Entre el reguero de nombres que empiezan a sonar para las elecciones, el escándalo de Pegasus por espionaje electrónico que indignó a todo el mundo apenas pasó desapercibido, pese a que en Argentina está la megacausa por espionaje y varios argentinos fueron espiados por el macrismo. La corporación mediática le bajó el perfil al espionaje que conmueve al mundo y la oposición prefirió cuestionar al gobierno por una comunicación entre los negociadores de Rusia y Argentina por las vacunas. Al contrario del objetivo que se buscaba, el texto reveló una actitud negociadora fuerte del lado argentino y nada sometida a las supuestas afinidades ideológicas que denunció el macrismo.
La denuncia sobre el espionaje montado con el software Pegasus que creó y comercializa la empresa israelí NSO Group surgió de fuentes independientes como la organización Forbiden Stories y Amnistía Internacional. Alrededor de 50 mil celulares y computadoras fueron espiados en todo el mundo. En sólo mil de esos teléfonos investigados hay doce jefes de Estado, incluyendo a los actuales presidentes de Francia y México, Emmanuel Macron y Andrés Manuel López Obrador, 189 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de los derechos humanos y 65 empresarios.
El jueves, Reporteros sin Fronteras reclamó ante el gobierno israelí por el espionaje a periodistas, Macron ordenó una investigación y la Fiscalía de México anunció que tiene uno de estos casos judiciable. El gobierno de Marruecos negó las acusaciones de espionaje y los húngaros advirtieron que no darán información, mientras que en Israel afirman que se trata de una campaña difamatoria. La empresa NSO aseguró que sólo vendió este programa de espionaje a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos.
El macrismo mantuvo estrechas relaciones con el complejo armamentístico y de ciberseguridad israelí. El ex presidente Macri viajó a Israel en 2006, cuando era diputado y jefe del PRO; en 2014 viajó la futura ministra de Seguridad del gobierno macrista, Patricia Bullrich, y en 2017, cuando Macri era presidente, se produjo la primera e inusitada visita de un primer ministro israelí a la Argentina. En ese viaje, el derechista Benjamín Netanyahu llegó acompañado por un grupo de empresarios, la mayoría de ellos ligados a la parafernalia represiva y de ciberinteligencia, entre los que se encontraban representantes de NSO Group.
La mayoría de los acuerdos que se realizaron fueron sobre seguridad. En ese momento, los medios israelíes destacaron estos acuerdos y se mencionó la adquisición del software Pegasus a NSO Group.
En todo caso, el dispositivo de espionaje ilegal dio pruebas de su existencia a partir de ese año, cuando se produjo la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y luego la Cumbre del G-20, en Buenos Aires en 2018. La investigación en la megacausa de espionaje ilegal determinó que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió de manera ilegal a 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil.
Más reciente, el informe de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia comprobó que el espionaje a políticos, dirigentes sociales, intelectuales y periodistas fue una práctica consolidada en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. El espionaje combinó la intervención telefónica con falsas excusas legales –en el caso de los presos políticos– o con sistemas similares a los de Pegasus que intervienen el celular de la persona espiada.
La denuncia de Forbiden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional es una secuela de otra denuncia anterior que se originó en 2018 con la empresa Cambridge Analytica, que capturaba información de usuarios de Facebook para técnicas de manipulación en campañas políticas. En ese momento, directivos de la empresa comparecieron ante una comisión investigadora en Gran Bretaña. En su declaración reconocieron que habían intervenido de esa manera en el referéndum por el Brexit en Gran Bretaña y en elecciones de otros países, incluyendo la de Argentina en 2015.
En ese momento, el dueño de Facebook, Mark Zukerberg, dijo que su empresa no había intervenido en el espionaje. En 2019, WhatsApp, otra de sus empresas, denunció al NSO Group por haber utilizado su servicio de mensajería para intervenir 1400 teléfonos en veinte países, entre los que se encontraba Argentina.
La indignación en todo el mundo tiene su explicación porque la utilización sistemática del espionaje se considera una herramienta de gobiernos autoritarios, de baja intensidad republicana y democrática. La poca repercusión en la corporación mediática y en la oposición política local confirmó la calidad del gobierno que sostuvieron y ejercieron. La proliferación de evidencia demuestra que el espionaje fue usado en forma sistemática durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
Mientras le restaban importancia al espionaje cibernético masivo, los medios hegemónicos centraron sus críticas en una carta de la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Fondo de Inversión Directa de Rusia que comercializa la vacuna Sputnik V. Para Patricia Bullrich, tan relacionada con la temática del espionaje, la carta de Nicolini “es prueba contundente de la decisión política que nos dejó sin millones de vacunas, con miles de muertos, sin economía y sin educación”.
Pero la carta es un ejemplo de lo contrario porque muestra a la negociadora argentina haciendo un fuerte reclamo sin romper reglas de juego diplomáticas. Aún así, alguna razón tendría la crítica de la oposición si la segunda dosis de la Sputnik, cuyo retraso motivó el reclamo, no hubiera llegado a la semana siguiente. A principios de agosto estarán disponibles millones de dosis fabricadas en el país con la sustancia activa que mandó ahora el Centro Gamaleya desde Rusia.
Al revés de lo que quiso mostrar la oposición, la carta de Nicolini mostró la acción enérgica y atenta que se necesita en una situación de crisis como la que afronta todo el mundo por la pandemia y por las fuertes presiones en los mercados para obtener vacunas.
Por la ley de vacunas, el Gobierno tiene la obligación de informar al Congreso sobre las negociaciones. Todo se envía a la Comisión de Salud conformada por legisladores del oficialismo y la oposición, que reciben esa información confidencial. Por una cuestión ideológica, la difusión de la carta buscó interferir en un proceso muy delicado de negociación en ese contexto mundial tan difícil. De esa manera se puso en peligro el abastecimiento de vacunas y la vida de miles de personas. Había preocupación en el Gobierno porque esa filtración implicó un total desprecio a las mínimas reglas de juego.
La oposición ha sido muy crítica con la Sputnik y asegura que se hubieran obtenido millones de vacunas Pfizer. La misma Pfizer reconoció que no hubiera podido asegurar los requerimientos de ese momento, como no lo hizo en Chile, por ejemplo. El país trasandino es un ejemplo muy usado por el macrismo. Esta semana, el gobierno chileno decidió aprobar la Sputnik V para asegurarse la provisión de vacunas ya que han fallado las dos que sostienen su programa. La china Sinovac, mostró un índice muy bajo de inmunización. Y Pfizer volvió a retrasar sus entregas. Ahora Chile recurrirá a la Sputnik V, igual que hará Europa.
