Los chiqueros chinos también huelen mal

No está para nada mal venderle carne de cerdos a la República Popular China. Ése no es el tema en debate.

Lo que se cuestiona, en cambio, es que desde el vamos el megaproyecto habla de montar granjas gigantescas que serán verdaderas fábricas de carne a partir de que si una madre desteta aproximadamente 30 lechones al año, con 12.500 madres se producirán 375.000 cerdos, cifras impactantes y peligrosísimas desde todo punto de vista -–ambiental, económico, sanitario–- y ante la eventual transmisión de virus.

Semejantes volúmenes son un peligro para la producción nacional. Las megafactorías porcinas que auspicia el ya bautizado “Proyecto Solá” (porque su impulsor parece ser el actual Canciller) no garantizan cuidados ambientales serios, lo que ya es tradición y vicio de los grandes emprendimientos empresariales argentinos.

Reconvertir ahora a nuestro país en un exportador masivo de cerdos desde áreas geográficas específicas tiene por único fin achicarles los enormes costos de fletes de camión a un puñado de latifundistas (banqueros, futbolistas, megamillonarios) que siembran maíz en las tierras que siguen desmontando, cada vez más lejos del río exportador que es hoy el Paraná. Eso no es industrializar el campo; es depredar la poca ruralidad que queda.

Y encima es absurdo presentar este “plan” como “inversión china”, cuando el 100 por ciento de los insumos, la genética, la veterinaria, la cría y la faena porcina son y serán argentinos, igual que los mataderos y frigoríficos, todo lo cual se paga y pagará en pesos nacionales.

Además es sabido y está recontraprobado que ningún gobierno provincial es capaz de controles ambientales y sanitarios eficaces y menos lo serán para megaemprendimientos como los que se anuncian. ¿O los descontrolados desmontes, las criminales fumigaciones aéreas y los constantes abusos territoriales no son suficiente prueba de la incapacidad ambientalista de casi todas las provincias argentinas? A ver si ahora van a controlar ecológicamente estos emprendimientos supuestamente chinos, como dicen.

Caben las alertas, entonces, porque ya hay gobernadores que no saben en qué se están metiendo. Siempre fáciles de entusiasmar con proyectos que abrazan sin profundizar y desesperados por inversiones que nunca se concretan al servicio de los pueblos de sus provincias, algunos parece que aún no se dieron cuenta de que lo peor de la Argentina, dictaduras aparte, es la voracidad empresarial de una clase que se pretende a sí misma oligárquica y moderna porque tiene tanto dinero escondido como falta de vergüenza.

El absurdo es evidente, además, porque se trata de un megaproyecto que en todo caso debería impulsar el Ministerio de Agricultura, y no el de Relaciones Exteriores. Y que debiera co-conducir el INTA y no grupos empresariales que ­-–se sabe–- iniciaron el runrún de este proyecto durante el macrismo. Y que son los mismos ultraconcentrados que siempre desestabilizan a los gobiernos populares. Herencia maldita si las hay.

Fascinarse con volúmenes a cualquier precio y de cualquier forma es nada más que otro cuento de hadas neoliberal. Porque los grandes volúmenes importan solamente si detrás de ellos hay productores, hay arraigo y hay trabajo nacional racionalmente programado y dirigido.

En un país latifundizado como es hoy la Argentina, donde provincias enteras son propiedad de puñados de famiias y corporaciones (y si esto parece exagerado vayan y cuenten cuántos son los dueños de toda Salta, por caso), el negocio de los chanchos es, francamente, un cuento chino. Y además, racista y neocolonial, lo primero porque cada factoría necesitará alrededor de 20.000 hectáreas de maíz y soja para abastecerse, produciendo olores insoportables que padecerán los trabajadores y los pobres, no los empresarios en sus mansiones. Y neocolonial porque estas fábricas serán verdaderos enclaves.

Y ojo que las granjas porcinas sí merecen apoyo, y bien podrían ser modelos productivos regionales de fomento y arraigo, pero precisamente para eso hay que protegerlas de la concentración que depreda, desarraiga y empobrece.

Al neoliberalismo le da lo mismo si al maíz lo siembran tres o cuatro empresas o miles de campesinos que vivieron por generaciones en esas tierras. Al neoliberalismo sólo le interesa el volumen, no quién lo produjo. Por eso invisibilizan lo humano y sólo hablan de millones de toneladas, anonimizando a los dueños.

El maíz, como todos los granos, se siembra en la tierra, de modo que la vinculación suelo-dueños es inevitable. Y éste es el punto central del cuento chino: “¿Como se llegó a sembrar semejante cantidad de maíz y soja en zonas tan alejadas de los puertos, donde había montes y selvas vírgenes?” pregunta el experto agrarista Pedro Peretti. Y responde: “Esta situación está íntimamente ligada a los desmontes”.

Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 se desmontaron 4,4 millones de hectáreas y la superficie sembrada en esas provincias aumentó fuertemente. Llevar esos granos a los puertos exportadores es carísimo: millones en camiones, combustibles, accidentes, seguros. Para la lógica neoliberal es mejor que al maíz se lo coman los cerdos y así no se gasta en llevarlo a los puertos. Los dueños de la tierra son los dueños del maíz y no son campesinos. Por eso la razón profunda de estos “proyectos” está en el ahorro de 30 o 40 dólares por tonelada de fletes para las 8.000.000 de toneladas de maíz que se producen en esas nuevas pampas, en las que había bosques naturales con pobladores originarios, y que era uno de los mejores pulmones de la República porque aseguraba aire puro y protección ante las inundaciones. Ése y no otro parece ser el objetivo: solucionarle el problema logístico a un grupo de terratenientes, encajándonos peligrosas megagranjas porcinas.

Por eso la chacra mixta de hasta 200 madres ­-–dice Peretti–- “es más sana, desconcentrada y puede generar arraigo y desarrollo rural amigable con el medio ambiente, e igualmente productivo”.

Es por lo menos inquietante, aunque insoslayable, recordar que el “Proyecto Solá” parece deberse a quien siendo hipermenemista fue Secretario de Agricultura durante el gobierno de Menem y Cavallo, trío responsable de la introducción a la mesa de [email protected] [email protected] [email protected] del glifosato y otros agroquímicos prohibidos en el mundo entero.