Intendentes bonaerenses analizan la forma de sortear la restricción a la reelección indefinida

Una modalidad que adoptó el cierre de listas para las primarias de septiembre en la provincia de Buenos Aires abrió inesperadamente un camino para aquellos intendentes que aspiran a prolongar sus mandatos y que en 2023 deberán dejar su cargo por la ley que eliminó la reelecciones indefinidas y las limitó a solo dos periodos consecutivos. Algunos jefes municipales que irán como candidatos en estas elecciones vieron en la posibilidad de pedir licencia para ocupar otros cargos, la forma de sortear la restricción y volver a presentarse dentro de dos años para dirigir sus municipios. Aunque casi todos descartan eliminar la ley –que dividiría posiciones dentro de la coalición oficialista del Frente de Todos–, algunos se ilusionan con un aval de la Justicia sobre los cuestionamientos a la retroactividad de la norma sancionada en 2016 y que toma como primer mandato el periodo 2015-2019.

La opción de pedir licencia antes de terminar sus actuales mandatos tienta a no pocos intendentes oficialistas y opositores bonaerenses. Varios consideran que tiene abierta esa posibilidad porque van como precandidatos a distintos cargos en las primarias de este año. Si sortean la PASO y resultan electos en las generales de noviembre, deberán pedir licencia para mutar sus sillones ejecutivos por los legislativos. Algunos opinan que quedarían habilitados para competir en 2023 nuevamente por la intendencia. Aunque la legislación también convirtió en “incompatibles” la simultaneidad de cargos en la Provincia y con la Nación para cerrarle el paso a los intendentes que solicitaron licencias en sus municipios para asumir como legisladores nacionales, la norma tendría un bache legal en caso que se tratara de cargos provinciales.

La lista de intendentes candidatos incluye a Mariano Cascallares (Almirante Brown) que encabeza la boleta de diputados provinciales por la populosa Tercera Sección Electoral; el massista Carlos Puglielli (San Andrés de Giles) también va en la boleta de diputados provinciales por la Segunda sección; y Walter Torchio (Carlos Casares) es la cabeza de la boleta del FdT en agraria Cuarta sección, entre muchos otros. Distinta en la situación del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que encabezará en forma “testimonial” la boleta de concejales para “plebiscitar” su gestión tras suceder a la vicegobernadora Verónica Magario, por lo que no estaría impedido de buscar un nuevo mandato.

Pero el debate sobre como sortear la eliminación de la reelección indefinida quedó nuevamente abierto. De todas maneras, la mayoría coincide en que será muy difícil dar marcha atrás con la norma aun con acuerdo de oficialismo y oposición. En el oficialismo provincial prefieren no hablar del tema porque no lo consideran entre sus planes ni mucho menos como una prioridad en plena campaña electoral. Es que la discusión dividiría aguas al interior de la colación del FdT.

La ley fue impulsada en 2016 por el massismo en la Legislatura provincial, con el respaldo de la exgobernadora macrista María Eugenia Vidal, que la presentó como un triunfo propio. En ese entonces, el peronismo alineado en el Frente para la Victoria se opuso a la ley. Posiciones encontradas que ambos sectores, ahora aliados, mantienen. Ante la consulta de PáginaI12, desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, afirman que Sergio Massa está convencido de sostener la actual ley bonaerense y resistirá cualquier modificación. “Donde haya un intento voy a levantar la voz y me van a encontrar enfrente”, le habría dicho Massa a sus colaboradores.

Sin cambios en la ley, 95 de los 135 intendentes bonaerenses ya no podrán volver a competir por un nuevo mandato en sus municipios. Muchos de ellos en importantes comunas del conurbano con gran peso electoral. Una lista que involucra a oficialistas como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echevarría) y Gustavo Menéndez (Merlo); también a opositores como Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López) y Gustavo Posse (San Isidro), entre otros. Para algunos de ellos, el único recurso legal para sortear la ley es el cuestionamiento sobre la retroactividad de la misma. Un tema que deberá resolver la justicia electoral.