Una masacre en San Pablo pone bajo sospecha a la policía

Desde Río de Janeiro

Nueve jóvenes, con edades entre 14 y 23 años, murieron pisoteados (en la versión inicial) luego de que la Policía Militar de San Pablo invadiera un baile funk en la madrugada del domingo en la favela Paraisópolis, una de las mayores y más pobres de la ciudad. No hay datos oficiales sobre heridos, que superarían el medio centenar.

Entre los nueve una joven de dieciocho años. Siete eran negros.

Hay duda sobre lo que causó la muerte de las víctimas porque se sospecha que algunas resultaron de la violencia directa de los policías.

Cuando ocurrió la irrupción policial, unas cinco mil personas ocupaban la plaza central de la villa y las calles vecinas, en una fiesta que se realiza desde hace nueve años y que es la única diversión a que tienen acceso los moradores. El ‘Baile de las 17’ se hizo famoso, atrae a jóvenes de otras regiones y hasta de municipios vecinos.

La versión oficial afirma que unidades de la Policía Militar realizaban un patrullaje de rutina cuando pasó una moto con dos hombres que hicieron disparos, y luego trataron de escapar mezclándose con la multitud del baile.

Para atrapar a los agresores, la Policía cerró las salidas de la plaza, cercando a los frecuentadores. Nadie corroboró esa versión.

Al contrario: lo que se cuenta es que luego de cerrar la plaza, la policía empezó a disparar balas de goma y a lanzar granadas de efecto moral, provocando que los presentes tratasen de huir por callejuelas y escalinatas que apenas tienen dos metros de ancho.

Hay videos circulando por las redes y que traen imágenes indiscutibles de la brutalidad descontrolada de la policía. Una de las ellas muestra una muchacha de 17 años siendo golpeada ferozmente y recibiendo un botellazo de un policía.

El Consejo de Defensa de la Persona Humana, que integra la Secretaría provincial de Justicia, rechazó la versión de la Policía Militar y clasificó lo que hubo como ‘una masacre’.

En declaraciones formales a la policía civil, encargada de investigar lo ocurrido, policías militares admitieron que, ‘por las circunstancias’, tuvieron que actuar ‘con uso moderado de la fuerza’.

Hay inúmeros registros mostrando que tal ‘uso moderado’ incluyó bastoneadas por doquier, patadas y golpes en el rostro de jóvenes que ya se encontraban en el suelo.

Especialistas en seguridad pública, a su vez, refuerzan la denuncia de que no fue respetado ‘ningún procedimiento’ determinado para acciones semejantes. El abogado Ivan Marques, integrante del Foro Brasileño de Seguridad Pública, ha sido tajante al clasificar la actitud de la policía en Paraisópolis como ‘criminal’.

En un primer momento el gobernador de San Pablo, el derechista João Doria, dijo lamentar las muertes y repitió el viejo estribillo de que ‘habrá rigurosa investigación de los acontecimientos’. Pero aclaró que ‘la política de seguridad pública no va a cambiar’, y que ‘la existencia de un hecho determinado no inhibirá nuestras acciones’.

Doria, a semejanza del también derechista gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, fue elegido en la estela del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro.

Amparadas por la política de seguridad anunciada por Witzel, las fuerzas de seguridad de Rio mataron, entre enero y octubre de este año, más que a lo largo de todo el año pasado. Concretamente, es la policía que más mata en el país.

La inmensa mayoría de las víctimas de la represión indiscriminada son jóvenes y negros pobladores en villas miseria.

Bolsonaro, por su lado, defiende ardorosamente la liberación de posesión y porte de armas para todos los brasileños. También defiende que se cambie la ley para conceder un ‘excedente de ilicitud’ a todo integrante de las fuerzas militares y policiales que significaría, en términos concretos, que el que mate a alguien en una operación represiva no responda por asesinato. Licencia para matar, pues.

Lo que se vio a lo largo del año en Brasil, con destaque para Río, y que tuvo en la acción policial del domingo en San Pablo, deja claro que para las fuerzas de seguridad de esas provincias no será necesario ningún cambio en la legislación: ya se sienten con pleno derecho a matar.