Bajarse del modelo antes que explote

Ante un estado de bronca de la población que fue creciendo con el transcurrir de los días y las horas, el intendente de La Plata, Julio Garro, decidió elevar el tono y salió a reclamar este martes “la rescisión del contrato” de concesión de la distribución eléctrica en el área de influencia de la capital bonaerense. Previamente, otros representantes del oficialismo buscaron tomar distancia de la firma Edelap asumiendo un perfil crítico que no habían tenido en recientes desastres energéticos, provocados por ineptitud de la misma firma. Algunos analistas locales recordaron los casos de los hospitales San Martín y Sor María Ludovica, en los que la interrupción del servicio por varios días motivó la denuncia y pedido de informes de legisladores de la oposición, que las autoridades municipales dejaron dormir en un cajón. Ahora, los mismos que antes guardaron silencio enarbolan pedidos de informes y reclaman sanciones. El calendario electoral no es ajeno a estas transformaciones. 

 El ente regulador provincial, Oceba, informó que se abrieron “actuaciones sumariales preventivas para determinar responsabilidades frente al evento y ponderar la eventual imposición de resarcimiento a los usuarios”. El tono medido y cauto del organismo chocó con el discurso que, ya a esa hora, había asumido el intendente Garro, anticipando que reclamará la “rescisión” del contrato de concesión de la distribución eléctrica en La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen. Desde la legislatura, el senador de Cambiemos Juan Pablo Allan elevaba el tono para reclamar la citación de las autoridades de Edelap ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos para dar las explicaciones que correspondan. La senadora del Frente para la Victoria Teresa García, en tanto, les recordó a Allan y a otros colegas de bancada que “los pedidos de informes que hicimos nunca tuvieron respuesta, los cajoneaba la misma Comisión de Obras Públicas”. Estos pedidos de informes, de agosto de 2018 y enero de este año, estuvieron vinculados a los acontecimientos que afectaron el funcionamiento del hospital de niños y los establecimientos ya mencionados, con alto riesgo para las personas internadas, según denunciaron los gremios en su oportunidad. 

La estimación que dio a conocer la Defensoría del Pueblo de la provincia es que la pérdida material para los clientes afectados por el apagón asciende a 961 millones de pesos, principalmente por los alimentos a desechar, en el caso de las familias, y por el lucro cesante (pérdida de días de trabajo) en el caso de los comercios. Se calcula que fueron afectadas más de veinte mil familias, muchas de las cuales aún no saben cuándo se les restituirá el suministro.   

La distribución de energía en La Plata y sus alrededores quedó a cargo del grupo Desarrolladora Energética (DESA) a comienzos de 2017. Con esa operación, el holding controlado por Rogelio Pagano pasó a ser dueño de las cuatro compañías encargadas de la distribución eléctrica en la provincia, al sumarla a las tres que ya poseía: EDEA en la Costa Atlántica, EDEN en norte y centro bonaerense y EDES en los partidos del sur. 

“El caso de Edelap es una muestra más de las consecuencias de este modelo energético, que a los usuarios sólo nos genera tarifas impagables y un servicio paupérrimo, mientras que las empresas obtienen recaudaciones millonarias”, señaló José Rigane, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata a este diario. “La ausencia de inversión necesaria para el mantenimiento de un sistema en crecimiento se hace evidente en este tipo de fallas y en las demoras para restablecer el servicio, lo mismo que en la falta de un plan de contingencia para ofrecer una alternativa ante el corte eléctrico”, agregó. Rigane también apuntó que “Oceba y las autoridades políticas provinciales miran para otro lado, desligan responsabilidades y son testigos de la impunidad con la que las empresas se manejan. Hay que decir basta a este modelo, a un sistema precario que no da para más y a los beneficios millonarios para el grupo DESA”.    

Rogelio Pagano, que está al frente de DESA, es un ex alto ejecutivo de Marcelo Mindlin, uno de los principales inversores del sector energético a través del Grupo Pampa. Antes de convertirse en la cara visible de DESA, Pagano estuvo al frente de la distribuidora salteña y, previo a esa incursión, fue director financiero y miembro del directorio de Edenor. Pagano también se desempeñó en distintas entidades financieras como Citibank y Bank of America. 

A partir de 2016, en el contexto de la implementación del acelerado ajuste tarifario, el grupo DESA se vio motivado a desplegar una agresiva política de adquisición de empresas de distribución eléctrica, aunque su estrategia comenzó a desplegarse cuatro años antes. Pagano le adquirió distintas empresas al Grupo Dolphin que, controlado por Mindlin, aún tiene a su cargo a Edenor. A través de la firma Power Infraestructure Group, le compró en febrero de 2013 a Dolphin la distribuidora EDEN. En agosto de 2014, independizado de su socio Miguel Martínez Mendoza (ex ejecutivo de Enron), inscribió la empresa DESA. En mayo de 2016, ya en tiempos de Cambiemos, le compró a Martínez Mendoza su participación en Edesa de Salta, EDEN y EDES, megaoperación por la que pagó 300 millones de dólares. En marzo de 2017, un viejo conocido de su paso por Edenor, Alejandro McFarlane, le vendió las acciones de control de Edesa y de Edelap, sin que ninguna autoridad le cuestionara la concentración del manejo de gran parte de la electricidad que alimenta a al territorio bonaerense.