Las confesiones de Elisa Carrió: admitió haber violado el secreto fiscal

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió salió en defensa del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad, que debe declarar en indagatoria el 9 de junio próximo en la causa en la que se investigan las presiones al Grupo Indalo, caso en el que está requerida la captura internacional del exasesor de Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. En su afán de despegar a Abad, Carrió terminó relatando –en un breve escrito presentado ante la jueza María Servini– que accedía a información de la AFIP sobre Cristóbal López y otros contribuyentes, que está protegida por el secreto fiscal.

En una presentación de cinco páginas, Carrió cerró filas con Abad, a quien destacó como funcionario del macrismo, y relató cómo desde 2008 fue sistemáticamente denunciando al empresario Cristóbal López. También reconoció que desde febrero de 2016 –a través de distintas vías, como presentaciones o pedidos de acceso a la información– le solicitó a Abad que investigara “distintos hechos de corrupción que habrían ocurrido durante las gestiones anteriores en el organismo a su cargo”.

Carrió, además, recordó que ella se presentó ante la Justicia para reclamar que se investigara a López y al Grupo Indalo tres días después de que el diario La Nación dedicara su tapa a denunciar que el Grupo Indalo mantenía una supuesta deuda de 8 mil millones de pesos con el fisco, generada por la empresa Oil Combustibles.

De hecho, la denuncia de Carrió fue seleccionada por la jueza Servini como uno de los 42 hitos en el proceso de hostigamiento al Grupo Indalo a ser investigados y en torno a esas fechas clave se analizaron los entrecruzamientos de llamados entre los imputados –como el propio Abad, Rodríguez Simón y Macri–. Ese proceso de hostigamiento tiene inicio, según la jueza, el 25 de octubre de 2015, cuando, en una reunión con López, Mauricio Macri le habría recriminado el trato que el canal C5N –de su propiedad– le dedicaba y le habría reclamado que pusiera sus medios al servicio de la persecución de Cristina Fernández de Kirchner.

La vinculación de Carrió con exfuncionarios de la AFIP como Jaime Mecikovsky y Norberto Sosa es conocida. De hecho, en 2019, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar la sede de la AFIP en medio de una investigación en la que ambos estaban sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal. La investigación en cuestión se había iniciado tiempo antes por una autodenuncia que presentó el entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas después de que el columnista de La Nación Carlos Pagni publicara un artículo en el que detallaba cómo funcionaba el espionaje durante los primeros años del macrismo. La investigación derivó en analizar cómo se utilizaron distintas bases de datos del Estado –como las de AFIP o las de Migraciones– para espiar a determinadas personas. Después de la jubilación de Canicoba, esa causa estuvo en manos de los jueces María Eugenia Capuchetti y de Sebastián Ramos, que se excusaron de intervenir por haber sido ellos mismos investigados por los servicios macristas y está a la espera de que la Cámara Federal porteña decida qué magistrado deberá tramitarla.

La causa sobre las presiones al Grupo Indalo tuvo un vuelco a partir del pasado lunes 17, cuando Rodríguez Simón anunció que había iniciado los trámites para que le concedieran el refugio en Uruguay, donde alega que está siendo víctima de una presunta persecución orquestada por la jueza y los empresarios que terminaron presos durante el gobierno de Macri. Servini reclamó la captura de “Pepín” –uno de los arquitectos de la mesa judicial del macrismo– y su extradición. El proceso está actualmente en manos de la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, que deberá evaluar primero el pedido de refugio que formuló Rodríguez Simón para evitar presentarse ante Servini. Para decidir, Chamsarian debería contar con una opinión de la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay.