Lesa Humanidad: Segunda condena para el represor que se hacía llamar "Mayor Peirano"

El exagente de inteligencia Carlos Antonio Españadero recibió ayer su segunda condena por delitos de lesa humanidad entre fines de 1975 y 1977. El Tribunal Oral Federal 6 dispuso una pena de 16 años de prisión por secuestros y torturas contra 17 personas, incluidos niñxs y adolescentes, hijxs y sobrinxs de Mario Roberto Santucho, a quienes el Ejército usó como señuelos para intentar capturar al jefe del ERP. También lo condenó por al abuso deshonesto de una joven de 15 años en cautiverio. El exinterrogador del Batallón de Inteligencia 601, al hacer uso de sus últimas palabras, se comparó con Jesucristo y destacó que intentó ser “fiel a mi Ejército”. El tribunal pospuso los pedidos para revocarle el arresto domiciliario y para que se desafecte el edificio donde funcionó el centro clandestino Puente 12-Protobanco-Brigada Güemes, a un costado de donde hoy funciona el Ministerio de Seguridad bonaerense a cargo de Sergio Berni.

Españadero, de 89 años, pasó a retiro como oficial del Ejército en 1970, cuando se incorporó como personal civil del Batallón 601. Allí se especializó como amable interrogador tras las sesiones de torturas físicas y psíquicas. También se ocupó de formar a infiltrados en el ERP, tarea de la que llegó a ufanarse mientras reinaba la impunidad. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo condenó en 2014 a prisión perpetua por el secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Diéguez.

Tanto la fiscal María Ángeles Ramos como las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de víctimas y familiares representados por el abogado Pablo Llonto habían pedido 25 años de prisión. “Si la magnitud del daño es enorme y no hubo arrepetimiento, la medida de la pena debe ser proporcional”, justificó entonces Ramos. El tribunal que integran Rodrigo Giménez Uriburu, Sabrina Namer y Néstor Costabel dispuso 16 años de prisión. Los fundamentos se conocerán el 15 de octubre.

Los delitos más antiguos por los que fue condenado Españadero ocurrieron el 8 y 9 de diciembre de 1975, cuando el Ejército secuestró a un grupo de niñxs y adolescentes de entre nueve meses y 15 años de una casa de Morón donde celebraban un cumpleaños. Todxs integraban el núcleo familiar de Santucho y fueron trasladados a Puente 12, donde padecieron tormentos e interrogatorios. Allí, entre los gritos de las torturas a otros detenidos, escucharon por primera vez a quien se presentaba con su alias “Mayor Peirano”. Su derrotero continuó por el Pozo de Quilmes y, en un frustrado intento de engañar a Santucho, fueron llevadxs por Españadero a un hotel del barrio de Flores. El ERP organizó un rescate, que burló la custodia y les permitió llegar hasta la Embajada de Cuba, donde estuvieron más de un año hasta que pudieron exiliarse. “No tuvo escrúpulos en disponer el secuestro de nueve niños y adolescentes con la meta clara de usarlos como señuelo para encontrar a Santucho, ni de interrogar con tono tranquilo pero insistente a esas criaturas a las que tuvo durante una noche completa aterrorizadas”, recordó Ramos al alegar.

Ricardo Landriscini y José Luis Ujhelly, médicos del Hospital Posadas, estuvieron más de un mes en Puente 12, donde fueron interrogados sobre sus compañeros. Cuando Españadero le anunció a Landriscini que sería liberado, le dijo que en caso de ser detenido otra vez dijera que su caso “lo lleva el Mayor Peña”, su otro alias. Fue Ujhelly quien volvió a ser secuestrado, entonces en la ESMA, de donde lo liberaron tras invocar al “Mayor Peña”. El exagente reconoció durante su indagatoria que investigó a trabajadores del Posadas y que llegó a la conclusión de que “la mayoría no eran terroristas”, por lo cual propuso su liberación.

Los matrimonios compuestos por Raúl Gagliardi y Mariana Méndez, María Rosa Navarro y Mario Gneri, militantes de Política Obrera, fueron secuestrados en marzo de 1977 y trasladados a Protobanco. Cinco días después quedaron en “libertad vigilada”, que incluía visitas de Españadero. En una se presentó en la casa de los padres de Navarro para “hablar de marxismo”, junto con otros dos hombres. Cuando el padre se presentó como teniente coronel retirado del Ejército, su interlocutor blanqueó su apellido: “Mayor Españadero”. El otro caso por el que fue condenado se inició el 12 de octubre de 1976 con el secuestro de Graciela Lucía Bravo, de 20 años, a quien el “Mayor Peña” interrogó durante su cautiverio en la Comisaría 26 porteña sobre su relación con el conscripto Rodríguez Diéguez. Españadero le dio la noticia cuando lo secuestraron en Chubut.

Al hacer uso de sus últimas palabras, Españadero dijo que “era sólo un mayor retirado empleado que actuaba como miembro de un servicio secreto, sin jerarquía para tener facultades para ninguna cuestión de esas”, en referencia a los secuestros y torturas. “Intenté ser fiel a mi Ejército”, destacó. “Desde hace 20 años soy perseguido y hostigado”, se victimizó. “Estoy seguro que los verdaderos criminales han quedado impunes”, dijo, y añadió que “sólo me cabe esperar, salvando las distancias, y recordar a Jesús cuando desde la cruz dijo ‘señor, perdónalos, no saben lo que hacen’”.

Giménez Uriburu leyó la sentencia, que transmitió el canal comunitario La Retaguardia. Españadero, canoso y de cejas gruesas, escuchaba atento desde su casa, igual que las víctimas. El TOF-6 dispuso 16 años y no los 25 que pidieron los acusadores. Tampoco ordenó revocar el arresto domiciliario. “Téngase presente”, dijo sobre los pedidos de la querella de Llonto, que incluyen “la desafectación del inmueble donde funcionó Puente 12” y donde ahora tiene su cuartel el ministro Berni. La lectura fue rápida y terminó con un “buenas tardes” de todxs, incluido el condenado.

“Parece poco pero no lo es para mí”, confesó María Ofelia Santucho, aquella chica de 15 años interrogada en 1975 cuya historia contó Ailín Bullentini en Página/12. “La verdad, siento que es un bálsamo, estoy muy emocionada, conmovida”, explicó, y destacó que “me sentí muy abrazada por Pablo (Llonto), por la fiscalía, y eso es mucho más que los 16 años de pena: valoro la hermandad, la contención, el amor, una familia”, dijo en la transmisión de La Retaguardia.

Más allá del “ruido en el estómago” por la pena, Llonto consideró “importantísimo que se condenó por todos los casos” y que se incluyó el abuso sexual. Lamentó que “se pateó un poco la pelota” con el pedido de prisión efectiva, que se resolverá recién cuando la condena quede firme, tarea que suele demorar años. “Pero hay condena para uno de los principales actores de inteligencia del Ejército”, destacó. Aclaró que hay otro tramo de la causa elevada a juicio y casos que se investigan en el juzgado de Daniel Rafecas. Agradeció en particular a “la vanguardia de compañeras” de la Comisión Vesubio y Puente 12, y entre las tareas pendientes destacó el trabajo de memoria “para las generaciones futuras” en el predio donde funcionó Puente 12, que hoy tiene apenas una señalización pero sigue funcionando como edificio estatal.