El espionaje ilegal del macrismo iba mucho más allá de la AFI

Jorge Domínguez era el director de Inteligencia de la Gendarmería Nacional cuando desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017. Casi dos años después tuvo una salida estrepitosa del edificio Centinela y recaló en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Señalado como uno de los hombres de confianza de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Domínguez se presentó hace unos días ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia. Con su declaración, la bicameral inicia una línea de investigación enfocada en determinar cuán involucradas estuvieron las fuerzas de seguridad en el espionaje macrista, que esta semana sumó episodios escandalosos como la denuncia de la intervención de la AFI por los seguimientos sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan y también el despliegue de maniobras de inteligencia ilegal, con objetivos políticos hace tres años, en coincidencia con las elecciones de medio término, reveladas por el juez Alejo Ramos Padilla. Este último grupo de acciones incluyó espionaje sobre referentes políticos de diversos municipios, organizaciones sociales y comunitarias, actos de Cristina Fernández de Kirchner y todo tipo de actividades donde había reclamos por la desaparición de Maldonado y la afectación que traían para la imagen de la Gendarmería y del gobierno de Mauricio Macri.

Domínguez es un nombre poco conocido, pero que acumuló poder en la Gendarmería en los tiempos de Bullrich. Ingresado a la fuerza en 1984, llegó a la dirección de inteligencia criminal en 2017. Viajó a los pocos días de la desaparición de Maldonado a Esquel y unos días después a Chile justo cuando el gobierno buscó instalar en los medios y en el expediente la hipótesis para criminalizar a la comunidad mapuche.

Ante la bicameral que preside Leopoldo Moreau, Domínguez dijo no estar al tanto de si se realizaron tareas de espionaje sobre la familia de Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Tampoco recordó haber conversado sobre el tema Maldonado con Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Bullrich y quien comandó desde el terreno el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Después de una investigación, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia Federal a Noceti por su rol en el caso Maldonado junto con la que era la cúpula de la Gendarmería.

En todo momento, Domínguez buscó descargar responsabilidades en la Central de Reunión de Información (CRI) Neuquén y en la línea de la jefatura regional de la Gendarmería que tenía asiento en Bahía Blanca. La vinculación de la CRI con el espionaje a los Maldonado surgió meses atrás en la causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, tal como informó Página/12.

Domínguez, según pudo reconstruir este diario, dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017, a once días de la desaparición de Maldonado, pero que él no le vio demasiado sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones con las que después Bullrich se despachaba en sus apariciones públicas.

— ¿Por qué viajó a Chile durante la desaparición de Maldonado? –le preguntaron los integrantes de la bicameral.

Lo escucharon con cierta sorpresa contestar que lo hizo porque estaba en la víspera de la cumbre del G-20 y de la visita del Papa Francisco a Chile. Es cierto que Jorge Bergoglio visitó ese país en enero de 2018, o sea, más de cuatro meses después. Pero el G-20 recién se hizo un año después. No estaba en la víspera de nada para justificar la visita.

La carrera de Domínguez en la Gendarmería se cortó en 2019. Él dijo que fue porque no le reconocieron un viaje que hizo invitado y pagado por los Estados Unidos. Otros recuerdan un episodio a las trompadas con el segundo de Gerardo Otero en la conducción de la Gendarmería. Lo cierto es que después de las primarias de 2019 desembarcó en la AFI.

El suyo es el segundo caso de pupilos de Bullrich que terminan en puestos claves en la Agencia. El primero fue Alan Ruiz, que llegó a la ex SIDE a principios de 2018 y puso en marcha el espionaje político que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Con Ruiz, contó Domínguez, casi ni se cruzaron en la base de Contrainteligencia de la AFI. Una tarde coincidieron, quizá.

La puerta de ingreso a la AFI fueron las distintas mesas de coordinación que hicieron las agencias macristas sobre distintos temas: crimen organizado, narcotráfico y las cumbres de la OMC y del G-20. A Domínguez lo destinaron a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste –procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner–. El gendarme quedó bajo la tutela del piloto Juan Hernández y, según su declaración, nunca tuvo una función clara en el Departamento de Delitos Complejos, donde confluyó con otros de los acusados de espionaje en Lomas.

Con Domínguez, la bicameral estrenó una nueva línea de investigación sobre los espías en la era Macri, que se complementa con la de la propia AFI, la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las precausas armadas en base a escuchas telefónicas. El espionaje ilegal y con intenciones de obtener información de tipo político, en violación a la Ley de Inteligencia, fue un instrumento utilizado de manera sistemática por el gobierno de Macri, como comenzó a quedar a la vista en distintas investigaciones penales y también en la Bicameral. Así como los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ya habían denunciado –hasta ahora sin suerte– que los seguían y que había comportamientos extraños en sus teléfonos celulares que les hacían presumir que estaban siendo observados, también denunció distintos tipos de seguimientos Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su familia. 

No parece una sospecha descabellada si se observan con atención algunos de los seguimientos y partes de inteligencia que sacó a la luz esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, al procesar al jefe de las bases AMBA de la AFI, y citar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En 2017 había un “Informe Semanal de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, donde los agentes de la AFI pasaban lista de todos los eventos vinculados con los reclamos por la desaparición de Maldonado. “Informa sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan”, describía la resolución del juez de Dolores. Es curioso que los partes de la AFI analizan la preocupación por la imagen del gobierno, en el período electoral, y también de la Gendarmería. “Lejos de realizar labores de inteligencia nacional estratégica o investigar el crimen organizado en la provincia, efectúan análisis políticos sobre las implicancias electorales de la desaparición del joven, señalando que continuará siendo utilizada políticamente por la oposición de izquierda, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y sindicatos como forma de desgaste electoral”, detalló Ramos Padilla. 

La AFI incluso le recomendaba al gobierno, para cuidar su imagen, “dar con el paradero del mencionado o finalizar la investigación con algún resultado que diera punto final a la incertidumbre (…) para evitar de esa manera la utilización de su imagen con fines políticos”. Como es conocido, la Gendarmería hasta ahora no fue seriamente investigada y nadie fue indagado por la muerte de Maldonado. Tampoco por el espionaje.