El proyecto de ley que procura obtener un Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas de la Argentina establece no sólo la posibilidad de reforzar las arcas estatales que han sufrido una enorme sangría para atender los efectos sociales de la pandemia, sino que también abre la posibilidad de debatir qué tipo de sociedad queremos construir a futuro.
Como coalición que se impuso claramente en las elecciones nacionales del año pasado, al Frente de Todos le asiste el derecho de definir los instrumentos mediante los cuales llevar a buen puerto su plan de gobierno. Y como los consensos políticos se tramitan en el Congreso nacional, es allí donde vamos a dar la discusión para una iniciativa que pretende que una pequeñísima minoría ostentosamente enriquecida, hago una contribución solidaria –por única vez– para que los sectores más empobrecidos puedan acceder a una vida más digna.
No se trata de una medida confiscatoria ni de un avance sobre la propiedad privada, como algunos agoreros tratan de confundir instalando mentiras deliberadamente.
De los aproximadamente $300.000 millones que se estiman recaudar con sólo el aporte de unas 12.000 personas, el Estado destinará lo obtenido en asignaciones específicas que el proyecto ya definió: la compra de equipamiento de salud para atender la pandemia; apoyar a las PyMEs con subsidios y crédito; urbanizar barrios populares de todo el país con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio; hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar el relanzamiento del plan PROGRESAR, para que las y los jóvenes puedan seguir estudiando.
También existe la posibilidad de que, en el ámbito de la discusión parlamentaria, el proyecto recoja aportes enriquecedores y se introduzca –por ejemplo– la posibilidad de financiar la continuidad del IFE con parte de lo recaudado, lo que en términos concretos e indiscutibles también representaría una redistribución de los excedentes de riqueza.
No podrá haber otro destino más que los antes mencionados para los fondos reunidos. La iniciativa lo aclara puntualmente: la inversión social que vamos a concretar tiene fines reparatorios de los desequilibrios que la pandemia profundizó, pero que venían de arrastre desde el gobierno de Cambiemos, que concentró la riqueza en pocas manos como nunca en la historia y arrojó a la pobreza a decenas de miles de compatriotas.
Durante sus cuatro años de gestión, Mauricio Macri acumuló reducciones de los impuestos a las personas y empresas de mayores patrimonios e ingresos por el equivalente total de casi 7% del producto bruto. El aporte solidario que proponemos permitirá recaudar 1 de esos 7 puntos para así financiar la emergencia y la recuperación productiva del país, dejando atrás la depresión de la actividad económica.
El aporte que alcanzará exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial, y sólo incluye a quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2%, que se incrementa a medida que el patrimonio es mayor. Por los bienes que las personas alcanzadas tengan en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayor.
Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte poseen fortunas de entre 200 y 400 millones de pesos, siendo que la mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.
Países como Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia evalúan implementar iniciativas como la nuestra. Existe consenso mundial respecto a que los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria se han visto sensiblemente afectados por la caída de la actividad, y mientras se corrigen los problemas estructurales, es imperioso adoptar medidas de emergencia.
Es necesario comprender que no se trata de un impuesto a la producción fabril, al aparato productivo o al flujo de las ganancias: es el aporte de sesgo progresivo de unos pocos que tienen cifras obscenas guardadas en sus bolsillos en beneficio de las mayorías. Un stock de dinero muchas veces inmovilizado en privilegios de casta, una suerte de título nobiliario sólo sustentado en sus cuentas bancarias, de común en paraísos fiscales.
No es un tema de presupuesto, es un tema de valores. No hay ninguna razón ética para oponerse a esta idea, que no esté fundada en la avaricia, el egoísmo y la insolidaridad. Es una contribución para apuntalar a las nuevas generaciones, porque así se construye un futuro más armónico y menos excluyente.
Es tan inmoral y perversa la pobreza extrema como lo es la riqueza extrema, porque hay una relación directa entre ellas. Hay compatriotas con más recursos de los que podrán gastar ellos y su descendencia, y hay otros que no pueden acceder a lo elemental para garantizar su subsistencia.
Está en la matriz fundante del peronismo alcanzar una justa distribución de la riqueza, aspirando siempre a la movilidad social ascendente. Nuestra razón de ser es trabajar por una comunidad organizada, que tenga acceso igualitario a derechos básicos.
La pandemia abrió la posibilidad de analizar cómo edificar un orden social más justo, una Patria en la que sus habitantes acceden equitativamente a bienes y servicios. Debemos definir si es legítimo que unos pocos acumulen riqueza a partir de sus posiciones dominantes de poder, excluyendo a la enorme mayoría del pueblo de los beneficios de un piso de dignidad para vivir su vida en sociedad, con unidad y una perspectiva de futuro cierto para sus hijos.
Si la pandemia permitió abrir los ojos para comenzar a dar este debate con sinceridad, honestidad intelectual y de cara a la gente, habrá servido para algo más que esparcir angustia, enfermedad y muerte.
Aportando ideas, y cediendo privilegios ancestrales, animémonos a fundar una Argentina más justa, equilibrada y con posibilidades de desarrollo para cada uno de sus hijos.
(*) Diputada nacional del Frente de Todos jujeño
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/306359-para-construir-un-pais-mas-justo
