El macrismo le condonó el ABL al propietario del Bauen

“La relación del macrismo con el grupo Bauen y la empresa Mercoteles no es solamente político ideológica, que dio lugar al veto de Macri a la ley de expropiación en su momento, es un vínculo directo; es la segunda vez en 17 años que les condonan el ABL por más de 10 millones de pesos; ellos aducen que nosotros tenemos el edificio, entonces nosotros tampoco pagaremos hasta que la justicia no falle a nuestro favor”, explica Federido Tonarelli, vicepresidente de la Cooperativa que gestiona el hotel porteño. 

“El gobierno de la Ciudad debería ejecutar esa deuda como hace con cualquiera que no pague el ABL, pero se la perdonan con un proyecto de ley de algún diputado macrista”, agrega. En días de zozobra por una nueva amenaza judicial de desalojo, los trabajadores y trabajadoras del Bauen advierten que ese vínculo es incluso familiar. “El director de la Agencia Gubernamental de Control, Ricardo Pedace, y Susana Espósito, comunera del macrismo en Caballito y apoderada de las empresas del grupo Bauen – Mercoteles, son marido y mujer; esa agencia nos clausura el hotel permanentemente”, subraya Tonarelli. Por eso, el último semestre el emprendimiento tuvo pérdidas.

El abogado de la cooperativa, Ataliva Dinani, explica que “el Estado, que aumenta desmesuradamente las tarifas y no otorga ningún beneficio para este tipo de emprendimiento de autogestión, es el mismo que considera que un empresario que deja en la calle a trabajadores sin pagarles tiene que ser perdonado en su deuda millonaria con la Ciudad”. El letrado resume: “Si el Estado te da un crédito para hacer un hotel que nunca pagás, te permite despedir gente sin pagar y, encima, te perdona las deudas, es fácil ser capitalista”. 

Así, el macrismo, que aún gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, gracias a su mayoría aprobó la condonación de la deuda, propuesta por el legislador del PRO Claudio Romero, quien argumentó que es “impertinente que una persona cuyo inmueble fue usurpado deba encima pagar los impuestos del mismo”, en consonancia con un reciente editorial de La Nación, que afirmó que “más allá de cualquier alegato social, con la ocupación se violentó el derecho de propiedad”. 

Bauen, expropiado

Mientras los integrantes de la cooperativa mantienen las noches de vigilia ante la nueva orden judicial de desalojo, los trabajadores insisten en que la única salida posible para la continuidad del emprendimiento es la estatización, tal como lo establecía la ley que el presidente Mauricio Macri vetó en 2016. 

La iniciativa del diputado Carlos Heller, cuya esencia se mantiene en otro proyecto similar presentado por el diputado Agustín Rossi, aún no tiene dictamen en ninguna de las comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue girado: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos y Presupuesto. 

la premisa de aquella iniciativa consistía en que el inmueble pertenece al Estado y que los ex empleados de la empresa original solo proponían gestionarlo, incorporando inclusive dependencias estatales. Sus salas y pasillos cobijaron durante más de una década actividades artísticas y solidarias promovidas por distintas organizaciones del campo popular.

“Todos apostamos a que después del 10 de diciembre, con la nueva composición del Congreso, podamos acordar que la expropiación vuelva a ser ley. Es la única solución, porque jurídicamente nunca nos van a dar la razón”, agrega Tonarelli.

 “La ley de expropiación no es un capricho. El Estado pagaría la expropiación con los créditos que tiene a su favor, que arrastra desde hace 40 años, que están judicializados, con sentencia de la Corte Suprema y que hay que actualizar constantemente. Esta gente hace 42 años que no paga, no sabemos cómo diablos no los ejecutan”, advierte el vicepresidente de la cooperativa. La ley planteaba que el Estado expropia pero no le regala el edificio a la cooperativa sino que se lo da en comodato y con algunas condiciones, entre ellas que debería ceder varias habitaciones al PAMI y la obligación de organizar una escuela de hotelería y gastronomía. La cooperativa, inclusive, propuso que en el mismo inmueble funcionaran oficinas del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)  y de la IGJ (Inspección General de Justicia).

