50 mil millones de pesos para la urbanización de los barrios populares

La urbanización de los barrios populares dispondrá este año de 50 mil millones de pesos para financiar sus obras con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. La cifra es el triple de lo que el programa preveía tener para el 2021. “Con estos ingresos, estamos seguros de poder urbanizar 400 barrios durante este año, y tal vez llegar a más”, aseguró la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, a PáginaI12. Hasta ahora se habían comenzado trabajos en unas cien villas y asentamientos; la falta de recursos era una de las limitaciones –aunque no la única– que condicionaban el avance del programa. La disponibilidad de estos recursos tiene que ver con que un 15 por ciento del impuesto a las grandes fortunas fue destinado, por ley, al FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), un presupuesto específico para estas obras.

El incremento fue resaltado por Miño al final de una semana en la que las organizaciones sociales criticaron al Gobierno por la falta de impulso a las políticas de generación de empleo. Ante el agravamiento de la crisis económica por la segunda ola de covid, los movimientos  están planteando que el Estado no puede limitarse a ampliar políticas asistenciales como la Tarjeta Alimentar, sino que debe incluir cambios en el modelo económico. El impulso a los planes de vivienda es parte de la agenda demandada.

La urbanización de los barrios populares está planteada como un programa de menor tamaño que el Potenciar Trabajo, pero su importancia deriva de otros aspectos. Uno de ellos es su posibilidad cierta y probada de generar trabajo en el corto plazo y  entre los argentinos más afectados por la exclusión laboral, ya que la construcción –y en especial las obras que pueden realizarse sin grandes maquinarias– emplean mano de obra intensiva. Otro aspecto del programa es que fue diseñado por los movimientos sociales, que pusieron una cláusula para que un 25 por ciento de los trabajos sean realizados por cooperativas o cuadrillas de la economía popular.

Así, garantizan que parte de los recursos que salen del Estado queden y circulen en los barrios. Para ilustrarlo con un ejemplo actual de su implementación: en estos días, la cooperativa Construir Trabajo, del MTE, coloca tanques de agua y hace veredas en un barrio de La Matanza. Compra la ropa de trabajo a otras cooperativas textiles, encarga la comida diaria a vecinos del lugar donde hacen la obra, y el transporte a una empresa familiar. Si en la obra generan un excedente (por terminarla antes de lo pautado, por ejemplo), la ganancia se reparte entre los trabajadores. La formación de la cooperativa ha ayudado a sus integrantes a tener mayor continuidad laboral, y su experiencia acumulada a resolver mejor su posición en el mercado laboral. 

Un tercer aspecto relevante del programa es su potencial para instalarse como política de Estado, en el sentido de convertirse en un mecanismo permanente, que ayude a dar cumplimiento al derecho a una vivienda digna.

La urbanización, con todo, no sólo estuvo frenada sólo por dificultades de presupuesto: en 2020 permaneció inactiva por falta de gestión política, lo que terminó en la renuncia de María Eugenia Bielsa al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en noviembre pasado. El programa fue entonces traspasado al ministerio de Desarrollo Social, a cargo  de Daniel Arroyo. En esa cartera se constituyó el Fondo para su financiamiento, al que es derivado el 9 por ciento del impuesto a la compra de dólares para el ahorro -el llamado dolar PAIS-. A esto se agragó ahora el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.

En la Secretaría aseguran que este momento se están haciendo obras en cien barrios de todo el país.  Si se consulta a referentes de los movimientos populares, su impresión es que el programa no llegó todavía a tanto, porque parte de las obras tuvieron retrasos o interrupciones. Sin embargo, Miño aclaró que el programa “tiene tres líneas de ejecución: las gobernaciones, los municipios y las organizaciones”, es decir que por los movimientos sólo pasan una parte de los proyectos. Contó también que  las obras que se están haciendo son en su mayoría para llevar el agua potable al interior de las viviendas. “Las veredas son también muy pedidas, algo que los vecinos quieren que se haga antes que nada”. Luego hay proyectos centrados en la red eléctrica, creación de espacios comunes para el deporte y  “una gran diversidad de trabajos, que dependen de la situación concreta de cada lugar”.

En el corto plazo, la secretaria dijo que se sumarán “unos cincuenta proyectos que  tienen su aprobación prácticamente lista, y que se van a empezar a hacer entre este mes y el que viene. Para mediados de año queremos llegar a los 200 barrios. El objetivo que nos encomendó el ministro es llegar a los 400 anuales”.

“Ninguno de los proyectos que recibimos es de ejecución inmediata porque cada obra necesita de su planificación, no se puede poner un caño en cualquier lado, hay estudios previos necesarios. Pero la Secretaría tiene un equipo de doscientas personas, con arquitectos, agrimensores y técnicos. Los tiempos hoy no son tan largos: desde que un proyecto es aprobado hasta que puede empezar a hacerse, con los materiales en la puerta de la obra, no pasa más de un mes y medio”.

La comparación con el 2019 sirve para medir el paso dado en lo presupuestario.  Durante el primer año de gobierno del Frente de Todos, la Secretaría de Integración Socio Urbana ejecutó apenas cien millones de pesos en obras. En los primeros cuatro meses de 2021 el presupuesto utilizado pasó a 4.300 millones. Esperaban contar para todo este año con un presupuesto de 15 mil millones, es decir  tres veces menor del disponible con el Aporte de las Grandes Fortunas.