La postal del Policlínico Alejandro Posadas no era la de un hospital el 28 de marzo de 1976, sino la de un predio ocupado por las fuerzas militares bajo las órdenes de Reynaldo Benito Bignone. Ese día, comenzaron las decenas de detenciones y las cesantías y fue el primer paso del camino que desembocaría en la puesta en marcha de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el centro de salud, que, a principios de los años ’70, se soñó como un hospital de puertas abiertas a la comunidad. A 45 años de la toma del Posadas, la justicia aún debe revisar la absolución que le dictaron al represor Luis Muiña por el homicidio de uno de los trabajadores del policlínico.
Muiña, el represor beneficiado en 2017 con el fallo del 2×1 de la Corte, es el único integrante del llamado Grupo SWAT que fue condenado por los tribunales federales desde la reapertura de los juicios.
El Grupo SWAT fue el que, para noviembre de 1976, puso en marcha el centro cladestino en un chalet ubicado en uno de los vértices del predio. En 2011, Muiña fue condenado a trece años por varios casos de secuestros y tormentos. Seis años después, cuando ya estaba excarcelado, una mayoría de los supremos — integrada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti– le concedió el beneficio del 2×1. Sin embargo, el repudio social hizo que meses después el máximo tribunal revisara su jurisprudencia y dijera que ese beneficio no era aplicable para delitos de lesa humanidad. Para entonces, Muiña ya había recibido una segunda condena. Esta vez, a prisión perpetua por el homicidio del médico Jorge Roitman.
En ese juicio –realizado en 2018 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2– había incluido lo sucedido con Jacobo Chester, empleado de Estadísticas del Posadas secuestrado, asesinado y arrojado al río. En junio del año pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal — con los votos de Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos — ordenaron al tribunal que revisara la absolución. Les dijeron a los jueces que valoraran los elementos que coincidían en ambos casos y que habían llevado a la condena de Muiña por el caso de Roitman.
Pandemia mediante, el TOF no avanzó aun con esa revisión. La única novedad, dijeron en Comodoro Py, es que se confirmó la integración del tribunal, que será con Néstor Guillermo Costabel junto con Enrique Méndez Signori y Javier Ríos.
“Hace 45 años que seguimos esperando justicia, justicia que se hace desear y nos cuesta verla más allá de los pocos genocidas detenidos”, dijo a PáginaI12 Zulema Chester, hija de Jacobo y una de las referentes de la Dirección de Derechos Humanos del Posadas.
En el Hospital, las tareas de memoria continúan. “Seguimos sumando nombres a nuestras listas de desaparecidos. En este año hemos incorporado a Viviana Micucci”, contó Zulema. Con Viviana Micucci, son doce los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura. Viviana era bibliotecaria en el Centro Panamericano de Zoonosis, que funcionaba en el sexto y séptimo piso del Posadas. Viviana fue secuestrada el 11 de noviembre de 1976 junto con su hermano Daniel y su mamá, Ilda Iburrusteta de Micucci. A Ilda la liberaron y hasta su muerte, en 2018, presidió la organización Memoria Abierta.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la diputada del Frente de Todos Graciela Landriscini rindió homenaje a los trabajadores desaparecidos del Posadas y recordó que impulsa un proyecto para declarar de interés el libro Los caminos del Hospital Posadas, que recoge la historia de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en ese centro de salud.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/332303-a-45-anos-de-la-ocupacion-militar-del-hospital-posadas
