Los comités cívicos radicalizan el escenario

Desde La Paz.

Pese a que desde ayer se audita el escrutinio que determinó la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, Bolivia sigue convulsionada. “Nosotros no podemos manipular a toda una organización compuesta por 33 países”, señaló esta mañana el canciller Diego Pary respecto a las intrigas sembradas por la oposición ante el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos para transparentar el proceso electoral y despejar las denuncias de fraude. También pidió que no se estigmatice al gobierno, exponiendo que el clima de conspiración, de crisis institucional e incluso de golpismo explícito ha llegado para quedarse y el día a día resulta poco predecible.

Lo mismo puede decirse de la mentada pacificación social, proclamada por el oficialismo y la oposición, ya que finalmente los enfrentamientos violentos se cobraron las primeras dos vidas -en Montero, Santa Cruz-, elevando la tensión en los reclamos al punto de que en el multitudinario cabildo convocado anoche en la ciudad de La Paz, miles de personas apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al grito de “Evo asesino”. Luego hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía que resguardaba la Casa Grande del Pueblo.

Mario Salvatierra -de 55 años- y Marcelo Terrazas -de 41- murieron el miércoles por la noche en enfrentamientos entre bloqueadores, con quienes colaboraban las víctimas, y desbloqueadores. También hubo seis heridos y, al día siguiente, en el barrio Cofadena de Montero se perpetró la venganza con agresiones a pobladores y destrozos de viviendas. Hay versiones disímiles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabiliza a “hordas fascistas que se hacen llamar Unión Juvenil Cruceñista” -grupo de choque del Comité Cívico conducido por el separatista Luis Fernando Camacho-, los habitantes hablan de infiltrados, y la policía apresó a cuatro sospechosos anoche.

Estos hechos se suman a los ocurridos el martes en Plan Tres Mil, una populosa zona de la ciudad de Santa Cruz donde hubo decenas de personas heridas -uno de ellos, gremialista, de gravedad-, esta vez sí con claro involucramiento de jóvenes cruceños visiblemente armados.

En el plano político, la reticencia de la oposición representada por Carlos Mesa, de avalar el monitoreo del escrutinio que se realiza con especialistas de la OEA, más la consolidación de los radicalizados comités cívicos como parte de la pulseada para anular todo el proceso electoral y promover la destitución del presidente Morales, desgastan a un gobierno que durante los últimos días ha buscado bajar el tono de la confrontación.

En el cabildo de La Paz cobraron fuerza las dos nuevas consignas: “Anulación de las elecciones” y “Ni Evo ni Mesa”. Ambas ponen en aprietos al gobierno y al MAS, pero también generan interrogantes hacia las filas de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato sería el único beneficiario si se realizase una segunda vuelta o se impugnase la primera, en caso de que se constate fraude según se determine a partir de las conclusiones de la OEA, cuyo plazo es perentorio en el contexto: de diez a doce días contando desde ayer.

La incitación de los cívicos a radicalizar posiciones frente a la eventual salida institucional que derivaría de la auditoría, llamamiento asentado sobre la intransigencia de clases medias y altas acerca de que hubo fraude, ahora mediante el pedido de que se anule la votación y se descabece a Morales, es una baza ya lanzada por los sectores que más apostaron por desestabilizar. Esto plantea, como tercer elemento cuyas reacciones son más difíciles de calcular que en el tira y afloje político, otro desafío a las dos principales fuerzas electorales.

Para Mesa significa, entre sus propios devaneos y errores, que el civismo le ha quitado protagonismo y que su propio accionar depende de la mayor polarización que están manejando los emergentes comités departamentales. La nueva consigna de las marchas urbanas se lo enrostra y lo corre por derecha.

Para el gobierno y el MAS implica la constatación de que el escenario de estabilidad institucional que existía hasta el 20 de octubre, y su propio destino como proceso de cambio, ha sido modificado diametralmente. Sí, como afirman el propio Morales y los principales cuadros de su gabinete, hay un golpe de Estado en marcha, sus piezas parecen ir ensamblándose de a poco. Y si, como también explicitan varios dirigentes, la auditoría puede darle un respiro a la convulsión, independientemente de cuáles sean sus resultados, la tregua sólo durará hasta entonces.