Toma de Guernica: se complican las negociaciones entre la gobernación y las familias

A tres días de que venza el nuevo plazo del desalojo, las negociaciones entre la gobernación bonaerense y las familias de la toma de Guernica se complican. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, acusó a las organizaciones sociales de la izquierda que dan apoyo a la ocupación de haber entrado “en un juego peligroso” de reclamar la presencia del estado pero ponerle trabas. “Hay un sector de las organizaciones que está obturando el proceso para encontrar una salida pacífica”, aseguró luego de que el domingo su cartera no pudo ingresar al predio para entregar mercadería . El Polo Obrero le contestó a Larroque que “busca desacreditar a las 2500 familias” de la toma para “encubrir su falta de respuestas”. Mientras tanto, los abogados de La Gremial le pidieron al juez que convoque a todos los actores a una nueva audiencia.

En este clima, en la noche del domingo, la CTD Aníbal Verón y la Corriente Nuestra Patria denunciaron que policías bonaerenses le dispararon a un automóvil en el que viajaban tres militantes. En el ataque fue herido Leandro Matías Sanchez, de 21 años. El joven de la CTD fue operado en el Hospital de San Martín, donde fue trasladado desde el hospital de Guernica en estado crítico. Los militantes no participan en la ocupación ni habían estado en la toma, pero los hechos quedaron asociados por haber sucedido en el mismo municipio, en momentos en que la tensión por el conflicto está en aumento.

La fecha para el operativo de desalojo fue postergada la semana pasada, luego de que el ministerio de Desarrollo de la Comunidad lo solicitara al juzgado para buscar un acuerdo. En el conflicto interviene una mesa con presencia de varios ministerios de la nación y la provincia. La idea que tiene la gobernación de Axel Kicillof es relocalizar a las familias, con un esquema por el que se quedarían en tierras de Guernica los registrados en un censo como oriundos del municipio, mientras que al resto de las familias tendrían que volver a sus intendencias de origen.

Esta salida implicaría que una parte de las 2500 familias de la toma firmaran acuerdos para dejar la ocupación con el compromiso del estado de darles una vivienda, pero no en lo inmediato. Obviamente, la opción es difícil de aceptar para los que llevan cuatro meses sosteniendo la toma y cuando hay muchos antecedentes de promesas incumplidas.

Varias organizaciones sociales de izquierda consideran que el ministerio busca desalojar sin dar una solución real. “Desde la provincia, la única propuesta que hay es el desalojo. Ofrecer electrodomésticos a algunas familias para que se vayan de las tierras no es una respuesta viable”, señaló en ese sentido Silvia Saravia, de Barrios de Pie-Libres del Sur, que este mediodía se movilizó frente a la gobernación bonaerense.

Desde el Polo Obrero, el dirigente Eduardo Belliboni declaró algo parecido: “quieren ir vaciando la ocupación para proceder a un desalojo violento”, sostuvo. “Están ofreciendo sumas económicas completamente insuficientes o propuestas irrisorias para que se vayan de la ocupación sin una solución para su situación habitacional”,

“Trabajamos para resolver la toma pero también el hábitat en general“, declaró por su parte Larroque, que agregó que entre las organizaciones que no le permitieron ingresar con asistencia están “el Polo Obrero pero también el MTR, un sector vinculado a Humberto Tumini” (referente de Barrios de Pie-Libres del Sur).

“Impidieron el ingreso del Estado, pero permitieron el ingreso de dirigentes de izquierda para hacer discursos. Es contradictorio” , enfatizó. El ministro bonaerense agregó que “la decisión de desalojo la toma otro poder, que es la Justicia” y afirmó: “No depende de nosotros, que buscamos una solución antes del jueves”.