Alberto Fernández y el fin de las jubilaciones de privilegio

El presidente Alberto Fernández anunció que incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias dos proyectos de leyes para terminar con las “jubilaciones de privilegio”, según denominó, del Poder Judicial y del cuerpo diplomático. “Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos”, explicó. Fue luego de que la media sanción de la ley de Emergencia en Diputados dejara afuera del esquema de congelamiento a jueces, diplomáticos y funcionarios de alto rango, lo que había comenzado a levantar una ola de repercusiones negativas. Fernández se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Darío Martínez en la Casa Rosada y resolvieron ampliar el período de extraordinarias hasta el 29 de febrero e incluir en el temario estos dos proyectos que se están elaborando.

En funcionario de gobierno analizaba por la tarde que fue un problema resultado de haber trabajado proyecto tan abarcativo en tan poco tiempo, así que no le habían prestado la suficiente atención a un dato tal vez no tan significativo en cuanto a montos pero sí en lo simbólico. La redacción original del artículo 51 de la ley de Solidaridad Social establecía que por 180 días quedaba congelada la fórmula de movilidad jubilatoria, incluyendo a todo régimen general o especial. Los sistemas especiales, además de los jueces y diplomáticos, son los de los docentes, docentes universitarios, científicos, empleados de Luz y Fuerza, miembros de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Los de cargos políticos fue derogado luego de la crisis de 2001 y actualmente sólo alcanza a ex presidentes y ex vicepresidentes. 

Pero durante la sesión hubo sindicalistas docentes y de Luz y Fuerza que se movieron para quedar exceptuados del congelamiento, algo que fue consentido. Y así fue que se colaron los otros, con la idea de que congelar unos sí y otros no derivaría en una presentación masiva de cautelares. Los jueces suelen fallar a favor cuando se trata de defender sus intereses. Un ejemplo claro es que recién quienes ingresaron luego de 2017 comenzaron a pagar impuesto a las Ganancias pese a los altos sueldos que perciben, gracias a una absurda interpretación de un artículo de la Constitución.

Cuando se trató ese artículo en el recinto, hubo una discusión entre oficialismo y oposición acerca de a quiénes se exceptuaría, algo que no terminaba de quedar claro. Una vez que tuvo la media sanción se supo entonces que junto con docentes, científicos y beneficiarios de la “ley Brisa” -hijos e hijas víctimas de femicidios- también habían ingresado en el lote los jueces y los diplomáticos, generando una desigualdad evidente. Se les pedía a jubilados que ganan apenas por encima de la mínima algo de lo que se exceptuaba a quienes reciben montos incomparables.

De acuerdo a un informe elaborado por el CEPA, hay 7.334 jubilados del Poder Judicial que cobran, en promedio, unos 235 mil pesos. Los del servicio diplomático son menos -688 jubilaciones- pero perciben todavía más: 335 mil pesos promedio. “Si bien en cantidad, los beneficios de diplomáticos y jueces resultan poco significativos, en términos de jubilación media se encuentran en valores extraordinariamente altos. En promedio, los diplomáticos cobran 17 veces lo que percibe un jubilado de la mínima, mientras que los jueces reciben 12 veces más que el que los de la mínima. Si, por ejemplo, en lugar de actualizar en marzo con movilidad (11,61 por ciento), estas jubilaciones se incrementaran 5 por ciento, esto significaría un ahorro de más de 1.500 millones de pesos mensuales”, detalló Hernán Letcher, titular del CEPA.

Desde la Casa Rosada primero informaron que el lunes se convocaría a la comisión de especialistas de la que habla el propio artículo 51 de la ley de Emergencia para elaborar el proyecto para modificar estos sistemas especiales de manera que no se toquen derechos adquiridos y generen una ola de juicios. Pero, como las manifestaciones de rechazo crecían, salió Alberto Fernández en Twitter a cortar la discusión adelantando que los proyectos se tratarán en extraordinarias, muy posiblemente en enero. Fernández dio cuenta en la red social de la media sanción de Diputados a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y del cobro de diez mil pesos que recibirán los jubilados que perciben la mínima. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, adelantó en otro tuit. 

Un funcionario que trabajó en la discusión del proyecto se lamentaba por los problemas de comunicación que había tenido. “En un marco de emergencia hicimos una gran transferencia de ingresos de los sectores más ricos a los más pobres, pero terminamos enredados en discusiones sobre otras cosas que se podían haber previsto. En buena medida es fruto del apuro, es una pena”, comentaba. La media sanción, si bien festejada en la Rosada, terminaba con un gusto agridulce.