La fiscal federal Gabriela Baigún y la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 6 que revea la prueba de cara al juicio por el intento de asesinato de la ex presidenta, ocurrido el pasado primero de septiembre de 2022. La solicitud es para que se haga un mega-entrecruzamiento telefónico entre los dispositivos de los tres detenidos por el frustrado atentado –Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo– con aquellos del episodio que involucra al entonces diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, quien habría sabido del hecho días antes de que sucediera, y con los integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, por las amenazas a la ex presidenta y a otros funcionarios volcadas en redes sociales. Los tres expedientes tramitan por separado, pese a los reiterados reclamos de los abogados de la ex presidenta para que se investigasen juntos.
Baigún interpuso ayer un recurso de reposición luego de que el TOF que integran Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer le negara el viernes último una serie de pruebas en el marco de la instrucción suplementaria de la causa, con el argumento de que se investigan en otro expediente. La fiscal advirtió en su escrito que las medidas solicitadas no apuntan a individualizar a otros posibles responsables ni a sanear las falencias de la instrucción sino “única y exclusivamente, a determinar con precisión las responsabilidades” de los tres acusados. Recordó que se logró acreditar la conexión de Uliarte con Revolución Federal, a pesar de lo cual ni la jueza María Eugenia Capuchetti ni la Cámara Federal aceptaron que las causas tramitaran conjuntamente. La propia Uliarte sugirió la posible vinculación de Sabag con la agrupación de las guillotinas y con Milman al afirmar que su ex pareja era incapaz de hacer “todo esto” solo y que claramente hubo gente detrás.
La fiscal pidió puntualmente que se le encomiende a la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) la realización de “un estudio de geolocalización tendiente a determinar si hubo coincidencia temporal y espacial entre los imputados” y la banda de Revolución Federal, en particular con Jonathan Morel, Gastón Ezequiel Guerra, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Brenda Lara Ortega y Dalila Monti, entre los meses de mayo y septiembre de 2022, con “especial énfasis” en algunas fechas puntuales.
Solicitó también un entrecruzamiento de los acusados con los abonados correspondientes a Ximena de Tezanos Pinto (la vecina de CFK en el edificio de calle Juncal) y Delfina Wagner entre el 1º de julio y el 15 de septiembre de 2022, especificando “la existencia de interlocutores en común y de coincidencia temporal y espacial”. Por otro lado, a partir de los peritajes realizados sobre los celulares secuestrados tanto a Sabag, Uliarte y Carrizo como a los miembros de Revolución Federal, pidió que se establezca “la existencia de abonados telefónicos en común, ya sea en la agenda de contactos o en grupos de aplicaciones de mensajería o de redes sociales”.
En los casos de Milman y sus presuntas asesoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, dado que el informe que realizó la DAJUDECO se limitó a las comunicaciones directas con los imputados entre el 1º de agosto y el 2 de septiembre de 2022, la fiscal solicitó que el examen “abarque los abonados puente o interlocutores en común”, que se extienda el período de análisis hasta el 1º de julio y el 15 de septiembre, que “se verifique la existencia de coincidencias de geolocalización” en todo ese lapso y se incluya la línea de Martín Uliarte.
Baigún solicitó también que la Cámara de Diputados informe la nómina completa de asesores de Milman al tiempo del atentado, los choferes asignados (en particular quien prestó funciones el 10 de noviembre de 2022, cuando se produjo el borrado del celular de Bohdziewicz en las oficinas de un sello a nombre de Patricia Bullrich), los modelos y colores de los autos de la cámara.
La fiscal remarcó “la inusitada gravedad institucional” que reviste el caso, pues se intentó asesinar a la Vicepresidenta en ejercicio “con la afectación que podría haber implicado para el sistema democrático”. “No puede, entonces, restringirse la producción de prueba conducente, limitando el objeto del juicio y desatendiendo al contexto en que se ejecutó el hecho y a la visión global con que debe llevarse a cabo su juzgamiento”, enfatizó.
También los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron un recurso de reposición en el mismo sentido. Explicaron que el TOF debe proveer las pruebas solicitadas no para “determinar la responsabilidad penal de las terceras personas involucradas en carácter de partícipes o autores intelectuales”, sino para “poder individualizar la pena que le cabe a los autores materiales que enfrentarán el juicio oral”. Argumentaron que si los motivos por los que actuaran surgieran durante la instrucción entonces “ya no podrían ser juzgados nuevamente” y por ende recibirían “una pena injusta”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/720720-buscan-entrecruzar-el-telefono-de-gerardo-milman-con-el-de-s