Todo queda en familia

Los 20 pisos de Callao al 300 están valuados en 30 millones de dólares y pertenecen a Bauen Sacic y Mercoteles SA. En 2001 la primera le “vendió” el inmueble a la segunda, que ahora reclama el edificio pero, curiosamente, el presidente de Mercoteles es el hijo de quien fuera titular del Bauen, Marcelo Iurcovich. El edificio fue construido con créditos otorgados por el ex Banade que, en junio de 2000, tenía una deuda impaga de 85 millones de pesos.

Espósito es abogada, escribana y licenciada en Seguridad, además de comunera de la Comuna 6, y junto con su esposo, Ricardo Raúl Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, conducía un programa en la FM de radio Ciudad. Pedace pasó a encabezar la Agencia de Control Gubernamental de la CABA. En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento de debatía en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”. 

Un año después, PáginaI12 reveló que el mismo grupo Iurcovich, que construyó el Bauen con un crédito del programa de infraestructura para el Mundial de Fútbol de 1978, abandonó el edificio y lo vendió dos veces, a pesar de lo cual ahora insiste en recuperarlo.

En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenecía a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró de 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003. 

El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las sucesivas intendencias democráticas, a través de una telaraña de firmas y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.

Cuando se constituyó Mercoteles, figuraba a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños. “No son casos aislados, entre los deudores del Banade también figuraba Luigi Zanon, empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, recuerda Tonarelli. 

Conflicto interminable

No es la primera vez que la espada de Damocles del desalojo pende sobre los trabajadores y trabajadoras del Bauen. En 2007, 2012, 2014 y 2017 pasaron por situaciones similares, que lograron revertir. 

La orden de desalojo deviene de un reclamo generado por Mercoteles S.A, que en diciembre de 2001 cerró y dejó a todos los trabajadores en la calle y abandonó las instalaciones. En 2003 el hotel fue recuperado por los ex empleados y desde ese entonces es una empresa gestionada por sus trabajadores.

La nueva arremetida contra la cooperativa lleva la firma de la jueza Paula Hualde, y la amenaza no solo contempla a los 100 cooperativistas que trabajan en el hotel sino también a los 70 integrantes de las otras cuatro cooperativas que funcionan en el mismo edificio y que conforman el Espacio Cooperativo BAUEN: las redacciones de La Garganta Poderosa y Revista Cítrica, la cooperativa de artistas El Descubridor y el almacén del Movimiento Popular La Dignidad.

En diciembre 2017 la Cámara de Apelaciones resolvió que debían dejar el edificio a cambio de una indemnización, y del compromiso de la empresa de incorporar solo a 50 trabajadores, que debían ser escogidos por el conjunto de los 150 empleados que se desempeñaban en el emprendimiento. 

La empresa Mercoteles fue inscripta como tal sólo a los efectos de comprar de manera simulada el hotel, y nunca tuvo actividad comercial. La indemnización fue rechazada porque no representaba ni un quinto de lo que se había invertido a partir de la quiebra. el caso llegó a la Corte, que rechazó el recurso de los trabajadores, y devolvió el expediente a quien ahora ordenó un nuevo desalojo. No quedan más instancias judiciales.

Los antiguos propietarios se resisten a declinar su reclamo e insisten con el desalojo de un emblema de resistencia y solidaridad. “En 2005 la Legislatura sancionó una ley de Mario Morando, era para echarnos pero nunca la pudieron implementar, le condonaron el ABL, vetaron el proyecto de Heller, y ahora le volvieron a perdonar el impuesto inmobiliario, y nos ahogan con las clausuras”, denuncia Tonarelli, resumiendo el precario escenario que enfrentan los trabajadores del emprendimiento.