra. Días atrás la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles en los denominados casos de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las personas asesinadas por las fuerzas armadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/441547-colombia-el-incremento-de-la-violencia-armada-la-pesada-here
