La memoria tiene precio de venta para el Gobierno

Organismos de derechos humanos de Corrientes, familiares, querellantes y víctimas de delitos de lesa humanidad denunciaron que el Ejecutivo nacional habilitó por decreto la venta del ex Regimiento de Infantería número 9 (RI9), donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura, reconocido como sitio de memoria y protegido como medida de prueba por una cautelar judicial. Se trata de un predio codiciado por su ubicación –en plena costanera de la ciudad de Corrientes– que el gobierno nacional, el provincial y la municipalidad quieren poner en manos del mejor postor, con la excusa de desarrollar un “proyecto urbanístico”.

“Consideramos que es ilegal”, apuntó Daniel Cian, presidente de la Asociación civil Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9, que busca desde hace varios años proteger las instalaciones que dentro de ese predio que perteneció al Ejército fueron convertidas en centros de secuestro y tortura. Se refirió al decreto 345/2019, mediante el cual el Presidente autorizó a “disponer y enajenar” el terreno completo con el objetivo de impulsar allí el Plan Urbano Costero, un proyecto urbanístico habilitado mediante un acuerdo entre el Plan Belgrano –de la órbita nacional–, el gobierno de Corrientes y la municipalidad, que supuestamente logrará la “recuperación social, ambiental y urbanística de la costanera correntina”, según plantea el decreto.

En el texto del decreto, Macri asegura que tanto el ex RI9 como el resto de los predios a los que “les puso un cartel de remate”, resumió Cian, “no se encuentran comprendidos en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como así tampoco resultan adecuados para cubrir alguna necesidad actual de la Administración Pública”. Sin embargo, la norma omite un detalle fundamental. El ex RI9 es un terreno de unas 11 hectáreas localizado en una de las esquinas más codiciadas de la costanera correntina. Según los denunciantes, estaría valuado en más de 30 millones de dólares. Parte del predio, una edificación conocida como “Hospital militar” y un galpón llamado “Cuadra número 9”, fue reconocido hace años como centro clandestino de detención: sobrevivientes identificaron que allí estuvieron encerrados y fueron torturados un centenar de personas durante la dictadura. Por esa razón, el lugar integra la Red Federal de Sitios de Memoria (ReFiSim) y en 2014 fue formalmente señalizado. En las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos, el RI 9 resalta como un lugar preponderante en el plan sistemático de tortura y exterminio desplegado en la provincia.

En 2004, y con la intención de preservarlo como prueba, la Justicia Federal protegió al predio de toda modificación a través de una medida cautelar que aún sigue vigente. Es que en 2008 culminó el primer juicio por delitos de lesa humanidad que lo tuvo como escenario principal y hay otro en gateras, que espera hace rato su elevación. No obstante, el lugar no cuenta con recursos destinados a su preservación y su estado es alarmante, apuntaron desde la asociación civil conformada por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes que buscan una habilitación pública para ponerse manos a la obra con su preservación.

En 2017 solicitaron ante la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa que les permitiera desplegar allí un proyecto de recuperación del espacio “para el desarrollo de actividades con eje en la transmisión de la memoria y la promoción de derechos humanos”, apuntaron desde el colectivo. No obtuvieron respuestas formales. Semanas después llegó el decreto presidencial, frente al cual volvieron a reclamar ante el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “Los espacios de memoria son lugares públicos que hoy están destinados de manera permanente a la trasmisión de la memoria, la educación y la promoción y defensa de los derechos humanos” así como “ámbitos abiertos a la comunidad que proponen actividades culturales, cursos y talleres, muestras, charlas, jornadas de debate, proyecciones, encuentros y diversas alternativas que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro pasado, a conocer nuestros derechos y a construir una sociedad más justa e inclusiva”, plantearon en una carta formal que remitieron el 14 de mayo. Allí solicitaron “su intervención a los fines de que se encausen dentro de la normativa legal vigente el Decreto 345/19 que claramente contraviene las leyes nacionales dictadas, la orden judicial decretada sobre el predio y además representa un grave retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia”. La respuesta tampoco llegó. Por eso, Cian, que es hijo de desaparecidos y busca un hermano que fue apropiado durante la dictadura, adelantó que intentarán avanzar por la vía judicial –evalúan presentar un amparo–, así como también vincularse con “otros sitios de memoria que están siendo atacados por la gestión de Cambiemos para establecer estrategias conjuntas”.