Del Poder Judicial a una verdadera Justicia

Se sabe que los ataques mediáticos y la mala leche son proverbiales en la política argentina, y sobre todo ahora cuando el Gobierno desespera ante lo que parece su final y sus propios desaciertos aceleran su caída. Entonces comprueba que la resistencia pacífica popular, el desempleo y el hambre que han generado se los va a llevar puestos.

En ese contexto, ayer, decenas de trolls, odiadores y periodistas a sueldo gubernamental, y hasta el mismísimo ministro Germán Garavano tergiversaron maliciosamente las ideas expuestas en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N la noche del día mundial de los trabajadores, sobre el Poder Judicial argentino y la necesidad de cambios urgentes y radicales.

Las ideas expresadas en ese programa fueron la síntesis representativa del segundo punto del Ideario de El Manifiesto Argentino, que desde hace años propone “una Reforma Judicial absoluta, tendiente a sustituir el corrompido e incorregible Poder Judicial vigente por un Sistema de Justicia transparente y ágil al Servicio de la Nación”.

Este distorsionado Poder -sostuve y sostienen miles de adherentes al MA en todo el país- es anacrónico, profundamente injusto y hoy, además, y por eso mismo, antidemocrático. Porque responde a concepciones de los Siglos 18 y 19, cuando el liberalismo que encarnaba las ideas progresistas de la época estableció -y bien lo hizo- que el equilibrio de poderes era una necesaria y poderosa garantía constitucional. Así, la Constitución de 1853 estableció el sistema de tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que rige todavía y según el cual este último (el Poder Judicial) debía ser equilibrador y garante de la armonía institucional.

Pero sucede que han pasado 166 años y, sobre todo desde la recuperación democrática y en particular desde el menemismo, ese Poder Judicial ha venido traicionándose a sí mismo como corporación, y al pueblo entero al haberse convertido (con poquísimas y muy honrosas excepciones) en un sistema lento, ineficaz, oneroso, patriarcal, temido, racista, clasista y arbitrario. O sea, injusto por donde se lo mire.

Y el cual, desde la “Corte de los Milagros” menemista en los ’90, pero sobre todo en estos últimos años, se ha convertido en un aparato político que no sólo no equilibra a los otros poderes sino que los somete y atemoriza, pasando a ser así el principal poder político de esta república.

Por eso en el Ideario del MA sostenemos desde hace años que “es urgencia republicana inmediata que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una Nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros, mediante concursos de antecedentes y oposición ante jurados integrados ad-hoc por respetadas personalidades y juristas de todo el mundo”.

A la vez, se toma partido por el sistema de Juicio por Jurados y se plantea que “la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables. La magistratura será sujeto fiscal sin privilegios y pagará impuestos como la ciudadanía toda”. Y se aclara que para esta propuesta “la declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, en particular jueces y fiscales (no a jefes intermedios o empleados)”.

Y en cuanto a “la organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisado por la nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará (…) con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada una nueva Administración de Justicia. La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular”.        

Y preventivamente, al cabo se postula: “La declaración del actual Poder Judicial en comisión, en todo o en parte, carecerá absolutamente de validez si acaso el actual gobierno lo intenta mediante decretos de necesidad y urgencia.”

Es un hecho, para quienes recorremos el territorio nacional, que el debate de buena fe alrededor de estas ideas ya está en marcha, porque obviamente se trata de una propuesta de ruptura de un sistema inmoralizado, ya inaguantable para la ciudadanía. Y que está en manos de una magistratura que salvo muy pocas excepciones (a las que hoy mismo este gobierno procura someter para completar el disciplinamiento judicial) es ya insostenible.

Lo que nosotros proponemos es idea propia y no representa -todavía- a candidatura alguna, ni al kirchnerismo. Pero sí luchamos para que sea uno de los grandes temas -quizás el principal- de debate democrático entre todas las fuerzas que pugnan por vencer, unidas, en los comicios nacionales del próximo Octubre. Y para sean puntal en el camino hacia la Nueva Constitución Nacional que impulsamos.

Por lo visto y a tenor de la gritería generada, no estamos en un camino errado.