En idioma lunfardo, “¡Araca la cana!” es una voz de alarma ante la proximidad policial: “araca” es atención, cuidado; y “cana” es “Policía”. La expresión tiene origen carcelario y desde el Siglo 19 mantiene fuerte arraigo popular.
Esta nota toma esa locución de alerta para reflexionar sobre la rebelión de grupos de policías bonaerenses y ayudar a las autoridades, nacionales y provinciales, que se vieron sorprendidas, como la sociedad toda, por acontecimientos sediciosos que no deberían considerarse resueltos.
Más aún, es imperativo reflexionar en profundidad sobre el hecho de que el objetivo fue limar el prestigio y el gobierno de Axel Kicillof con miras a las elecciones de 2021, que es lo que procura la oposición destituyente y para lo cual no escatima juegos sucios.
Tanto el gobierno nacional como el provincial debieran no cometer errores que todavía se está a tiempo de evitar. Aseveración ésta que parte de cuestionar, fraternalmente y desde el firme apoyo al gobierno del FdT, algunos rumbos y anuncios. Pues como ya sostuvo esta columna, leales compañeros son los que señalan errores y no los aceptadores en silencio ni los esclarecidos por izquierda.
Sería muy grave que Axel cometiera el mismo viejo error –acaso por falta de información adecuada– de no tener en cuenta que las policías y elementos armados en el país sobran, en lugar de faltar. Y que sumar efectivos no es el camino correcto para resolver asonadas como la de días atrás. La Argentina ya es, hoy, uno de los países más armados del mundo, y por eso esta columna quiere advertir que la enorme inversión anunciada en seguridad (37.000 millones de pesos) no rendirá frutos positivos en materia de tranquilidad pública. Sí es posible que favorezca la construcción de nuevas instalaciones, unidades penitenciarias, refacción de comisarías y otras obras. Pero la anunciada incorporación de 10.000 nuevos agentes no atenuará la inseguridad que siente la ciudadanía bonaerense.
Y es que se trata de un problema nacional gravísimo, del que falta información. De hecho, es sugestivo que sea casi imposible encontrar en todo internet información cabal sobre la cantidad de efectivos policiales en la Argentina. Los datos de todas las policías provinciales no deberían ser secretos, pero lo son, y en la realidad muestran un galimatías que dista de ser casual.
Por otra parte, del total de compatriotas en armas, las Fuerzas Armadas tienen 77.861 efectivos, según el Ministerio de Defensa en consulta efectuada el 24 de Mayo pasado. De ese total, unos 48.000 prestan servicios en el Ejército, mientras la Armada declaraba tener 16.405 efectivos en 2018, y la Fuerza Aérea 13.263. La Gendarmería Nacional sí tiene página oficial actualizada: 37.000 efectivos. Y si se suman los servicios de espionaje, que Cristina Caamaño estableció hace meses en 1.400 efectivos, el total de hombres y mujeres militarizados no policiales de este país sería de 116.261 personas.
Pero hay que contar todavía a los efectivos policiales de las 24 entidades de la federación que somos. Y aunque en muchos casos la información es ambigua –porque la mayoría de las provincias no los hace públicos, y casi no hay manera de encontrarlos en internet– de todos modos es posible cuantificarlos.
La policía bonaerense es una de las pocas que puede evaluarse, al menos según la Wikipedia: a enero de 2018 tenía un total de 93.861 efectivos (entre personal armado y administrativo) para atender las necesidades de poco más de 17 millones de habitantes. Lo que, calculando que de ese total sólo 60.000 fuesen efectivos armados y en las calles, arrojaría un promedio de 283 policías por habitante de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la Policía Federal declara tener 60.000 efectivos, según reciente actualización de la Wikipedia a este mes de septiembre, y de los cuales puede presumirse que la mitad es administrativa y la otra está en operaciones. La Policía de la Ciudad de BA declara 21.000, de los cuales 13.000 en las calles. Y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 6.580 efectivos. Estas tres fuerzas policiales, más la bonaerense, totalizan otras 110 mil personas en armas.
Así, Buenos Aires es una de las ciudades más militarizadas del mundo, superando muchísimo la recomendación de la ONU de 300 policías cada 100 mil habitantes. Una nota en Infobae informaba (¡ya en 2014!) que en América Latina “la Argentina es –-proporcionalmente– el país con mayor cantidad de policías: 558 cada 100 mil personas”. O sea, 179 por habitante. Y todavía no llegaban el macrismo ni la señora Bullrich y su doctrina Chocobar.
Del resto de las policías provinciales es casi imposible obtener datos. Ninguna declara cantidad de efectivos, salvo casos que pueden establecerse vagamente por notas periodísticas locales. Así, según distintas fuentes, la policía de la Provincia de Córdoba tendría 22.000 miembros; la de Santa Fe entre 18 y 21.000. Y en el resto de las provincias que representan por lo menos el 40 por ciento restante de la población del país, pueden calcularse austeramente no menos de 50 o 60 mil efectivos más en el total de las distintas policías.
La suma de fuerzas arroja un total del orden de casi medio millón de efectivos armados. Lo que para un país de 45 millones de habitantes, implicaría tener un hombre o mujer armados por el Estado cada 100 habitantes. Dato aproximado que, por más que se lo ajuste, no debería ser ignorado ni desatendido, sobre todo porque las policías, desde siempre y como rémora de las dictaduras, privilegian la represión por sobre la gestión. Lo cual, decididamente, no está siendo así en el actual gobierno, y enhorabuena. Pero por eso mismo es válido llamar la atención sobre el posible error de que todo se reduzca a incrementar el número de efectivos policiales y aumentar salarios que, de paso, ofenden a [email protected] de la educación y la sanidad.
La perspectiva de sindicalización de las policías quizás sea un buen camino, Aunque complejo, permitirá que los policías sean lo que son: trabajadores, y específicamente empleados públicos. Eso sólo los democratizaría en su funcionamiento y seguramente disminuirían en todas las provincias los casos de violencia policial que son cotidianos, y particularmente repugnantes cuando se trata de reprimir o detener a pobres, morochos y extranjeros no europeos.
