El comisario Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y otros siete intentos de homicidio, estuvo pidiendo acceder a salidas transitorias para ir a ver las abejas porque -dijo- está estudiando apicultura. También solicitó el beneficio de la libertad condicional. La justicia se los denegó, tanto en primera instancia como con un fallo de la Cámara de Apelaciones. Para tomar esta decisión, el juzgado consultó a los querellantes –los heridos en la masacre de Avellaneda y los familiares de Kosteki y Santillán–, que se opusieron. También se opuso la fiscal del caso, Paula Martínez Castro, que señaló que “transcurridos 20 años, parecería que (Fanchiotti) no ha logrado conmoverse subjetivamente ni interpelar su accionar”.
Sobre la represión en la que él con su grupo de policías de la Bonaerense, además de matar a Kosteki y Santillán, hirieron con balas de plomo a 33 personas, Fanchiotti sigue diciendo lo mismo: que “debía resguardar el orden público”. Es la misma definición que pronunció recientemente el expresidente Eduardo Duhalde, entrevistado para el documental Diciembre, en el que admitió que él dio la orden de que los piqueteros que manifestaban en el Puente Pueyrredón no entraran a la Capital Federal. “Dí la orden de que no pasaran”, sostuvo. Y agregó: “La gente no puede hacer lo que quiera”.
La represión en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán tuvo una preparación desde el Estado que no está oculta: en los días previos a la marcha piquetera, la SIDE le filtró a los medios hegemónicos un informe de inteligencia en el que aseguraba que los manifestantes iban a derrocar la presidencia de Duhalde, una acusación delirante.
Duhalde coordinó con el gobernador bonaerense Felipe Solá un operativo que reunió a la Policía Federal, la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura, para impedir que la marcha cruzara el puente Pueyrredón y llegara a manifestar en la Plaza de Mayo. Sus funcionarios más cercanos le dieron títulos paranoicos a la prensa: el jefe de Gabinete, Alfredo Atanassof, dijo por ejemplo que si los piqueteros cercaban la Capital el Gobierno lo tomaría “como una declaración de guerra”; el secretario de Seguridad Juan José Álvarez advirtió que no iban a permitir “que se incomunique a la ciudad de Buenos Aires con los cortes de todos sus accesos”. El canciller Carlos Ruckauf aseguró que “tanto la Policía como la Gendarmería podrían verse ‘desbordadas’ por la emergencia social, con lo cual “las Fuerzas Armadas tendrán un rol a cumplir”.
El operativo policial puso sobre el Puente a 350 efectivos, pero además actuó personal de civil. Iniciada la represión, la policía persiguió a los manifestantes durante una hora, disparándoles. La versión que se intentó instalar desde el poder es que los piqueteros se habían matado “entre ellos”. No sólo lo dijeron fuentes policiales: el gobernador Felipe Solá se lo aseguró ese mismo mediodía a Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, que lo llamó para pedirle explicaciones.
Todos estos elementos fueron presentados, luego de la condena contra Fanchiotti y sus policías, en una denuncia para que se investiguen las responsabilidades políticas. El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, nunca avanzó. Incluso fue archivado, aunque luego logró ser reabierto por los familiares de Santillán y Kosteki. La causa sigue abierta y es mantenida en actividad, básicamente, por las presentaciones que realizan los querellantes.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/432454-kosteki-y-santillan-la-paralisis-de-la-causa-sobre-las-respo
