Rechazan la candidatura de Hooft a un juzgado marplatense

Organismos de Derechos Humanos rechazan la candidatura de Pedro Federico Hooft para hacerse cargo del Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata, que será tratada en el Senado el miércoles. Al igual que lo hicieron cuando el Consejo de la Magistratura lo incorporó a la terna que elevó al Ejecutivo para cubrir la vacante en la Justicia Federal marplatense, Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., entre otros espacios vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Jucticia, recordaron que “su designación pondría en riesgo las causas por delitos de lesa humanidad” en esa jurisdicción.

“Pedimos al Senado que no convalide con su acuerdo a un funcionario que no fue consecuente con la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado”, concluye la impugnación formal que presentó Estela de Carlotto en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo ante la Comisión de Acuerdos del Senado que pasado mañana tratará la designación de Hooft, seleccionado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos que el Consejo de la Magistratura recomendó en octubre pasado.

Para Abuelas, su designación “será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. La Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la representación porteña de H.I.J.O.S. también impugnaron a Hooft hijo como posible juez federal de primera instancia en Mar del Plata.

El conflicto que representa para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no radica, tal cual lo aclararon varios referentes de los organismos, en su vínculo filial con Pedro Hooft, el juez denunciado por ser partícipe y cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, “sino por la defensa temeraria y activa en pos de la impunidad de graves crímenes realizados durante el terrorismo de Estado y la persecución contra quienes los investigan”, apuntaron en la impugnación de Abuelas.

Pedro Hooft padre estuvo a punto de ser indagado por su presunta participación en el secuestro, las torturas y la desaparición de abogados marplatenses en lo que se conoció como La Noche de las Corbatas entre otros delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, pero su hijo evitó que eso ocurriera. ¿Cómo? Grabó clandestinamente al fiscal que investigaba a su padre y lo acusó junto al juez de la causa y a funcionarios de la Procuración General de armar una causa en su contra. “No impugnamos apellido sino conductas”, remarcó José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. “Un juez no solo que no debe realizar acciones ilegales, como las que realizó su padre, sino que debe tener una postura clara en defensa de los derechos humanos y esta persona no la tiene”, completó.

“Un magistrado con estos antecedentes representa para las víctimas de delitos de lesa humanidad una vulneración de la garantía de imparcialidad y resulta susceptible de generar responsabilidad internacional para el Estado argentino ante dilaciones, demoras o paralizaciones en investigaciones que involucran a víctimas de desapariciones forzadas”, sostuvieron desde la representación porteña de H.I.J.O.S. a través de un comunicado.

El rechazo a que Hooft hijo sea juez tiene larga data. Varios organismos de derechos humanos habían impugnado su candidatura cuando su nombre apareció en la selección del Consejo de la Magistratura, a fines de septiembre pasado. Abuelas de Plaza de Mayo llegó a advertirle en una carta que envió al entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que la eventual designación de Hooft como juez sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia”.

Representantes de la oposición en el Consejo también se habían opuesto a la candidatura. Entonces, el diputado por el Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade había planteado que Hooft hijo no reunía las condiciones para ser juez no solo por su actitud de grabar a un fiscal para “salvar a su padre de las denuncias que lo involucran con delitos de lesa humanidad”, sino también porque “tiene denunciada a casi toda la jurisdicción de Mar del Plata, con la que debe convivir si llega a ser juez” y, por último, porque en el informe psicotécnico al que se sometió cuando concursó a la terna, el marplatense resultó con “escasa adecuación al perfil requerido”.

Entonces, los organismos dejaron en claro que insistirían en sus reclamos pese a no haber sido oídos por el Consejo, el Poder Ejecutivo ni el Senado. Hooft hijo, que en la actualidad es secretario del Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata, fue seleccionado por el Gobierno de Cambiemos para convertirse en titular del 1 y su pliego será tratado por la Comisión de Acuerdos del Senado.

“El candidato no cumple con los requisitos vinculados al claro compromiso con los derechos humanos”, insistió Carlotto en su misiva formal enviada a los y las senadores hace una semana, en la que recalcó que la conducta de Hooft hijo como funcionario judicial “no resulta coherente con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en nuestro país”.

La preocupación de Abuelas frente a la posibilidad de que el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata quede en manos de este funcionario radica en la posibilidad, emanada de sus comportamientos previos, de que “ejerza una persecución contra víctimas y querellantes de delitos de lesa humanidad”. En ese juzgado se tramitan numerosas causas que investigan delitos de lesa humanidad sucedidos durante la última dictadura, entre ellos, varios casos de apropiación de bebés.