Bolivia: el pueblo de Senkata exige justicia a un año de la masacre

Hay momentos de la historia que no admiten más de una interpretación. Senkata es uno de ellos. El 10 de noviembre de 2019 el hasta entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue derrocado por un golpe de Estado. Nueve días después la localidad de Senkata, en el departamento de La Paz, fue el escenario de la violencia más explícita del gobierno interino de Jeanine Áñez. El saldo del aceitado operativo de policías y militares, amparados en un decreto que los eximía de responsabilidades, fue de diez muertos, 65 heridos y más de un centenar de detenidos. Se denunció además la desaparición de cuerpos que los militares arrastraron al interior de la planta de gas que los manifestantes mantenían bloqueada como forma de protesta contra el régimen. 

Casi un año después de la masacre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió al poder aunque la herida de Senkata sigue sangrando. Vecinos de la ciudad de El Alto y representantes de organizaciones sociales encabezaron este miércoles una marcha en memoria de los caídos en las protestas del año pasado. Pero los actos centrales se realizarán el jueves con una misa que prevé contar con la presencia de autoridades nacionales, judiciales y regionales.

“Nos están matando como perros”

Apenas 24 horas después del derrocamiento de Evo Morales se instalaron una serie de bloqueos en calles y avenidas de El Alto, siendo uno de los puntos más fuertes el cerco a la planta de gas de Senkata. Allí los manifestantes cavaron zanjas para evitar la salida de camiones cisterna. Por eso en los días posteriores se notó la escasez de gasolina y diésel en las ciudades de La Paz y El Alto. Los movilizados pedían la renuncia de Áñez y rechazaban el derrocamiento de Morales.

La alteña Lourdes Chino Lima participó de las protestas. “La verdad viviamos muy felices antes de que el presidente renunciara. Nos hemos sentido sin un apoyo, como si un papá se hubiera ido”, asegura en diálogo con PáginaI12. Chino Lima sostiene que fue muy duro observar a los policías bailando sobre la wiphala o quemándola en la plaza Murillo. O ver a grupos de ultraderecha como la Resistencia Juvenil Cochala amedrentando a las mujeres de pollera. “Pensábamos: con tan poco tiempo en el gobierno y ya nos están discriminando. No daban ganas de comer. No creíamos lo que había pasado”, agrega.

El 19 de noviembre, un cinematográfico operativo militar y policial llegó hasta la entrada de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En el cielo sobrevolaban al menos dos helicópteros y un avión. Cuando llegaron al lugar empezaron a tirar gases lacrimógenos y bastonazos a los manifestantes logrando desbloquear el ingreso a la planta gasífera. Luego se retiraron escoltando un convoy de 49 camiones cisterna que abastecieron a los surtidores de la ciudad de La Paz.

Luego de estos hechos, los manifestantes derribaron una parte de los muros perimetrales de la planta de Senkata e intentaron volver a bloquear el ingreso. En ese momento se desató la represión más fuerte del día, porque a los palos y gases se sumaron los disparos de armas de fuego.  Un médico que asistió a los heridos en una sala improvisada se hizo viral por aquellos días al decir entre lágrimas: “Nos están matando como perros”.

Para poder acceder a la atención médica los heridos y sus familiares tuvieron que atravesar una verdadera odisea de derivaciones interminables entre postas de atención primaria, hospitales y clínicas privadas. En paralelo, en distintos centros de salud a los heridos les negaban la atención bajo la “acusación” de ser masistas y, por ende, terroristas. Pero la barbarie no terminó ahí.

El jueves 21 de noviembre un cortejo fúnebre partió con los féretros de dos de los caídos en Senkata y bajó hasta la ciudad de La Paz. La caravana estaba conformada principalmente por los familiares de los fallecidos. Al aproximarse a la Plaza Murillo, el ejército avanzó con sus tanquetas y sin piedad reprimió la marcha gasificando a las familias que se protegían como podían entre ataúdes.

Juicio de responsabilidades

El 11 de diciembre del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de masacres las muertes de civiles ocurridas en Senkata y en Sacaba. Su presidente Joel Hernández y una comitiva de cinco expertos llegarán a Bolivia el 23 de noviembre para investigar lo sucedido durante aquellos días. 

David Inca Apaza es el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto. Asiste a los familiares de las diez víctimas y a las decenas de heridos que dejó la represión. Consultado por este diario, exige una “coordinadora de juicio de responsabilidades” para que “los autores de las graves vulneraciones a los derechos humanos sean identificados, procesados y sentenciados conforme a justo juicio”. Esa instancia fue sugerida días atrás por la Asamblea Legislativa.

Las Fuerzas Armadas se niegan a compartir con la Fiscalía información sobre los operativos planificados, las unidades movilizadas y el armamento que portaban el día del operativo. “Hasta la fecha el Ministerio Público no identificó a ningún autor de estas graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno transitorio se beneficia de la impunidad, los militares cobardemente argumentan secreto militar y los policías se escudan en el Plan Operativo 030/2019 para no responder por los delitos cometidos”, advierte Inca Apaza, quien al igual que las familias de las víctimas, exige justicia.