La quiebra del Correo: El dictamen de Casal que aniquila la estrategia de Macri

El intento de los Macri de meter por la ventana al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) para tener jueces/zas aliados/as en el caso del Correo, sufrió un fuerte traspié. Es porque el procurador interino Eduardo Casal –en quien el macrismo confió para muchas cuestiones– dictaminó que esa corte porteña no puede intervenir en un expediente que está a cargo de la justicia nacional comercial, y en este caso puntual desde hace 20 años. Dos dictámenes similares se conocieron este jueves y proponen rechazar los planteos de SOCMA, accionista y controlante de la empresa postal, que pretendían el apartamiento de la fiscala Gabriela Boquin y de la jueza Marta Cirulli, además de dejar el terreno allanado para que el TSJ capte todo el expediente del concurso de acreedores. Boquin fue quien reveló en 2017 el acuerdo donde el Estado nacional, con Mauricio Macri en la presidencia, aceptaba condonarle al Correo el 98,87 por ciento de su millonaria deuda. Cirulli es la magistrada que este año finalmente decretó la quiebra de la empresa y que se dispuso a investigar, en línea con las denuncias de la fiscalía de Cámara las maniobras de vaciamiento y de manipulación de las mayorías, entre otros presuntos fraudes. Ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema. 

Cuando SOCMA y luego el propio Correo recurrieron al TSJ, todavía la jueza Cirulli no había decretado la quiebra y las jugadas apuntaban a frenar esa decisión. Lo primero que buscaron fue el apartamiento de Boquin y de Cirrulli. La quiebra, dispuesta el 5 de julio, está apelada ahora y la propia jueza decidió dejarla en suspenso, por lo que para el grupo Macri sigue siendo una apuesta fuerte que la corte porteña, como sea, atraiga el expediente concursal. Ese tribunal tiene tres integrantes que el macrismo considera aliados/as. Empezando por su presidenta, Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata fallida del exmandatario a la Procuración General, también Santiago Otamendi, que fue viceministro de Justicia con la gestión de Germán Garavano, y Marcela de Langhe, nombrada por Macri en el Instituto de Seguridad Pública porteño. Precisamente ese trío dio los votos necesarios  para que el TSJ admitiera la competencia planteada por SOCMA/Correo, aunque nunca se llegó a pronunciar sobre otras cuestiones de fondo porque quedó trabado el conflicto con los tribunales nacionales. La Sala B de la Cámara Comercial rechazó la intervención de lxs supremxs de la Ciudad de Buenos Aires y ahí la discusión fue a parar a la Corte Suprema. 

La inédita decisión del TSJ, firmada a fines de junio, se metía directamente con un fallo de la Cámara Comercial, que había rechazado las recusaciones contra la fiscala y la jueza. En el ámbito judicial causó muchísimo asombro porque se trata de jurisdicciones completamente ajenas. El fallo invocaba otro de la Corte llamado Bazán, de 2019, que decía que ante un conflicto de competencia entre un juzgado nacional penal y uno contravencional el órgano superior que debe definir es la corte porteña. Pero también se ponía a criticar la falta de una reforma que concrete el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. O sea, disponían hacer una especie de reforma de hecho, a fuerza de fallos. De acuerdo a la teoría de su mayoría, deberían ser traspasados los fueros Comercial, Civil y Comercial y Criminal y Correccional. A la vez, citaban un antecedente propio con el que ya preparaban el terreno a medida del caso Correo: era un fallo a favor del panelista Gabriel Levinas, que también recurrió al TSJ en pedido de socorro, después que la justicia civil lo condenara a pagar una reparación de 88.000 dólares a la familia del artista León Ferrari, quien le había entregado unos collages y dibujos para exponer en París, los vendió y se quedó con el dinero. Lo impactante fue que en la sentencia sobre la competencia en el caso Levinas-Ferrari, el tribunal porteño dedicó párrafos a anticipar que los procesos de concursos de acreedores –sin relación alguna con el asunto en discusión ahí– podría tramitar en los tribunales de la ciudad. 

La Corte Suprema le pidió opinión la procurador interino Casal y este fue al grano: “Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.  El dictamen le propone a lxs supremxs que desconozcan la competencia del TSJ y eso implicaría, además, confirmar el rechazo a las recusaciones de la jueza Cirulli y de Boquin. Casal se apoyó en lo que ya había dicho sobre el expediente Levinas también: “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia” dictada por la justicia nacional.  “La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, algo que sólo podría ocurrir a través de una ley votada por el Congreso, aclara.  

Así las cosas la Corte no está obligada a seguir el criterio del Procurador, pero lo que diga será decisivo. Lo que sea que diga, sentará un criterio general clave para futuros casos y en el del Correo puntualmente les permitirá a la fiscala y la jueza actuar con libertad. A Boquin, por ejemplo, lo tocará opinar nada menos que en la apelación de la quiebra, que está a estudio de la Cámara Comercial. Los Macri siguen sosteniendo que ellos hicieron todo bien y que su deuda es de 1000 millones de pesos, que es lo que ofrecieron pagar y la justicia descartó. La fiscalía ya había calculado que con los intereses adecuados, la deuda supera los 6000 millones. La Procuración del Tesoro contestó ya la apelación, donde plantea una vez más que si no se aplican intereses con la tasa del fuero comercial, que es la tasa activa del Banco Nación, se produce una licuación grosera del crédito. Además cuestionan las conformidades que presentó el Correo para conseguir mayoría y salvarse de la quiebra: eran del año 2007 e incluía al Meinl Bank, entidad austríaca acusada de lavado de dinero y hoy inhabilitada.