Caso D'Alessio: El armado de causas contra el propio Ramos Padilla

En una contundente resolución firmada este jueves, el juez de Dolores se negó a tomar el expediente que había sido enviado por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Se trata de la causa basada en anónimos y cuyo denunciante es justamente el fiscal en rebeldía Carlos Stornelli, quien alega que la investigación por el espionaje ilegal está armada por un supuesto complot de los “presos K”, para voltear la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Alejo Ramos Padilla deja entrever que las dos causas que hoy se instruyen en Comodoro Py, con pruebas anónimas y escuchas telefónicas que deberían haber sido destruidas, fueron armadas para entorpecer la investigación de la mega red de espías ilegales.

Di Lello y Rodríguez entendían que la denuncia de Stornelli debía pasar a Ramos Padilla porque los hechos “podrían hallarse vinculados con los sucesos que actualmente están siendo investigados ante el Juzgado Federal de Dolores”. Sin embargo, de manera categórica, Ramos Padilla rechazó el expediente.

El argumento central es que se trata de una causa que se basa en anónimos, cuando justamente esa era la operatoria de la banda de espionaje ilegal que él investiga. En su escrito, el magistrado señala que la causa se inicia en base a información que llega “en forma anónima” en un sobre cerrado que “fue hallado debajo de la puerta” de la Fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, quien se encuentra imputado en la causa que tramita ante este Juzgado. El contenido de aquel “sobre anónimo” da cuenta de conversaciones y escuchas vinculadas a una supuesta “conspiración” y al mismo tiempo expone su ignorancia respecto de cuestiones que una sencilla y rápida búsqueda en internet podía resolver”. En tanto, en esos anónimos también acusan al propio Ramos Padilla de formar parte del presunto complot, por lo que el juez entiende que no le corresponde investigar.

Además de la causa que instruye Rodríguez originada por la ofensiva de Stornelli, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic y la Diputada de Cambiemos Paula Oliveto presentaron también en Comodoro Py y casi en simultáneo una denuncia similar por el presunto complot. Ese expediente también está basado en “anónimos” y transcripciones de escuchas telefónicas y quedó radicado en el juzgado de Claudio Bonadio. Luego, esa denuncia fue ampliada y se sumó Elisa Carrió.

Los denunciados son Cristina Kirchner, el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, los detenidos y procesados Marcelo D´Alessio, Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi y el propio Alejo Ramos Padilla. Según consta en la presentación de las dirigentes macristas, el juez federal de Dolores “habría actuado en evidente incompetencia, a efectos de obtener nulidades en las causa de corrupción más emblemáticas como las conocidas como causa de los cuadernos o la causa de los contenedores, desacreditando a aquellos que se acogieron a la figura del arrepentido o pretendiendo cambiar su testimonio”. Lo que señala el juez de Dolores es que los dos expedientes fueron originados por carpetazos que llegaron de manera anónima por debajo de una puerta (casualmente la del despacho de Stornelli) y por escuchas ilegales que deberían haber sido destruidas. Y cuyas denunciantes podrían estar involucradas con la banda que él investiga y que, precisamente operaba de esa manera: armando falsas denuncias y carpetazos y espiando a las víctimas con asistencia de los servicios de inteligencia.

Además, Ramos Padilla alerta sin rodeos sobre la posibilidad de estar ante un claro caso de forum shopping: “Podría tratarse de una denuncia repetida, o incluso una maniobra de lo que se conoce como forum shopping, dada su presentación casi simultánea, a partir de anónimos, el mismo día en distintas oficinas del mismo edificio de Comodoro Py 2002”.

Escuchas

En su resolución el juez Ramos Padilla recuerda que las escuchas en las que se basaron las dos denuncias en los tribunales de Retiro son ilegales y deberían haberse destruido. Señala que el Juzgado Federal de Lomas de Zamora “ordenó oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas, pues su producido, extraño al alcance dado a las intervenciones y ajeno al objeto procesal planteado en la causa, de ningún modo constituía base probatoria…” En esas conversaciones telefónicas, había diálogos de algunos presos como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi que, además, no probaban nada respecto del supuesto complot. Esas escuchas dentro del penal de Ezeiza habían sido ordenadas por el juez federal Federico Villena, como parte de una causa de narcotráfico que tiene a Mario Segovia entre los imputados. Las intervenciones no sólo se realizaron en el pabellón donde Segovia está detenido, sino en otros como el módulo 6, donde están los presos por causas de corrupción. Lo cierto es esas conversaciones deberían haber sido destruidas, pero alguien las entregó a las dirigentes de Cambiemos, quienes las usaron para intentar desbaratar la causa que investiga Ramos Padilla.

Una investigación de la investigación

El juez concluye de manera categórica que podría existir vinculación entre los anónimos, las escuchas y las denunciantes de las dos causas presentadas en Comodoro Py y la causa en trámite en Dolores “donde se investiga una organización criminal que, en efecto, se dedicaba al espionaje ilegal en los ámbitos político y judicial y utilizaba métodos como los descritos. Sin embargo, debido a que, precisamente, la denuncia anónima que quedó radicada ante vuestro Juzgado (el de Rodríguez) podría tratarse de una maniobra dirigida a conformar una “investigación de la investigación” que lleva adelante este Tribunal a mi cargo -al punto tal de que el suscripto es uno de los denunciados- resulta imposible que acepte la competencia atribuida, ya que no corresponde que sea este Juez quien dilucide tal cuestión”.