Reforma judicial: Las propuestas que prepara el consejo asesor 

El consejo asesor de juristas para la reforma judicial que conformó Alberto Fernández está en la recta final de la preparación de un dictamen con recomendaciones, que sería entregado, si no hay contratiempos, el 18 de noviembre. Algunas pistas sobre las propuestas que se vienen: posible cambio en las mayorías para designar Procurador o Procuradora y límites para su mandato; en cuanto al futuro de la Corte Suprema, la tendencia que se perfila no sería recomendar en forma explícita su ampliación –aunque varios podrían dejar por escrito que lo creen necesario–, sino crear un tribunal intermedio de casación que se ocupe resolver planteos de arbitrariedad en todas las especialidades; hay consenso para postular la modificación para el Consejo de la Magistratura, cuya integración los juristas de la comisión consideran inconstitucional; los expertos dirán que el manejo del presupuesto del Poder Judicial debe estar en manos del Consejo y no de la Corte; habrá impulso de una ley de juicio por jurados para todo el país; y un esquema de traspaso de toda la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo de expertos, anunciado a fines de julio junto con el proyecto de reforma judicial, está integrado por 11 juristas y se reúne desde entonces dos o tres veces por semana. Por estas horas ya redactan sus propuestas: quienes se ocupan de esa tarea puntual, con todas las ideas acordadas, son Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera. De todos modos, el viernes todo el mundo terminará de enviar sus posiciones por escrito, ya que en algunos casos no hay uniformidad de criterios. Las conclusiones quizá sirvan para algún impulso, además, a la reforma judicial, que quedó anclada en la media sanción en el Senado pero no avanzó en Diputados. También podría sumar un empujón a otros proyectos ya en discusión, como el de modificación del Ministerio Público Fiscal, y dar pie a otros nuevos. 

Los otros integrantes del consejo son León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Ferreyra. Algunos ingredientes que acompañaron todas las deliberaciones son la necesidad de instalar la perspectiva de género y del desarrollo de innovación con inteligencia artificial para mejor todo el funcionamiento judicial.

Procuración General

La reforma de la ley de Ministerio público fiscal fue uno de los ejes de análisis y una mayoría ajustada de los asesores coincide en que quien conduce la Procuración debería tener un mandato acotado a 5 o 6 años reelegibles si el presidente/a quiere, y que su designación podría ser con mayoría absoluta. Hay distintas posiciones. Aún resta definir si la remoción por juicio político sería con dos tercios de los votos. Un esquema similar a lo que ya se discute en comisión en el Senado en base a proyectos de los opositores Martín Lousteau y Carmen Lucila Crexell, pero que tomó el oficialismo. En la Casa Rosada insisten en que el candidato a la Procuración del gobierno –más allá del malestar en un sector del Senado– es el juez federal Daniel Rafecas, quien expresó públicamente que no comparte que el acuerdo no exija mayoría agravada. Lo que no se descarta es que la pueda conseguir igual, más allá de un cambio de la ley, a partir de que Elisa Carrió anunció su apoyo.

Corte Suprema

Los integrantes del consejo asesor discuten por estos días si se desprende del decreto que los convocó a trabajar que deban analizar cambios en el número de integrantes de la Corte Suprema. Lo que les pidieron es que analicen el funcionamiento, pero hay varios juristas que creen que ese estudio incluye la composición. Tal vez por cautela, todo indica que no habrá un proyecto explícito para cambiar la conformación del tribunal, pero podrían volcarse sugerencias en los textos y librar esa decisión al ámbito de la política. Pese a que el consejo quiso convocar a los integrantes del tribunal a compartir una reunión por Zoom, como se hizo con organizaciones y con funcionarios, incluido el actual procurador interino, Eduardo Casal, el Poder Ejecutivo no concretó la convocatoria. El argumento es que sobrevino la discusión y resolución del per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y fue imposible.

Teniendo en cuenta que la comisión asesora encontró diversos problemas de funcionamiento en la Corte y hay acuerdo para acotar su campo de acción y que se dedique a resolver pocos casos, al estilo estadounidense. Para eso propondrán mecanismos que generen filtros y el principal es la posible creación de un tribunal intermedio, de casación, que se ocupe ante todo de los reclamos por “arbitrariedad”, y que tenga competencia para tribunales federales de las provincias. Sería para todas las competencias.

A menudo la Corte usa una herramienta conocida como “280”, que es el número de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar planteos sin dar fundamentos. Algunos de los juristas creen que parte de todos esos recursos podrían ser derivados al tribunal intermedio pero, de todos modos, propondrían una modificación normativa que exija una mayor argumentación de quien resuelve. No es un tema menor. El “280” se ha usado para cuestiones menores pero para otras donde los efectos son trascendentes. Por ejemplo, la Corte tramitó la cautelar más larga de la historia en una causa donde el diario La Nación tenía una deuda impositiva cercana a los 280 millones de pesos que la AFIP se veía impedida de cobrarle. El alto tribunal con un “280” rechazó un reclamo del órgano recaudador y terminó dejando firme un régimen diferencial sobre el IVA promovido por un grupo de medios por el cual no podían ejecutarles las deudas ni considerarlos en mora.

Más allá del intento por acercar la Corte al concepto de un tribunal constitucional, los juristas analizan ponerle plazos al máximo tribunal para la resolución de casos.

Consejo de la Magistratura

Uno de los temas donde la gran mayoría de los asesores coincidió es que la composición actual del organismo que elige y sanciona a los jueces no respeta el equilibro de representación de todos los estamentos y es inconstitucional. Harán una propuesta que algunos describen con aires de misterio como “innovadora” y nunca evaluada. Es decir, se podría avecinar una reforma de la composición del consejo, que hoy tiene 13 miembros, lo que requerirá una ley.

Se prevén nuevos mecanismos y criterios para la selección de jueces para evitar la discrecionalidad en los concursos.

El dictamen incluirá una referencia a una situación que históricamente genera tensión y pelea de poder entre el Consejo y la Corte: el manejo del presupuesto. Los asesores dirán que la Constitución Nacional establece que los fondos judiciales están a cargo del Consejo, desde los sueldos hasta decidir en qué se gasta. La Corte puede manejar sus propios recursos, más allá de eso. También señalará otras facultades que fue absorbiendo la Corte, como la oficina de notificaciones y el cuerpo de auditores.